Ruedas de molino – Luis Acebal

¡Qué vergüenza!

Ha sido el grito unánime de la multitud ante la Audiencia Nacional.

Entre triste y enfadada, la gente miraba hacia la Audiencia, protegida por una tranquila, muda fila policial.

Pocas veces se ven tantos carteles pequeños, casi cada persona con el suyo, una exclamación, una fotografía de una víctima perdida en la noche de la memoria, otra fotografía del propio Garzón con la boca tapada por una mancha negra.

Cada uno con un cartel distinto pronunciaba las mismas voces, que se coreaban y un rato después volvían. Sin guión, sin presidencia. Solo una fila de cámaras apuntando a la masa apretada, heterogénea.

En un momento dado, desde la pancarta Cristina Almeida saluda a Carlos Slepoy, que responde entrevistas desde su silla de ruedas, contando a quienes le preguntan el avatar de su acción de Justicia Universal, ahora desde Buenos Aires hacia Madrid, como si hubiera para esto billetes de ida y vuelta. Y se extiende el grito de ¡saludo a la Argentina!

El abogado Carlos Slepoy

“¡Gürtel, Gürtel!”, “¡Varela dimisión!”, ¡Fuera franquistas de la Magistratura!, ¡Son fascistas, no son juristas!

¡Garzón, tienes razón!, ¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!

Y cada poco, repetido como un estribillo: ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!

Madrid. Calle de Génova. 14 de mayo. Ninguno lo olvidará: hoy ha nacido el juez del mundo.

Lo han fabricado ellos.


Nuestra bolsa había bajado un 13,28 % la semana pasada. Ahora ha subido 14,43 % en un día, el lunes 10. ¡Hemos recuperado el nivel del verano de 2005! 10.350 puntos.

Pero escribo el martes 11, y hoy a las 16:45 hemos bajado un 4,54 %. El índice se nos está yendo a los 9.890 puntos. Vamos otra vez de pompis, diría la Baronesa.

Cierro Internet, numeritos que cambian, los abro otra vez, son las 17:06: y estamos en los 9.907,40. ¡Vamos recuperando! ¿Alcanzaremos de nuevo los 10.000? Ni idea. Y entre que paso la tarde mirando estos números a lo peor acabo perdiendo una buena ocasión.

No, hay que ser decidido: voy a conectarme con el continuo y comprar 2 acciones del Popular, que está bajando 27 céntimos y medio, y será un buen negocio cuando explote la acción. ¡Hay que saber comprar barato! Es que he ido a cobrar el reintegro que me tocó en la lotería del sábado por una terminación en 9. Eran 12 euros. La vendedora me ha preguntado si quería comprar otra cosa a cambio. No le he hecho caso, ni le he dicho que ahora me voy a la bolsa. Es mi secreto.

Esto de la subida del 14 % en el lunes blanco, aunque a esta hora del martes ya solo nos quede un 10, es un verdadero golpe de suerte. Hará avanzar mucho a España.

Pero ¿y si no fuera precisamente suerte? ¿No será que andan por ahí unos señores que en vez de comprar mis dos acciones del Popular compran o venden dos millones de la misma mercancía, o de otra. ¿Y si un ceporro se equivoca y teclea 16.000 millones de acciones de Procter & Gamble en vez de 16 millones, y una serie de ordenadores que disponen automáticamente del dinero ajeno se ponen a vender hasta la última partida de queso provolone y meten en una crisis a todo Wall Street, lo que supone una crisis en la City, que desencadena una crisis en todas las bolsas europeas, lo que desencadena crisis en decenas de empresas? Si me coge mañana una cosa así, ¿en qué se quedarán mis 10 euros de las 2 acciones del Popular?

¿Era una errata de verdad? Ya se sabe, los teclados, los dedos, un estornudo al dar el pulsador… ¡cualquier cosa pudo ser! Sí, eso, cualquier (¿otra?) cosa…

Lo arreglaron en unas horas en Nueva York (no así en todos los demás pabellones donde moran los sirvientes o ayudas de cámara de NY). Y millones de acciones de centenares de empresas se pusieron baratísimas, incluso a precio casi cero.

