Ruedas de molino – Luis Acebal

Curioso el mes de julio: la semana pasada los vecinos franceses han celebrado su fiesta nacional del 14 juillet. Ha sido el 222 aniversario de la toma de La Bastilla por el pueblo. Nicolás Sarkozy ha presidido el gran desfile y 9 cazarreactores trazaron sobre el cielo de París las franjas tricolores de la bandera.

Cuando sucedía aquella revolución no había justicia internacional. Ninguna instancia superior a un Estado podía juzgar crímenes cometidos allí. Fueron los propios ciudadanos quienes reivindicaron los ausentes derechos de la ciudadanía, y condenaron a los tiranos, no sin antes intentar entenderse. El Rey Luis XVI llegó a jurar la Constitución, juramento que el pueblo iba repitiendo frase a frase en el día del primer aniversario, 14 de julio de 1790, que inauguraba la fiesta nacional luego repetida hasta hoy.

Pero el Rey violó después su juramento, intentando huir y recabar apoyo extranjero para una guerra de reconquista que le devolviera el poder absoluto y matase la joven democracia. Le cazaron por el camino y, detenido con toda su comitiva, fue juzgado y ejecutado en enero de 1793.

La que condenó al tirano impune fue, pues, una justicia nacional, incubada durante siglos de absolutismo.

No había justicia internacional.

Damos un salto en el tiempo y llegamos al 18 de julio de 1936. Otro aniversario, aún festivo para algunos.

Guerra civil española (AP)

España había conquistado la democracia en 1931. Fue entonces, también un 14, pero de abril, cuando el Gobierno republicano había saludado desde el balcón de la Puerta del Sol. Aquel “Gobierno Provisional” era la concentración de un amplio abanico que reivindicaba los derechos del pueblo, desde la “derecha civilizada” (Miguel Maura lo ha contado) hasta la izquierda radical. El Rey en este caso había huido sin haber jurado nada; se había autoexilado no pudiendo asumir, desde la dictadura de Primo de Rivera, el panorama constitucional que se veía venir.

Y el 18 de julio viene la insurrección militar y falangista, confundida a fondo con  la religión. Tras la guerra más cruel, un largo recorrido de represión. El dictador totalmente impune desde el asesinato de Balmes, firma miles de penas de muerte en un terrible rosario que dura hasta las ejecuciones de septiembre, y también hasta octubre de 1975, cuando un vergonzoso tratado entrega a los

saharauis, que llevaban en el bolsillo el DNI de ciudadanos de España. Muchos miles de españoles sufren la represión durante esos largos 39 años, mientras otros muchos se dejan narcotizar en el crecimiento económico, olvidados de la libertad. Entonces se vivía bien: algo así dijo un día Jaime Mayor.

Tampoco había justicia internacional. Y la nacional estaba manipulada.

El 17 de julio, entre el 14 y el 18, hemos celebrado el DÍA DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL.

Ahora ya hay Justicia Internacional. Criatura recién parida.

Llega muy tarde, pero está llegando. 116 Estados ya han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional  (el “Estatuto de Roma”, adoptado el 17 de julio de 1998). El último: Túnez, a fines del pasado junio. La de Túnez es una novedad significativa, síntoma de un principio entre estados árabes y del Mediterráneo Sir, hasta ahora ausentes.

Otros 23 países han firmado el Estatuto, pero aún no se animaron a ratificarlo. El hecho es que crímenes contra la humanidad cometidos por gobernantes impunes comienzan a ser perseguidos, a pesar de la escasez de medios con que cuenta este Tribunal y a pesar del boicot a que lo han sometido los Estados Unidos de América, desde que el Sr. Bush (junior) anuló la firma que había estampado sobre el Estatuto el Presidente Clinton en los últimos días de su mandato.

Pero a pesar de los pocos medios y del boicot, la Corte Penal Internacional (CPI) ya va adelantando sus primeros pasos. Ya ha pasado por sus prisiones más de un criminal impune, el último: Mladic. Otros están procesados, dictadas ya las debidas órdenes de busca y captura internacional.

La CPI solo actúa cuando los correspondientes Estados no quieren o no pueden actuar contra estos crímenes gravísimos, que por ofender al género humano en cuanto tal se denominan “crímenes internacionales”.

La Corte no está sola. Desde la misma primera etapa de negociación del Estatuto su lanzamiento vino y viene apoyado por una “Coalición de ONG por la Corte penal Internacional”. A esa activa Coalición pertenecemos bastantes millones de miembros de las ONG que la componen, desde la mayoría de los países. En Iberoamérica solo faltan por ratificar Guatemala, Nicaragua y El Salvador, una vez conseguida hace un par de años la adhesión de Chile. La Coalición se fija “países objetivo” de sus campañas para conseguir más respaldo internacional para la Corte, y los tres citados estados centroamericanos serán nuestro objetivo durante el próximo mes de septiembre. Respecto de los tres mencionados algunos estamos implicados en querellas de jurisdicción universal, desde la Audiencia Nacional española, sobre crímenes cometidos en Guatemala y El Salvador. En 2008 diversas ONG internacionales y países de toda América Latina firmaron una declaración en Guatemala presionando en la debida dirección.

La existencia de la CPI se armoniza y converge con el desarrollo de la Jurisdicción Universal sobre crímenes internacionales, ejercida desde tribunales nacionales. Lo que a mediados del siglo pasado comenzó en Núrenberg y Tokio, a finales del mismo siglo ha vivido un acelerón, iniciado con el caso Pinochet. Se trata de un instrumento concurrente con la CPI en una empresa de justicia donde todo esfuerzo es pequeño. Además, la jurisdicción de la CPI sólo se extiende sobre delitos cometidos a partir de julio de 2002, cuando el Estatuto de Roma entró en vigor.

