Ruedas de molino – Luis Acebal

(Hazy Jenius/Flickr)

Algunas referencias normativas de Derecho Internacional relativas al respeto a la diversidad y a las minorías con especificación de su vigencia en España.

Su vigencia en España

Volvemos a lo de otros días. Lo que nuestro Estado no desea cumplir, no lo ratifique en los tratados internacionales, o modifique la Constitución y borre el Art. 96.1, cambiándolo por algo como que “lo que España ratifica y además publica en el BOE nos tendrá sin cuidado cuando no nos apetezca cumplirlo, porque este es un Estado Provinciano, que no tiene por qué mirar más asuntos que los de su casita”.

Dicho esto, dejémonos de discutir sobre la ideología de este o aquel, e incluso sobre la Ley de Libertad Religiosa o la de Educación. Si se trata de que los tratados ratificados forman parte del derecho interno, serían nuestras leyes las que, de contradecir los tratados, tendrán que cambiar.

Naturalmente, estos grandes principios y normas del Derecho Internacional no hablan de Pozuelo de Alarcón, ni de cada Consejo Escolar. Pero, si las reunimos en cantidad tan unánime (lo que sigue es un resumen muy general y cortito), es para que no quede duda de por dónde van las normas que España ha asumido ya como propias.

Een cuanto al sentimiento de oír a un respetable Consejero autonómico decir que por un lado la niña tiene el derecho fundamental y por otro lado el Instituto tiene su reglamento, para concluir que la niña se vaya con su derecho a otra parte donde se lo autorice otro reglamento. ¿Qué es un Derecho Fundamental al lado de un Consejo de Centro? ¡Sr. Consejero, eso es para llorar!

Pues bien, lo que pasa es que estas normas de Derechos Humanos están concebidas para un estado democrático, pluralista, con minorías respetadas. Y lo que aquí se está demostrando cada semana es que en España sigue alojado un mogollón de gente que añora aquel país monolítico y uniformado, que ya no existe, ni nunca existirá. Ya no volveremos a expulsar judíos ni moriscos, ni a quemar herejes. Digo yo.

El que se queje de los sistemas de ciertos países, del monolitismo islámico o judío, o lo que sea según el fundamentalismo de turno (también hay fundamentalistas del laicismo), ese debería comenzar por nuestra tierra.

Un día un abogado alemán, al saber que me ocupaba de derechos humanos me dijo irónico, “¿y cómo convencéis a los africanos de que no maltraten a sus mujeres?”

- “Comenzaremos en África cuando acabemos de convencer a los españoles para que no maltraten ni asesinen a las suyas, y tenemos trabajo para largo”. Eso contesté.

De paso quiero alegrarme de la posición del Instituto Dámaso Alonso, de Pozuelo de Alarcón, donde hace un año tuve ocasión de compartir una sesión sobre los Derechos Humanos asociada con el 60º Aniversario de la Declaración Universal. Respiré limpio oxígeno en aquella juventud, y ahora me gusta ver que la cosa continúa…

Bueno, va la pequeña antología, y conste que las cursivas son mías. Es para ayudar…

Constitución española (1978)

  • Artículo 96

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.

  • Artículo 10

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España

Breve antología de derecho internacional

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Asumida como norma interpretativa libertades en la dicha Constitución Española, art. 10.2.

  • Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Instrumento de ratificación de España, el 13 de abril de 1977.

  • Artículo 2

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

  • Artículo 13

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

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Dos buenos amigos, juristas jóvenes y rigurosos, Lydia ella, Javier él, me acaban de regalar, a propósito de los argumentos esgrimidos en la causa contra Baltasar Garzón, este trabajo, cuyo mismo título ya es elocuente. Es puro derecho y alguno puede encontrarlo duro de leer, pero opto por publicarlo aquí, con la expresa licencia de los autores, para que se entere el personal que desee profundizar el tema. Quizá estudias derecho, quizá lo enseñas. En estos casos te interesará más.

Muchas gracias a los dos.