¿Por qué no nos avisó el ceporro de la errata para poder comprar esas gangas? Pero ¿era una errata?

¿Y quién compró la deuda griega cuando no valía nada y todos huían? ¿Acaso ese comprador sabía que íbamos a rajar nuestras carteras nacionales para meter dinero en Grecia? ¿Y qué sacan los pobres griegos de ese cambalache? ¿Qué pasa cuando alguien se aprieta tanto el cinturón que se parte en dos, como una avispa golpeada?

¿Por qué nos pasa todo esto, griegos y no griegos? ¿Quién compra y quién vende para que nuestras bolsas sean un tobogán? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de Telefónica y del Banco de Santander?

¿Por qué dijo Zapatero, saliendo de una reunión de los 20 donde le dejaron entrar, que se iban a acabar los paraísos fiscales? ¿Y por qué algunos ya sabíamos que eso era una ingenuidad imposible? ¿Por qué los partidos están llenos de deudas por créditos que piden para gastar dineros fatuos en sus campañas? ¿Por qué luego no pueden decidir determinadas cosas, porque se les puede cerrar alguno que otro grifo de crédito?

¡Vaya mundo este! Y seguimos sin saber quiénes mandan de verdad. Sabemos a medias dónde están, pero ¿quiénes son?

Van de anónimos. Nadie ha podido votarles. Ahora voy entendiendo por qué todas esas grandes sociedades se llaman también “anónimas”.

Escribo muy lentamente y me han dado las 18:30. Miro de nuevo y resulta que hemos superado de nuevo la barrera del 10.000. Otra vez como en 2005. ¡Qué gran avance!

Ahora la bolsa sube. La acción, varios céntimos más cara

Estoy pensando… Creo que no voy a comprar las dos acciones del Popular. Me voy con la ONCE, ¡a ver si me toca el cuponazo!


(Hazy Jenius/Flickr)

Algunas referencias normativas de Derecho Internacional relativas al respeto a la diversidad y a las minorías con especificación de su vigencia en España.

Su vigencia en España

Volvemos a lo de otros días. Lo que nuestro Estado no desea cumplir, no lo ratifique en los tratados internacionales, o modifique la Constitución y borre el Art. 96.1, cambiándolo por algo como que “lo que España ratifica y además publica en el BOE nos tendrá sin cuidado cuando no nos apetezca cumplirlo, porque este es un Estado Provinciano, que no tiene por qué mirar más asuntos que los de su casita”.

Dicho esto, dejémonos de discutir sobre la ideología de este o aquel, e incluso sobre la Ley de Libertad Religiosa o la de Educación. Si se trata de que los tratados ratificados forman parte del derecho interno, serían nuestras leyes las que, de contradecir los tratados, tendrán que cambiar.

Naturalmente, estos grandes principios y normas del Derecho Internacional no hablan de Pozuelo de Alarcón, ni de cada Consejo Escolar. Pero, si las reunimos en cantidad tan unánime (lo que sigue es un resumen muy general y cortito), es para que no quede duda de por dónde van las normas que España ha asumido ya como propias.

Een cuanto al sentimiento de oír a un respetable Consejero autonómico decir que por un lado la niña tiene el derecho fundamental y por otro lado el Instituto tiene su reglamento, para concluir que la niña se vaya con su derecho a otra parte donde se lo autorice otro reglamento. ¿Qué es un Derecho Fundamental al lado de un Consejo de Centro? ¡Sr. Consejero, eso es para llorar!

Pues bien, lo que pasa es que estas normas de Derechos Humanos están concebidas para un estado democrático, pluralista, con minorías respetadas. Y lo que aquí se está demostrando cada semana es que en España sigue alojado un mogollón de gente que añora aquel país monolítico y uniformado, que ya no existe, ni nunca existirá. Ya no volveremos a expulsar judíos ni moriscos, ni a quemar herejes. Digo yo.