Con la creación de las Naciones Unidas en 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y el resto de tratados internacionales que han constituido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el S. XX ha podido ser considerado como “el siglo de los derechos humanos”, en el que han surgido los primeros ímpetus para la globalización del género humano en la perspectiva no financiera sino sencillamente humana, libre y solidaria, en toda su profundidad.

Parece claro que, en medio de tantos seísmos y tsunamis de las finanzas, frente al totalitarismo de “los mercados”, el siglo XXI está llamado a merecer el título de “siglo de la justicia internacional”. Hay tela cortada.

Y situándonos en nuestro más reducido patio europeo, en cualquier mes de julio, quienes pensemos en aniversarios los días 14 y 18 deberíamos entre ambos, el 17, tener presente este nuevo hito, el más  abierto al futuro: el Día de la Justicia Universal. Un aspecto más de lo que podrá ser un día la democracia real para todos los seres humanos iguales y sin discriminación.


Han sido largos años de tragadera francesa con la dictadura tunecina. Lo veían hasta los yankees, generalmente poco diestros para entender a otros pueblos.

Últimamente se han multiplicado y concretado las informaciones en el mismo sentido: Wikileaks permitió saber cómo era comidilla en los medios diplomáticos que el Embajador de Francia en Túnez parecía de hecho ser más bien el embajador de Ben Ali ante Sarkozy…

La Embajada Estadounidense informaba de posibles corrupciones individuales (por cierto no confirmadas) en esta sí evidente condescendencia cómplice de sus colegas franceses con la dictadura y la caza del 50% sobre lo que se mueve.
Más políticos e institucionales han sido ya hechos como que la casi recién nombrada Ministra francesa de Exteriores Michèlle Alliot-Marie (alias MAM) había ponderado cuánta ayuda podría Francia aportar a Túnez en materia de gestión de la seguridad interna, y todavía un poco más tarde, ya con gritos en las calles tunecinas, se les exportaba de urgencia una partida de material anti-disturbios.

Esto en paladino se llama meter “la pata hasta el corvejón”. Y como el Presidente de la República Francesa es un inmigrante rico y nada tonto, de pronto se huele la tostada y hace dos cosas. Una, cuando Ben Ali ya viene volando a refugiarse en su Francia amiga, le hace decir que aquí no te asomes (cerrado por reformas o algo así).

Y otra, como ya toda Francia está criticando cómo se ha comportado su Gobierno, el Presidente suelta el pretexto de que la potencia ex-colonial tuvo que ser muy discreta y respetuosa de la independencia tunecina, para que nadie pueda acusarla de injerencia en una ex-colonia. ¿Más injerencia que estar dejando que se machaque a toda la población, cooperando durante lustros con el dictador?

Eso, un enorme patinazo de la gran potencia de la Democracia y los Derechos Humanos. La potencia hoy tan mal vista por un pueblo que ha derrocado al opresor.

En fin, no vale la pena abundar más en esto; las críticas a la obtusa política exterior de Francia con países de su “área de influencia”, como es el caso de Túnez (y lo que venga) están en la mente de todos y no resultan novedosas.

Lo que, en cambio, resulta asombroso es que los españoles no nos apliquemos el cuento y a nadie se le ocurra traer a la mente el caso de nuestra querida Guinea Ecuatorial.

Están frescas las huellas de Moratinos y Fraga cogidos de la mano visitando a Teodoro Obiang. Era julio de 2009 (creo que no se quedaron hasta el 18) y tras algunos lógicos remolinos provocados por algunos asombrados se cruzaron los discursos. Tomo unas líneas del pasmado relato del diario PÚBLICO, 11-07-09, que nos pueden ambientar:

“Moratinos precisó en su discurso ante Obiang que la España de hoy <>, y subrayó su potencial económico y su papel de vanguardia en la defensa de los derechos humanos en el mundo”.
Podría entenderse que nuestro Ministro no consideraba entonces a Guinea Ecuatorial como parte de ese mundo donde España defiende los derechos humanos, porque lo que es allí….

Nuestros dos políticos exhibían entonces un raro consenso, tan difícil de conseguir en cualquier otra cuestión de política interna, y se convertían en una “ridícula y terrible pareja artística”, por citar la expresión de un destacado líder de la oposición guineana en el exilio.

Es cierto, se juntaba allí por una parte la creativa y singular “marca España” en materia de descolonización, desarrollada en el tercer cuarto del siglo XX, por el sencillo método del “ahí te quedas” llegado a su apogeo en el “tratado” de Madrid de 1975. Y por otra parte el coqueteo bonachón con “lo que haya”, desarrollado por los los gobiernos de la ex-Metrópoli a imitación de otras potencias tolerantes con los saqueos de la oligarquía local.

Uno se pasa la vida diciendo que no se puede estar poniendo los intereses (las “áreas de influencia” del uno, y la “ambición económica y totalitaria” del otro) por delante del carro de los derechos. Y te llaman de todo, desde buenista idiota hasta marciano estúpido, porque no comprendes bien la necesaria e inexcusable Realpolitik. Hace poco alguien me contaba que, a juicio de algún responsable diplomático, en Guinea era “inoportuno e inútil hablar de democracia”. No se daba condición alguna para ello. Habría que dejarlo ir y esperar.

La verdad es que Francia ha esperado bastante en Túnez, sin que le haya servido de mucho, y España en Guinea no se queda corta.

Puestos a medir esta clase de espera, hace muy poco ha caído casualmente en mi monitor un artículo (“Tribuna”, de El País, con la firma de Juan María Bandrés), del que cito un par de fragmentos:

“Los asuntos que atañen a esta pequeña república africana, sobre la que España acumula varias responsabilidades (histórica, cultural, política), parecen ser lamentablemente objeto de mucha menos atención que la que podría argumentarse [...]. Buena parte de la responsabilidad reside en la historia de actitudes vacilantes e inhibitorias que los sucesivos Gobiernos españoles han ido acumulando. Sin embargo, la oposición democrática de Guinea, al igual que la mayoría del pueblo, tiene precisamente como principal punto de referencia a la democracia española.”