Luis Acebal

Todo por el Derecho, pero sin el Derecho internacional

Ya resultaban desconcertantes algunos extremos del Auto de 3 de febrero del Magistrado-Instructor Varela; aumentaba el grado de conmoción con el Auto de 25 de marzo, en el que la Sala Segunda del Tribunal Supremo afirmaba categóricamente que el primero “contiene una muy técnica y bien construida motivación que explica clara y razonablemente los fundamentos (…) jurídicos de la resolución”; culminándose nuestra perplejidad ante el contenido y tono del último Auto de 7 abril (nuevamente del Magistrado Varela) donde se insiste en que “resulta poco cuestionable la probabilidad de que el Magistrado querellado haya perpetrado los hechos objeto de este proceso”. En lo que al ordenamiento jurídico internacional compete, tales valoraciones no sólo causan asombro, sino que sencillamente son insostenibles.

Desde inicios del mes de febrero, y en representación de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), trabajamos en la elaboración de un Informe en Derecho que hicimos público el pasado 16 de febrero: “Causa Especial Nº. 20048/2009: Querella(s) interpuesta(s) contra el Magistrado-Juez D. Baltasar Garzón, por el supuesto delito de prevaricación. Examen de los argumentos del Auto de 3 de febrero de 2010 desde la perspectiva del Derecho internacional”; a cuyo contenido se han adherido más de un centenar de juristas e Instituciones, nacionales e internacionales. Su objetivo fundamental es demostrar que la mayoría de los asuntos de fondo abordados en el Auto citado forman parte del debate jurídico, desde hace muchos años y en la actualidad; existiendo sobre ellos diversas posiciones legítimamente defendibles. En consecuencia, la conclusión que alcanzamos es, en síntesis, bastante sencilla: A la luz de los argumentos del Magistrado-Instructor, no puede sostenerse jurídicamente que la posición defendida por el Magistrado querellado en sus Autos de octubre y noviembre de 2008, pueda constituir delito de prevaricación. De aquí que sigamos sin comprender afirmaciones tales como que para la Sala Segunda del Tribunal Supremo, “ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación”; sobre la base, ahora en palabras del Magistrado Varela, de que ésta no se constituye “por sostener una opinión jurídica diversa de la que se declara como correcta”.

En el entendido de que lo que se está examinando debiera ser un asunto jurídico, apuntemos entonces algunas ideas clave acerca de parte de lo que parece estar en discusión. En cuanto a la “Ley de Memoria Histórica”, en ella se especifica que sus previsiones son plenamente compatibles con el ejercicio de acciones ante los tribunales de justicia, conforme a las normas internas y los Convenios Internacionales. Por ello, difícilmente puede admitirse la conclusión a la que llega en varias ocasiones el Magistrado-Instructor, cuando, refiriéndose a la decisión de abrir una investigación judicial, se afirma que “el Magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador”. Más bien al contrario, la “decisión del legislador” viene a responder de forma correcta a una amplia jurisprudencia internacional que determina que, en el caso de graves violaciones a los derechos humanos que constituyan una infracción penal, la naturaleza del recurso efectivo debe ser esencialmente judicial. Además, la interpretación de los requisitos de admisibilidad de las acciones en el sentido que más favorece el derecho de acceso a la jurisdicción —máxime cuando se han cometido “horrendos crímenes” (en palabras del Magistrado-Instructor)— no debe merecer reproche penal alguno, pues constituye una actuación respetuosa y conforme con el ordenamiento jurídico internacional.