El que se queje de los sistemas de ciertos países, del monolitismo islámico o judío, o lo que sea según el fundamentalismo de turno (también hay fundamentalistas del laicismo), ese debería comenzar por nuestra tierra.

Un día un abogado alemán, al saber que me ocupaba de derechos humanos me dijo irónico, “¿y cómo convencéis a los africanos de que no maltraten a sus mujeres?”

– “Comenzaremos en África cuando acabemos de convencer a los españoles para que no maltraten ni asesinen a las suyas, y tenemos trabajo para largo”. Eso contesté.

De paso quiero alegrarme de la posición del Instituto Dámaso Alonso, de Pozuelo de Alarcón, donde hace un año tuve ocasión de compartir una sesión sobre los Derechos Humanos asociada con el 60º Aniversario de la Declaración Universal. Respiré limpio oxígeno en aquella juventud, y ahora me gusta ver que la cosa continúa…

Bueno, va la pequeña antología, y conste que las cursivas son mías. Es para ayudar…

Constitución española (1978)

  • Artículo 96

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.

  • Artículo 10

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España

Breve antología de derecho internacional

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Asumida como norma interpretativa libertades en la dicha Constitución Española, art. 10.2.

  • Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Instrumento de ratificación de España, el 13 de abril de 1977.

  • Artículo 2

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

  • Artículo 13

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

Leer más


Dos buenos amigos, juristas jóvenes y rigurosos, Lydia ella, Javier él, me acaban de regalar, a propósito de los argumentos esgrimidos en la causa contra Baltasar Garzón, este trabajo, cuyo mismo título ya es elocuente. Es puro derecho y alguno puede encontrarlo duro de leer, pero opto por publicarlo aquí, con la expresa licencia de los autores, para que se entere el personal que desee profundizar el tema. Quizá estudias derecho, quizá lo enseñas. En estos casos te interesará más.

Muchas gracias a los dos.

Luis Acebal

Todo por el Derecho, pero sin el Derecho internacional

Ya resultaban desconcertantes algunos extremos del Auto de 3 de febrero del Magistrado-Instructor Varela; aumentaba el grado de conmoción con el Auto de 25 de marzo, en el que la Sala Segunda del Tribunal Supremo afirmaba categóricamente que el primero “contiene una muy técnica y bien construida motivación que explica clara y razonablemente los fundamentos (…) jurídicos de la resolución”; culminándose nuestra perplejidad ante el contenido y tono del último Auto de 7 abril (nuevamente del Magistrado Varela) donde se insiste en que “resulta poco cuestionable la probabilidad de que el Magistrado querellado haya perpetrado los hechos objeto de este proceso”. En lo que al ordenamiento jurídico internacional compete, tales valoraciones no sólo causan asombro, sino que sencillamente son insostenibles.

Desde inicios del mes de febrero, y en representación de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), trabajamos en la elaboración de un Informe en Derecho que hicimos público el pasado 16 de febrero: “Causa Especial Nº. 20048/2009: Querella(s) interpuesta(s) contra el Magistrado-Juez D. Baltasar Garzón, por el supuesto delito de prevaricación. Examen de los argumentos del Auto de 3 de febrero de 2010 desde la perspectiva del Derecho internacional”; a cuyo contenido se han adherido más de un centenar de juristas e Instituciones, nacionales e internacionales. Su objetivo fundamental es demostrar que la mayoría de los asuntos de fondo abordados en el Auto citado forman parte del debate jurídico, desde hace muchos años y en la actualidad; existiendo sobre ellos diversas posiciones legítimamente defendibles. En consecuencia, la conclusión que alcanzamos es, en síntesis, bastante sencilla: A la luz de los argumentos del Magistrado-Instructor, no puede sostenerse jurídicamente que la posición defendida por el Magistrado querellado en sus Autos de octubre y noviembre de 2008, pueda constituir delito de prevaricación. De aquí que sigamos sin comprender afirmaciones tales como que para la Sala Segunda del Tribunal Supremo, “ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación”; sobre la base, ahora en palabras del Magistrado Varela, de que ésta no se constituye “por sostener una opinión jurídica diversa de la que se declara como correcta”.