“No parece exagerado pedir una actitud enérgica del Gobierno español frente al Gobierno guineano, dando a conocer públicamente la exigencia de las garantías democráticas, y una posición decidida y pública que busque la coordinación de las acciones de la comunidad internacional para intentar su cumplimiento y la realización de unas elecciones verdaderamente libres y democráticas. A la vez, debe considerarse un deber inexcusable la solidaridad moral y material con una oposición democrática que lucha en condiciones verdaderamente duras y difíciles y representa el futuro democrático de Guinea Ecuatorial.”

Esta “Tribuna” publicada el 31 de julio de ¡1993! además de la firma de Bandrés, personalidad importante y quizá desconocida por muchos lectores más jóvenes, venía suscrita por otras personas, varias de las cuales ocupan y/o han ocupado en España puestos de notable responsabilidad diplomática, políica, económica, social. Eran Javier Rupérez, Julio Segura, Josune Aguinaga, Carlos Alonso Andión, Adolfo Fernández Marugán, Miguel Mac Veigh, Jordi Jaumandreu, Fernando Oliván, Jaime Pastor y Marisa Urquijo, miembros todos ellos de la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial.

Ya ven ustedes: en 1993 este montaje totalitario ya estaba bien asentado cuando estos honestos ciudadanos denunciaban las vacilaciones e inhibiciones de “los sucesivos Gobiernos españoles”.

En efecto, ya hacía 14 años que en agosto de 1979, meses después de nuestra Constitución democrática, Teodoro Obiang había entrado en la historia como un toro que sale del toril, dando un golpe de estado y estrenando sus maneras con la ejecución mortal de su predecesor.

Ante esto Ben Ali, mayor que Obiang, resulta casi tímido. No da su golpe de estado hasta 1987 y a Bourguiba no lo mata: solo lo encierra hasta que fallece tres años después.

En fin, ninguna disculpa para ninguno de los dos. En cuanto a España, con 32 años de vacilaciones e inhibiciones… mucha Realpolitik parece. ¿Con qué resultados? ¿Qué estúpida cara pondrá España si un día, sin comerlo ni beberlo ella, el pueblo guineano se revuelve hacia la justicia y la democracia y depone al dictador?

Desde que leímos a Pedro Laín Entralgo sabemos que no es justo confundir sin más la espera con la esperanza. No, hay esperas que conducen a otros a la desesperación.


Comentando los comentarios, para debate

Agradezco su interés a Chus, Forza4, Aneke, Luis, Álvaro y Juanita. Leo vuestros comentarios a mi último post y necesito, para empezar, aclarar aspectos de lo dicho por mí, probablemente no tan bien expresado como debiera.

1. Cultura y política. Comprendo el nacionalismo (que acepto, aunque en general no me gusta) como el que se centra en elementos culturales (lengua, historia, costumbres, de esto habla Forza4). Estos pueden ser compartidos sin conflicto alguno con otros elementos culturales. Era el ejemplo de Judith (antes de enloquecerse como vegetariana), que yo fraguaba a partir de una observación de Amartya Sen.

En cambio he criticado al que llamaba “nacionalismo radical”, el que pretende que la identidad cultural tiene que abrigarse en una identidad política de poder soberano. Esta ambición política es la que a menudo se carga de pretensiones expansionistas, “imperiales”, es decir, de dominio sobre otros pueblos y territorios a los que desea someter privándoles de toda otra identidad que no sea la propia y UNICA identidad nacional. Considero y he explicado que esto es del género paranoico: algo enfermizo que empobrece y a degrada la propia identidad de quien lo profesa, además del daño de querer destruir identidades ajenas.

2. Mi objetivo básico era, pues, mostrar que el nacionalismo imperial-españolista es algo perverso y dañino, y denunciar el hecho de que sea corriente reconocer como nacionalismos a los periféricos más o menos independentistas y en cambio el imperial-españolista no sea sentido como tal nacionalismo, cuando lo es, y de los peores. Esta es una trampa en la que sociológicamente estamos cayendo la mayoría de los españoles.

3. Nuestros “nacionalismos periféricos” no están libres de aspectos imperiales, y pueden tener pretensiones paranoicas cuando contemplamos las perspectivas de sus radicales. Las encuestas dicen que no hay mayoría absoluta de independentistas y/o de quienes se reconocen como “solo” vascos o catalanes en los respectivos territorios. Pero sí que en ellos hay importantes minorías de nacionalismo radical, y de orientación imperialista sobre otros territorios.

Estos reductos minoritarios insisten en reivindicar poder sobre “els països catalans”, cuyos defensores a ultranza incluyen la actual Catalunya, más otros territorios de España: País Valencià íntegro (incluido Ademús),  partes del actual Aragón (Ribagorça, Llitera), Illes Balears y Pitiüses, junto con el Principado de Andorra, territorios actualmente franceses (Alta Cerdanya, Capcir, Complent, Fenolleda, Rosselló, Vallespir), y por fin un bocado de territorio italiano en Sardenya (l’Alguer).

En el otro ámbito aparece toda la amplitud de Euskal Herría con sus 7 territorios: Bizkaia, Guipuzkoa, Araba y Nafarroa Garaia (estos en la actual España) y Lapurdi. Nafarroa Beherea y Zuberoa en lo que de momento es Francia. Sobre la reivindicación identitaria y más o menos excluyente de tres, o cuatro, o los siete se debaten las dos conocidas almas del PNV.