En relación a la Ley de Amnistía de 1977, los argumentos clave del Magistrado Varela son discutibles, cuando no, claramente insostenibles desde la perspectiva del Derecho internacional. En cuanto al carácter “democrático” de la Ley de Amnistía, destacado en múltiples ocasiones, es indefendible pretender que una medida legislativa, por el hecho de ser aprobada por un Parlamento democrático, siempre habría de ser internacionalmente lícita, aunque su contenido incurriera en contradicción con las obligaciones internacionales del Estado. En realidad, tal conclusión niega la misma existencia del Derecho internacional y prescinde por completo las reglas básicas de funcionamiento de nuestro ordenamiento jurídico, nacional e internacional. Igualmente se sostiene que la concesión de amnistías está avalada por el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. Dicha conclusión se construye a partir de una valoración de su literal más que rebatible, y de hecho, directamente opuesta a la interpretación acreditada del mismo; por ejemplo, la del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha afirmado que las amnistías no pueden amparar crímenes de derecho internacional. El Magistrado-Instructor obvia aquí una amplia jurisprudencia internacional que respalda esta idea, subrayando que las amnistías son incompatibles con el deber de investigar de los Estados en virtud del Derecho internacional. Finalmente, si bien en el no se niega que, en lo que aquí interesa, la Ley de Amnistía de 1977 es difícilmente compatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –vinculante para España antes de la aprobación de la misma-, se defiende la imposibilidad de aplicar tal Pacto. Esta postura es discutible, y de hecho discutida tanto por los expertos como en el seno de los órganos del sistema internacional de protección de los derechos humanos; con lo que en modo alguno puede esgrimirse como prueba inequívoca de que aquél que no la comparta esté prevaricando.

En lo relativo a la consideración de crímenes contra la humanidad y la desaparición forzada, las conclusiones del Magistrado-Instructor, aunque parecen querer evitar la aplicación de estas figuras, tal y como se califican en el Derecho internacional, no se acompañan de razonamientos jurídicos de suficiente peso que justifiquen que un órgano jurisdiccional que sí lo hiciera estuviera prevaricando. De hecho, en muchos extremos, las posiciones de Magistrado Varela son tan genéricas y faltas de basamento identificable que no sólo hacen casi imposible la discusión racional, sino que en realidad ésta parece considerarse como inimaginable. Las cuestiones de fondo, ampliamente debatidas también en la actualidad —cuál es el momento a partir del cual los crímenes de lesa humanidad fueron así tipificados en el Derecho internacional, adquiriendo relevancia plena en el ámbito de la responsabilidad penal individual, así como, desde cuándo se dio el reconocimiento de su imprescriptibilidad— son inicialmente obviadas en el Auto de 3 de febrero, y luego sumariamente descalificadas en el último Auto como “teorizaciones y propuestas” que no entran dentro del ámbito propio “[d]el ejercicio de la potestad jurisdiccional”.

Así, al tiempo que se elude cualquier enfoque internacional, sus posiciones pretenden sostenerse básicamente en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Scilingo. Pero aun dentro de ese límite, no sólo se omiten algunas de las conclusiones adoptadas entonces, sino que en aquellos aspectos —como la prescripción— que no fueron resueltos por el Tribunal, se considera fuera de toda “interpretación razonable” la realizada por el Magistrado Garzón. Desde luego, cabe disentir de los argumentos empleados para llegar a la conclusión alcanzada por el Magistrado querellado, al afirmar la existencia de un “contexto de crímenes contra la humanidad y que son imprescriptibles”; pero valorarlos sencillamente como una prueba evidente de una actuación prevaricadora es a todas luces una afirmación desmedida. Máxime cuando el Magistrado Garzón construyó sus razonamientos en base a las posibilidades que habilitaba la propia sentencia del Tribunal Supremo.

En definitiva, a nuestro entender, con los argumentos que figuran en el Auto de 3 de febrero, aparentemente ratificados por los Autos de 25 de marzo y 7 de abril, y en los aspectos que hemos señalado, es insostenible concluir que la construcción jurídica que realizó el Magistrado Garzón es “manifiestamente contraria a Derecho” y que puede constituir delito de prevaricación. Por ello, y más aun tras el último Auto indicado, desconcierto es lo menos que podemos sentir.

Javier Chinchón Álvarez es Director Ejecutivo de la AEDIDH y Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.

Lydia Vicente Márquez es Miembro de la AEDIDH, abogada y Consultora Internacional de derechos humanos.