En el entendido de que lo que se está examinando debiera ser un asunto jurídico, apuntemos entonces algunas ideas clave acerca de parte de lo que parece estar en discusión. En cuanto a la “Ley de Memoria Histórica”, en ella se especifica que sus previsiones son plenamente compatibles con el ejercicio de acciones ante los tribunales de justicia, conforme a las normas internas y los Convenios Internacionales. Por ello, difícilmente puede admitirse la conclusión a la que llega en varias ocasiones el Magistrado-Instructor, cuando, refiriéndose a la decisión de abrir una investigación judicial, se afirma que “el Magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador”. Más bien al contrario, la “decisión del legislador” viene a responder de forma correcta a una amplia jurisprudencia internacional que determina que, en el caso de graves violaciones a los derechos humanos que constituyan una infracción penal, la naturaleza del recurso efectivo debe ser esencialmente judicial. Además, la interpretación de los requisitos de admisibilidad de las acciones en el sentido que más favorece el derecho de acceso a la jurisdicción —máxime cuando se han cometido “horrendos crímenes” (en palabras del Magistrado-Instructor)— no debe merecer reproche penal alguno, pues constituye una actuación respetuosa y conforme con el ordenamiento jurídico internacional.

En relación a la Ley de Amnistía de 1977, los argumentos clave del Magistrado Varela son discutibles, cuando no, claramente insostenibles desde la perspectiva del Derecho internacional. En cuanto al carácter “democrático” de la Ley de Amnistía, destacado en múltiples ocasiones, es indefendible pretender que una medida legislativa, por el hecho de ser aprobada por un Parlamento democrático, siempre habría de ser internacionalmente lícita, aunque su contenido incurriera en contradicción con las obligaciones internacionales del Estado. En realidad, tal conclusión niega la misma existencia del Derecho internacional y prescinde por completo las reglas básicas de funcionamiento de nuestro ordenamiento jurídico, nacional e internacional. Igualmente se sostiene que la concesión de amnistías está avalada por el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. Dicha conclusión se construye a partir de una valoración de su literal más que rebatible, y de hecho, directamente opuesta a la interpretación acreditada del mismo; por ejemplo, la del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha afirmado que las amnistías no pueden amparar crímenes de derecho internacional. El Magistrado-Instructor obvia aquí una amplia jurisprudencia internacional que respalda esta idea, subrayando que las amnistías son incompatibles con el deber de investigar de los Estados en virtud del Derecho internacional. Finalmente, si bien en el no se niega que, en lo que aquí interesa, la Ley de Amnistía de 1977 es difícilmente compatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –vinculante para España antes de la aprobación de la misma-, se defiende la imposibilidad de aplicar tal Pacto. Esta postura es discutible, y de hecho discutida tanto por los expertos como en el seno de los órganos del sistema internacional de protección de los derechos humanos; con lo que en modo alguno puede esgrimirse como prueba inequívoca de que aquél que no la comparta esté prevaricando.

En lo relativo a la consideración de crímenes contra la humanidad y la desaparición forzada, las conclusiones del Magistrado-Instructor, aunque parecen querer evitar la aplicación de estas figuras, tal y como se califican en el Derecho internacional, no se acompañan de razonamientos jurídicos de suficiente peso que justifiquen que un órgano jurisdiccional que sí lo hiciera estuviera prevaricando. De hecho, en muchos extremos, las posiciones de Magistrado Varela son tan genéricas y faltas de basamento identificable que no sólo hacen casi imposible la discusión racional, sino que en realidad ésta parece considerarse como inimaginable. Las cuestiones de fondo, ampliamente debatidas también en la actualidad —cuál es el momento a partir del cual los crímenes de lesa humanidad fueron así tipificados en el Derecho internacional, adquiriendo relevancia plena en el ámbito de la responsabilidad penal individual, así como, desde cuándo se dio el reconocimiento de su imprescriptibilidad— son inicialmente obviadas en el Auto de 3 de febrero, y luego sumariamente descalificadas en el último Auto como “teorizaciones y propuestas” que no entran dentro del ámbito propio “[d]el ejercicio de la potestad jurisdiccional”.