Es cierto, pues, que estos ejemplos permiten ver que hay sectores de nacionalismos periféricos que comparten la perspectiva imperial, y lo es también que las campañas para convencer de esta “necesidad” identitaria llegan a prender hasta en capas importantes de la población inmigrante de origen español, que desde luego no compartían las identidades catalana o vasca, no digo en los siglos VIII a XIII, porque no estaban allí, sino ni siquiera en la primera mitad del XX, que tampoco estaban.

Hay, pues, elementos “imperiales” en los nacionalismos periféricos. Pero su viabilidad política práctica es escasa. Funcionan más bien como legitimadores “históricos” de reivindicaciones políticas, sea autonómicas o independentistas, frente al Estado español. Esas pretensiones de expansión imperial-nacionalista catalana en la Occitania mediterránea, o vasca en Aquitania, lo que permiten es llenarse las boca retórica para reinvertirla a favor de la batalla “soberanista” o al menos autonomista en nuestro debilitado Estado Autonómico, casi federal.

En los aspectos “imperiales” de los nacionalismos “periféricos” me he detenido obviamente sobre Cataluña y Euskadi. En los nacionalismos gallego y canario no se detectan ambiciones expansionistas ni imperiales, sino pura reivindicación de reconocimiento de la identidad propia, que puede llegar al planteamiento independentista, aunque sin embarcar a otros en aventura política alguna. No es Galicia quien busca dominar en Portugal, ni viceversa.

4. Nacionalismos excitados. En cambio, el papel político y social del nacionalismo imperial-españolista es bien distinto. Para empezar, funciona como estimulante de los nacionalismos periféricos. Es paradoja, pero es. Muchas veces he repetido que pocos han hecho tanto para estimular la agresividad de los nacionalismos vasco y catalán como el General Franco y su Régimen.

A veces, en esa longitud de onda, me he preguntado qué hubiera sucedido si desde 1939 el Régimen franquista, a guisa de ejemplos, hubiera prohibido la copla y el baile flamenco, fustigando el habla y estilo andaluz. En el ambiente que hubiera creado esa presión y opresión habría vivido tu familia, Aneke, que tan lógica y cómodamente te sientes ahora española, andaluza y sevillana. La Feria habría sido suprimida, las escuelas de baile habrían estado proscritas, las películas andaluzas se harían en el extranjero y en España estarían censuradas, la fiesta de El Rocío estaría sometida a vigilancia estrecha, estilo Montserrat, etc. El “¡Viva Andalucía Libre e Independiente!” que escuché a un amigo en una reunión de la oposición clandestina (en Casares, homenaje a Blas Infante, 1975 o 76), este grito me llamó la atención, como un delirio sin base alguna real. “¿Este de qué va?”, pensé. Era la misma época en que sobre la fachada del Ayuntamiento de Ronda se extendía en una enorme pancarta la reivindicación integrada y concurrente de Andalucía, España, y “la Humanidad”. Esto tampoco lo olvidaré. Era bien diferente. Pues en el supuesto re4presivo que poníamos el grito de Casares hubiera cobrado sentido histórico para complicar más tarde la vida de Aneke.

Pues bien, eso que Franco NO hizo en Andalucía, fue política habitual en Cataluña y Euskadi. Por eso en Andalucía no se plantea nuestro problema y en los otros dos lugares sí.

Me acuerdo del viejo chiste del posadero a quien los huéspedes preguntaron si tenía pato salvaje. “No tengo –dijo–, pero si quieren les cabreo una gallina”. Sabía de política el del mesón. Cuando te dedicas arbitrariamente a cabrear a los más normales y moderados, estás fabricando radicales.

5. Resumen A: Cuando los nacionalismos periféricos tienen reivindicaciones “imperiales” o anexionistas, estas son políticamente inviables a la luz de un mínimo sentido común histórico y político.

6. Resumen B: Los nacionalismos periféricos han sido excitados por el nacionalismo imperial-españolista, quien, al estimularlos reactivamente, ha contribuido objetivamente a la debilitación actual del Estado español.

7. Resumen C: Las campañas de boicot a las cosas típicas de Cataluña o Euskadi no solo son una idiotez, sino que contribuyen a demostrar que el nacionalismo imperial-españolista no les considera españoles como los demás, sino como “pueblos sometidos” a quienes hay que perseguir y “arrodillar”, de modo que si en sus Estatutos autonómicos se dice algo que en los de otras Comunidades parece aceptable, para aquellos hay que prohibirlo, porque son súbditos a quienes tenemos que exigir sometimiento, etc… Y el truco es decir que están destruyendo a España, cuando es esa peculiar ¡EsPPPaña!  la que siente una absurda necesidad de verlos sometidos, ellos más que los demás.

8. El nacionalismo imperial-españolista es, pues, igual de radical que el peor de los otros y está sembrando discordia y cizaña entre los españoles.

Colega y tocayo mío Luis: me matizas que “es una trampa identificar al PP como único defensor del nacionalismo”. No solo no he dicho esto, sino que no lo puedo decir. He hablado de que quienes “pactan con nacionalistas” no son SOLAMENTE quienes pactan con nuestros nacionalistas públicamente reconocidos PNV, EA, ERC, CiU, CC, etc, (esta clase de pacto lo han hecho todos los partidos de ámbito nacional en uno u otro momento). Son TAMBIÉN (esto no lo queremos reconocer y formular así, he ahí la trampa) quienes pactan (lo digo ahora) con los nacionalistas imperial-españolistas, es decir, con Fuerza Nueva, diversos grupos vetero- o neo-falangistas, neonazis, racistas inconfesos, franquistas nostálgicos (ellos sabrán de qué), o gente simplemente inculta que tiene que pensar lo que le dijo su papá o todo lo contrario (que a veces puede resultar igual).

¿Por qué alguien pacta con esos peculiares nacionalistas? Pues porque necesita y por lo tanto acepta sus votos, y esto sí que lo está haciendo un sector del PP, con gran descontento de otro sector del mismo PP, que no tiene los arrestos de conseguir una limpieza, no étnica, pero sí ética y moral a favor de la necesaria derecha democrática.