Así, al tiempo que se elude cualquier enfoque internacional, sus posiciones pretenden sostenerse básicamente en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Scilingo. Pero aun dentro de ese límite, no sólo se omiten algunas de las conclusiones adoptadas entonces, sino que en aquellos aspectos —como la prescripción— que no fueron resueltos por el Tribunal, se considera fuera de toda “interpretación razonable” la realizada por el Magistrado Garzón. Desde luego, cabe disentir de los argumentos empleados para llegar a la conclusión alcanzada por el Magistrado querellado, al afirmar la existencia de un “contexto de crímenes contra la humanidad y que son imprescriptibles”; pero valorarlos sencillamente como una prueba evidente de una actuación prevaricadora es a todas luces una afirmación desmedida. Máxime cuando el Magistrado Garzón construyó sus razonamientos en base a las posibilidades que habilitaba la propia sentencia del Tribunal Supremo.

En definitiva, a nuestro entender, con los argumentos que figuran en el Auto de 3 de febrero, aparentemente ratificados por los Autos de 25 de marzo y 7 de abril, y en los aspectos que hemos señalado, es insostenible concluir que la construcción jurídica que realizó el Magistrado Garzón es “manifiestamente contraria a Derecho” y que puede constituir delito de prevaricación. Por ello, y más aun tras el último Auto indicado, desconcierto es lo menos que podemos sentir.

Javier Chinchón Álvarez es Director Ejecutivo de la AEDIDH y Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.

Lydia Vicente Márquez es Miembro de la AEDIDH, abogada y Consultora Internacional de derechos humanos.


Con estas palabras nos envía mi amiga Mariola este enlace: “Dieciocho minutos de sentido común. Sobre el “tercer mundo”, la literatura, el poder de la palabra y el peligro de la historia única… entre otras muchas cosas. Todo ello narrado por una auténtica contadora de historias procedente de Nigeria. Encontrad un huequecillo y no os arrepentiréis.”

Se lo podemos dedicar a Helena Maleno (PANDORAS INVISIBLES) pensando en Ágatha la nigeriana que todavía quiere volver aquí, y a Olga Rodríguez (MINOTAURO SUELTO) en recuerdo del nigeriano detenido en Suiza y muerto, ahogado por las ataduras de quienes lo deportaban.

Nigeria inmensa, el país más poblado de África, mar de petróleo y pozo de miseria, como otra ex-colonia nuestra mucho más pequeña, la que tú y yo sabemos…

Y para que nadie adjudique a Nigeria una malvada “Historia Única”, ahí está escribiendo sus novelas Chimananda Ngozi Adichie, quien tuvo que salir afuera para entender mejor a su país por dentro. Es una voz distinta, que suena a nueva. Será que trae verdades sencillas…

Pues eso, quien tenga tiempo que se gaste esos minutos con África, “el pecado de Europa” como la bautizó otro Luis. Gracias a Mariola y a su amiga Isolina.

Puedes elegir la lengua de los subtítulos en la pestaña de la derecha del play.


Dedicado a D. Luciano Varela, con todo respeto por cierto

Con frecuencia se hace notar lo alejado que está el Derecho Internacional de la mente de muchos jurisperitos y aun jueces españoles.

Se comprende que sea así tras 40 años de nacionalismo hispánico (nacionalsindicalismo, nacionalcatolicismo, nacionalespañolismo imperial, matícese como se quiera), sumados a 35 años de recomposición inacabada de problemas internos, absortos en la búsqueda de respetabilidad y acceso a la mágica Europa de los mercaderes y sus riquezas. Todo eso explica bien que nuestros juristas hayan atendido preferentemente a cosas distintas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

Pues bien, el DIDH aparece ya constituido como un bloque jurídico bien definido dentro del Derecho Internacional, fraguado a partir de la Declaración Universal y de la entrada en vigor desde 1976 de los dos Pactos Internacionales con su espectacular desarrollo en una sólida cadena de tratados internacionales. Son tratados referidos, por citar algunos más importantes, a la lucha contra la discriminación (racial o de la mujer), a la persecución del genocidio y de la tortura y malos tratos, a los derechos del niño, o de las personas con discapacidad, o de los trabajadores migratorios y sus familias, o a la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que cito el último para que quede más fresco en la memoria.