Una observación para Chus. Ya sabemos que el nacionalismo francés, el del Reino Unido, el alemán son lo que son. Pero en lo que son no entra el buscar la guerra a sus propias zonas o regiones internas. el humillarlas, el desahogar a costa de ellas todas las frustraciones históricas desde el principio de la pérdida del imperio ultramarino hasta la guerra de Cuba y los ridículos desenlaces de Guinea y norte de África. Esos nacionalismos europeos no tienen tal cainismo interno. Pueden tener componentes racistas, y les asoman a menudo, como dices. Poseen componentes acríticos y hasta ridículos como el ejemplo que citas del Reino Unido. Pueden ser peligrosos para los extranjeros, pero no persiguen a sus propios ciudadanos.

He vivido, Chus, seis años mezclado en medio de la emigración española en un país de Europa Occidental y he palpado la situación de xenofobia. He llegado a recibir una orden de expulsión con muchas otras personas, orden que se consiguió neutralizar a base de puro movimiento ciudadano (movimiento de masa juvenil en solidaridad con los extranjeros, que ya lo quisiéramos ahora aquí).

Pero nuestro nacionalismo españolista no tiene parangón en esos países. Hay un único caso particular, que es el de Bélgica. Pero allí lo que no existe es el nacionalismo belga, ni imperial ni no imperial. Hay un país dividido en dos que pelean. Aquí sería como 22 millones de vascos mutuamente enfrentados con 18 millones de catalanes, y en medio unos cuantos desconcertados que habitarían la Capital de Europa apiñados alrededor de Barajas, como los de Bruselas salen y entran por Zaventem. Por cierto que la España imperial no es ajena a la historia que explica cómo pelean entre sí esas dos casi mitades de un país que en realidad no es tal.

9. España está metida en juegos peligrosos con esta feria de las identidades, y se echa de menos una elemental capacidad crítica para distinguir el sentido de lo que ocurre. Donde todos están borrachos todavía se puede distinguir que no hay dos borracheras iguales: a unos les dará llorona, otros folklórica, otros erótica, o violenta, o ambos a la vez… luego unos se acuerdan de lo que cantaron y otros no recuerdan nada de lo que hicieron. Te matizo a mi vez, Álvaro: tu cita de que “la barbarie ibérica es unánime” es una frase y nada más. De unánime, nada, si reconocemos el significado de la unanimidad.

10. Creo que lo que nos falta es seguridad fácil. Y el nacionalismo da seguridad fácil, más todavía si viene empaquetado con una religión fuerte. Caí por Libia, año 77, y lo que vi me hizo pensar que me encontraba en mi España de los años 40. En vez de Cristo Rey y Nuestra Señora de Fátima era el Ramadán, que coincidía en aquellos días. Un pueblo entregado a la observancia religiosa y un gran culto a la personalidad del líder. Todos se sentían en seguridad, con ideas claras y, ¡ojo no te detengan! (dos compañeros de mi grupo –éramos periodistas– fueron detenidos por haber hecho una amistosa foto de grupo en el puerto de Trípoli. ¡Había allá a lo lejos una instalación militar y la policía supuso que la foto era un acto de espionaje; en efecto, dominaban las ideas claras…).

Ahora tenemos una crisis de inseguridad, ideas confusas y encima nos flaquea la religión. Se ha hecho bien difícil aclarar el “de dónde vengo, y adónde voy”. Nos queda solamente responder al “quién soy”. ¡Es la ocasión para centrarse en la identidad! Y si la identidad es muy única y queda muy clara, ya se reposa en la ansiada seguridad. Los apóstoles del nacionalismo tienen mercado “asegurado”, cautivo… Es porque nos venden una droga que afecta a lo ciego y visceral.

Había preguntado ¿qué hacer? y me respondo: ser críticos y no dejarnos cautivar.

Solo una cosa más, Juanita. Es interesante lo que dices al final mencionando a los “de izquierda”. Pero de eso me propondría tratar otro día. Por hoy ya vamos servidos. Y pido perdón por la longitud.


Querido y viejo amigo Joan:

He leído con emoción tu artículo “Auto de fe ante el Tribunal Supremo”. Con emoción por su carácter sistemático, su argumentación masiva, su acierto en las citas de los unos y los otros; por su sentido del derecho de la humanidad y su respeto de la justicia no incendiaria, por cómo muestras que lo que ahora se nos ha presentado en auto de fe es otra cosa: “infimum ius, summa iniuria” (exceso de justicia, exceso de injusticia).

Me ha venido a la cabeza, leyéndote, algo que vengo pensando, dándole vueltas, desde hace una temporada.

Pensando vengo qué habría sucedido en Alemania si Adolf Hitler hubiera ganado la guerra. (Digo en Alemania por circunscribir la cuestión a efectos comparativos, porque en esa fatal hipótesis también se podría imaginar lo que habría acontecido en Francia, en Gran Bretaña, Holanda, Noruega, Polonia, etc, etc).

Pero pensemos en Alemania, como en una muestra de laboratorio. Allí se habría desarrollado la adoración al vencedor, se estaría glorificando la Alemania Imperial, con águila y todo (allí bicéfala). Sería una Alemania Una y más Grande, anexionada definitivamente aquella reliquia del “Imperio del Este” que hoy llamamos Austria, y grandes pedazos de los otros países, con los Sudetes bien incorporados, etc.

Allí estaría el judaísmo fuera de la ley, se habría desterrado a los negros, los indios. Las empresas propiedad de cualquiera de esos grupos y razas habrían sido confiscadas. Los alemanes cuya convicción nazionalsocialista hubiera dado señales de flaqueza habrían sido encerrados o exilados. Sus hijos encomendados a familias intachablemente arias. La educación transmitiría las consignas, los cantos, la heroica historia del nazionalsocialismo. Allí nunca habrían existido campos de concentración, que eran un mito calumnioso surgido de mentes extranjeras judías o judaizantes, de los enemigos jurados des deutschen Volkes.

Pero a la vuelta de los años mucha gente se estaría cansando de vivir con un silencioso amargor y experimentaría una frustración o complejo de haberse salido de la historia. Envidiarían a los países cultos y más libres, sin censuras ni leyes del embudo. Muchos habrían podido conectar con lejanos parientes exilados, o con peligrosas emisoras de perversión antipatriota. Todos esos contactos relatarían, incluso demostrarían, cómo se puede vivir de otro modo. A los alemanes crédulos de estas patrañas se les trataría muy duramente, con las leyes de hierro del sistema victorioso. Cuando se hacían clandestinos también se les perseguía hasta el catre, de madrugada, mediante una eficaz brigada policial. Se les juzgaba y encarcelaba sin piedad.

Mas supongamos ahora que, agotado de vivir en tal paraíso, Don Adolfo hubiera fallecido, por ejemplo en 1981 a la edad de 92 años, postrado sobre su lecho imperial. Entonces, tras gigantescas exequias, filmadas por un nieto de Leni Riefenstahl, habría aparecido un joven traidor inteligente, salido del sistema como un Jaruzelski cualquiera, dispuesto a hablar con “los buenos”, los nazis de ala corta, porque otros ya no había, y con los no tan buenos, los castigados y presos. Este joven tendría la intuición de que estos reprimidos traían un mensaje de más futuro para una Alemania carente de recambio para el gran líder, necesitada de convertirse en un país normal. Es más, quisiera reconocer como normal aquello que ya se venteaba en las calles del Reich.

Entonces el traidor inteligente convencería a los buenos de la película, nazicortos ellos, de que Alemania necesitaba unirse para entrar en buenos tratos con los otros países, lo que traería toda suerte de ventajas económicas por supuesto, pero también de afirmación de modernidad social y democrática, vista la moda demócrata, un poco absurda, es cierto, pero aparentemente muy apreciada en el mundo anglosajón, en la misma Francia, tan sexy, en los Estados Unidos ya repuestos de una guerra perdida sin ton ni son, etc, etc.

Pudo por fin tener éxito el traidor inteligente, les convenció incluso de que algunos judíos podrían ser legalizados, también algunos comunistas supuestamente moderados. Incluso unos y otros estarían mejor mantenidos bajo control, que no medio ocultos y agresivos. Y les vendió la idea de perdonar a los que estaban castigados y encarcelados, y hacerlo con una ley, que les daría confianza para entenderse los otros con los unos. Así Alemania se hacía país democrático. Se pactaron muchas cosas por aquello de entrar en la historia y exportar mejor.

Eso sucedía por fuera. Bastaba una cierta apariencia, pues los nazicortos seguían allí, nada convencidos de lo que ellos mismos hacían, solo pensando en vender más. Seguían diciendo que los judíos esto y los negros lo otro, pero en baja voz; y seguían ocupando la mayoría de sus antiguos puestos, los unos de banqueros, los otros de profesores, los de más allá oficiales o jueces, o políticos de un partido nacional (no nacionalsocialista, que era cosa hortera), que ya se escribía con c en vez de con z (se parecía mucho a lo de antes, aunque contemporizando por mor del progreso y el interés).

Con D. Adolfo vivíamos muy bien y a gusto, decían entre ellos, pero parece que se acabó y hay que transigir, un poco nada más.

Y dándole vueltas a todo esto, me digo: pero querido Joan, ¿de qué nos asombramos? Aquí la guerra se ganó. A nadie desnazificaron. Es de lo más natural lo que nos pasa. Nos circundan quienes vivían tan cómodos con las “evidencias” de la victoria.

Casi diría que vamos a mejor, porque ya se ve todo más claro, quién es quién.

Pero el dichoso interés, el haber hecho todo por dinero, eso puede ser la tumba de los unos y de los otros, que somos nos.

La tumba de nuestra sociedad. La llegada de un liderazgo vacío.

“El jinete sin cabeza”, que aterrorizaba mi infancia cuando hace más de 60 años veía aquella película el niño que todavía soy yo.

Gracias y un abrazo, Joan


Nuestra bolsa había bajado un 13,28 % la semana pasada. Ahora ha subido 14,43 % en un día, el lunes 10. ¡Hemos recuperado el nivel del verano de 2005! 10.350 puntos.

Pero escribo el martes 11, y hoy a las 16:45 hemos bajado un 4,54 %. El índice se nos está yendo a los 9.890 puntos. Vamos otra vez de pompis, diría la Baronesa.

Cierro Internet, numeritos que cambian, los abro otra vez, son las 17:06: y estamos en los 9.907,40. ¡Vamos recuperando! ¿Alcanzaremos de nuevo los 10.000? Ni idea. Y entre que paso la tarde mirando estos números a lo peor acabo perdiendo una buena ocasión.

No, hay que ser decidido: voy a conectarme con el continuo y comprar 2 acciones del Popular, que está bajando 27 céntimos y medio, y será un buen negocio cuando explote la acción. ¡Hay que saber comprar barato! Es que he ido a cobrar el reintegro que me tocó en la lotería del sábado por una terminación en 9. Eran 12 euros. La vendedora me ha preguntado si quería comprar otra cosa a cambio. No le he hecho caso, ni le he dicho que ahora me voy a la bolsa. Es mi secreto.

Esto de la subida del 14 % en el lunes blanco, aunque a esta hora del martes ya solo nos quede un 10, es un verdadero golpe de suerte. Hará avanzar mucho a España.

Pero ¿y si no fuera precisamente suerte? ¿No será que andan por ahí unos señores que en vez de comprar mis dos acciones del Popular compran o venden dos millones de la misma mercancía, o de otra. ¿Y si un ceporro se equivoca y teclea 16.000 millones de acciones de Procter & Gamble en vez de 16 millones, y una serie de ordenadores que disponen automáticamente del dinero ajeno se ponen a vender hasta la última partida de queso provolone y meten en una crisis a todo Wall Street, lo que supone una crisis en la City, que desencadena una crisis en todas las bolsas europeas, lo que desencadena crisis en decenas de empresas? Si me coge mañana una cosa así, ¿en qué se quedarán mis 10 euros de las 2 acciones del Popular?

¿Era una errata de verdad? Ya se sabe, los teclados, los dedos, un estornudo al dar el pulsador… ¡cualquier cosa pudo ser! Sí, eso, cualquier (¿otra?) cosa…

Lo arreglaron en unas horas en Nueva York (no así en todos los demás pabellones donde moran los sirvientes o ayudas de cámara de NY). Y millones de acciones de centenares de empresas se pusieron baratísimas, incluso a precio casi cero.

¿Por qué no nos avisó el ceporro de la errata para poder comprar esas gangas? Pero ¿era una errata?

¿Y quién compró la deuda griega cuando no valía nada y todos huían? ¿Acaso ese comprador sabía que íbamos a rajar nuestras carteras nacionales para meter dinero en Grecia? ¿Y qué sacan los pobres griegos de ese cambalache? ¿Qué pasa cuando alguien se aprieta tanto el cinturón que se parte en dos, como una avispa golpeada?

¿Por qué nos pasa todo esto, griegos y no griegos? ¿Quién compra y quién vende para que nuestras bolsas sean un tobogán? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de Telefónica y del Banco de Santander?

¿Por qué dijo Zapatero, saliendo de una reunión de los 20 donde le dejaron entrar, que se iban a acabar los paraísos fiscales? ¿Y por qué algunos ya sabíamos que eso era una ingenuidad imposible? ¿Por qué los partidos están llenos de deudas por créditos que piden para gastar dineros fatuos en sus campañas? ¿Por qué luego no pueden decidir determinadas cosas, porque se les puede cerrar alguno que otro grifo de crédito?

¡Vaya mundo este! Y seguimos sin saber quiénes mandan de verdad. Sabemos a medias dónde están, pero ¿quiénes son?

Van de anónimos. Nadie ha podido votarles. Ahora voy entendiendo por qué todas esas grandes sociedades se llaman también “anónimas”.

Escribo muy lentamente y me han dado las 18:30. Miro de nuevo y resulta que hemos superado de nuevo la barrera del 10.000. Otra vez como en 2005. ¡Qué gran avance!

Ahora la bolsa sube. La acción, varios céntimos más cara

Estoy pensando… Creo que no voy a comprar las dos acciones del Popular. Me voy con la ONCE, ¡a ver si me toca el cuponazo!


Dedicado a D. Luciano Varela, con todo respeto por cierto

Con frecuencia se hace notar lo alejado que está el Derecho Internacional de la mente de muchos jurisperitos y aun jueces españoles.

Se comprende que sea así tras 40 años de nacionalismo hispánico (nacionalsindicalismo, nacionalcatolicismo, nacionalespañolismo imperial, matícese como se quiera), sumados a 35 años de recomposición inacabada de problemas internos, absortos en la búsqueda de respetabilidad y acceso a la mágica Europa de los mercaderes y sus riquezas. Todo eso explica bien que nuestros juristas hayan atendido preferentemente a cosas distintas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

Pues bien, el DIDH aparece ya constituido como un bloque jurídico bien definido dentro del Derecho Internacional, fraguado a partir de la Declaración Universal y de la entrada en vigor desde 1976 de los dos Pactos Internacionales con su espectacular desarrollo en una sólida cadena de tratados internacionales. Son tratados referidos, por citar algunos más importantes, a la lucha contra la discriminación (racial o de la mujer), a la persecución del genocidio y de la tortura y malos tratos, a los derechos del niño, o de las personas con discapacidad, o de los trabajadores migratorios y sus familias, o a la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que cito el último para que quede más fresco en la memoria.

Si exceptuamos la factura pendiente sobre los trabajadores migratorios, que tarde o temprano tendremos que afrontar, España ha ratificado diligentemente todos esos tratados con pasión por agruparse con los respetables primeros de la clase.

Pero conseguido el diploma, ya no hace falta trabajar mucho más. Esta mentalidad celtibérica, que conocemos bien, parece reflejarse a veces en la notable inconsciencia con que se procede a ratificar esos tratados con espíritu aparentemente muy retórico, con mil ganas de quedar bien en discursos políticos y de emitir perezosos informes para las Naciones Unidas. Debe parecer que en la liza de los derechos humanos lo nuestro es el pelotón de cabeza, casi como Fernando Alonso, el Bulli, o Rafa Nadal.

Pero ratificar Tratados no es gratis. Hete aquí que el Derecho Internacional también es nuestro derecho interno, lo cual compromete mucho. Lo dice así la Constitución Española, art. 96.1:

“Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional”.

¡Cielo santo! Esto lo teníamos todos bien claro cuando se trata de nuestra homologación europeísta y otras grandes ventajas nacionales. Por eso en el verano de 1992 no se dudó en modificar la mismísima Constitución para adaptarla al Tratado de la Unión Europea de modo que los ciudadanos europeos residentes en España puedan ser elegidos en las municipales. Había que adaptar nuestra normativa nacional al primado de la internacional.

Ahora recogemos el hilo de las desapariciones. La reciente Convención Internacional sobre la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha sido ratificada por España el pasado 24 de septiembre de 2009. Es cierto que este Tratado aún no ha entrado en vigor, pues faltan uno o dos Estados por ratificarlo. Pero en buen Derecho Internacional no se puede presumir que existiera la menor mala fe de España al haberlo ratificado por su parte y, por lo tanto, ninguna voluntad de no traducir su contenido en la normativa interna que deberá ser por ello modificada o enriquecida (ejemplos: Ley de Amnistía o Código Penal). Bueno, como inciso, hablando de la presunción de mala fe, esta es la que parece que se aplica al Juez Garzón por quien se sube a la parra de querer verlo como prevaricador.

Pues bien, la citada Convención en su artículo 8.1 b) dice lo siguiente:

1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal:

2. Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito.

El delito tiene, pues, carácter permanente hasta que aparece el desaparecido vivo o se identifica su cadáver. Y solo entonces, según este tratado, un Estado podría iniciar un plazo proporcionado de prescripción.

¿De qué delito se puede hablar? Lo ha dicho más arriba la propia Convención, art 5:

“La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable”.

Cuando, según datos de diversas fuentes, hay entre 114.000 y 144.000 denuncias, activadas ante el Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional, de personas desaparecidas con nombres y apellidos, no parece que la práctica pueda haber dejado de ser generalizada o sistemática. Piénsese además que los casos que alguien llega a denunciar deben de ser una minoría dentro del número total.

Podríamos aceptar que no existe pleno consenso sobre si la Ley de Amnistía de 1977 fue fruto de un acuerdo general, lo que la haría diferente de las consabidas y nefastas “autoamnistías”, por ejemplo en algunos países latinoamericanos, casos que hemos visto y denunciado con aceptación de los tribunales españoles.

Pero podemos pensar, sobre todo quienes lo hemos vivido, aunque modestamente me reconozca beneficiario del denominado “tímido” indulto real de noviembre de 1975, podemos pensar, digo, que en el momento de 1977 se amnistiaba, de hecho y sobre todo, a la oposición a la dictadura, a todos los que a causa de actividades de orden político estábamos procesados o condenados por los juzgados y tribunales, comenzando por el siniestro Tribunal de Orden Público. En esta gente se estaba pensando, lo cual coincide con el lujo de matices de la Ley distinguiendo entre delitos cometidos después de diciembre de 1976, y junio de 1977, o con el hecho de que Alianza Popular estuviera en contra del proyecto, que procedía de la oposición al Gobierno de la UCD, aunque esta lo votó favorablemente. No debería estar tan claro que se amnistiaba con la misma energía a algunos políticos o militares o fuerzas del “orden” de la dictadura. Estos no lo necesitaban, porque con los que estaban vivos ¿quién se atrevía? Todavía en enero de 1979, con nuestra Constitución recién nacida, un grupo de militares zarandeaban al Vicepresidente del Gobierno, Gutiérrez Mellado, y arrebatando el féretro del Gobernador Militar de Madrid, asesinado la víspera por ETA, salían a la calle de Alcalá, donde esperaba una multitud que los acompañó a pie hasta el cementerio de la Almudena al grito de ¡Ejército al poder!

¿Quién se atrevía?

Sea como sea: lo importante, lo que parece ignorar algún sesudo magistrado del Tribunal Supremo, es que, más allá de si hay que derogar o no la Ley de Amnistía, en todo caso España, al ratificar en 2009 la citada Convención, ha contraído la obligación de aplicarla por encima de la tal Ley de Amnistía, que en todo caso, en consonancia con el Derecho Internacional, tiene que ser al menos modificada por las Cortes, con o sin hablar de Garzón.

Alguien ha observado que esta cuestión se hubiera evitado si España, antes de ratificar la Convención, hubiera formulado una reserva previa referida al mantenimiento intacto de la ley de 1977. El tratado no prevé la posibilidad de reservas, pero sí la propuesta de enmiendas aunque estas tienen que ser aceptada por dos tercios de los Estados-parte. Pero en todo caso las normas del Derecho de los Tratados no hubieran autorizado tal reserva, pues se juzgaría que es de aquellas que por su incompatibilidad con el objeto y fin del Tratado sería inaceptable, aparte de que infringiría la prescripción de la Convención de Viena de 1969: “Un [Estado] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (Art. 27).

Nos hemos detenido sobre esta decisión española de ratificar ¡hace nada! la Convención específica relativa a las Desapariciones Forzadas de personas. Con más lujo de detalles se hubiera podido mostrar que esta Convención es un desarrollo del Derecho Internacional, con referencia a Convenciones de Ginebra, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derecho a la verdad, sin olvidar el Derecho Internacional Consuetudinario. Se podría hablar también de alguna jurisprudencia española en sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional. Por último, entra también en liza el art. 10.2 de la Constitución Española, cuyo texto literal hemos reproducido en este mismo blog hace un par de semanas.

Para los amigos que no os hayáis desanimado antes de llegar leyendo hasta aquí vale el siguiente resumen:

Fallecidos todos los presuntos autores de los crímenes, queda en pie el derecho de satisfacción a las víctimas, y a sus familias, puesto que los delitos no han podido prescribir antes de que se localicen e identifiquen los restos de cada desaparecido. Y si esto no cabe en la Ley de Amnistía, el Estado está obligado a hacerlo caber.

El debate sobre la derogación o no de esa Ley es distinto, y no conviene mezclarlo aquí. Un debate no es una obligación. Pero acusar a alguien de obviar la Ley de Amnistía en lo que esta ha de someterse al Tratado Internacional es… dejémoslo en ignorancia grave.

Digo yo. ¿O es que se sabe que la causa no tendrá buen fin, pero entretanto se conseguirá suspender preventivamente la carrera de cierto juez que molesta a unos cuantos? Porque entonces no estamos hablando de derecho, sino de cacería. Por cierto que será caza mayor…

Y sobre las causas del generalizado analfabetismo funcional español en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional trataremos más extensamente otro día.