Si exceptuamos la factura pendiente sobre los trabajadores migratorios, que tarde o temprano tendremos que afrontar, España ha ratificado diligentemente todos esos tratados con pasión por agruparse con los respetables primeros de la clase.

Pero conseguido el diploma, ya no hace falta trabajar mucho más. Esta mentalidad celtibérica, que conocemos bien, parece reflejarse a veces en la notable inconsciencia con que se procede a ratificar esos tratados con espíritu aparentemente muy retórico, con mil ganas de quedar bien en discursos políticos y de emitir perezosos informes para las Naciones Unidas. Debe parecer que en la liza de los derechos humanos lo nuestro es el pelotón de cabeza, casi como Fernando Alonso, el Bulli, o Rafa Nadal.

Pero ratificar Tratados no es gratis. Hete aquí que el Derecho Internacional también es nuestro derecho interno, lo cual compromete mucho. Lo dice así la Constitución Española, art. 96.1:

“Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional”.

¡Cielo santo! Esto lo teníamos todos bien claro cuando se trata de nuestra homologación europeísta y otras grandes ventajas nacionales. Por eso en el verano de 1992 no se dudó en modificar la mismísima Constitución para adaptarla al Tratado de la Unión Europea de modo que los ciudadanos europeos residentes en España puedan ser elegidos en las municipales. Había que adaptar nuestra normativa nacional al primado de la internacional.

Ahora recogemos el hilo de las desapariciones. La reciente Convención Internacional sobre la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha sido ratificada por España el pasado 24 de septiembre de 2009. Es cierto que este Tratado aún no ha entrado en vigor, pues faltan uno o dos Estados por ratificarlo. Pero en buen Derecho Internacional no se puede presumir que existiera la menor mala fe de España al haberlo ratificado por su parte y, por lo tanto, ninguna voluntad de no traducir su contenido en la normativa interna que deberá ser por ello modificada o enriquecida (ejemplos: Ley de Amnistía o Código Penal). Bueno, como inciso, hablando de la presunción de mala fe, esta es la que parece que se aplica al Juez Garzón por quien se sube a la parra de querer verlo como prevaricador.

Pues bien, la citada Convención en su artículo 8.1 b) dice lo siguiente:

1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal:

2. Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito.

El delito tiene, pues, carácter permanente hasta que aparece el desaparecido vivo o se identifica su cadáver. Y solo entonces, según este tratado, un Estado podría iniciar un plazo proporcionado de prescripción.

¿De qué delito se puede hablar? Lo ha dicho más arriba la propia Convención, art 5:

“La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable”.

Cuando, según datos de diversas fuentes, hay entre 114.000 y 144.000 denuncias, activadas ante el Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional, de personas desaparecidas con nombres y apellidos, no parece que la práctica pueda haber dejado de ser generalizada o sistemática. Piénsese además que los casos que alguien llega a denunciar deben de ser una minoría dentro del número total.

Podríamos aceptar que no existe pleno consenso sobre si la Ley de Amnistía de 1977 fue fruto de un acuerdo general, lo que la haría diferente de las consabidas y nefastas “autoamnistías”, por ejemplo en algunos países latinoamericanos, casos que hemos visto y denunciado con aceptación de los tribunales españoles.

Pero podemos pensar, sobre todo quienes lo hemos vivido, aunque modestamente me reconozca beneficiario del denominado “tímido” indulto real de noviembre de 1975, podemos pensar, digo, que en el momento de 1977 se amnistiaba, de hecho y sobre todo, a la oposición a la dictadura, a todos los que a causa de actividades de orden político estábamos procesados o condenados por los juzgados y tribunales, comenzando por el siniestro Tribunal de Orden Público. En esta gente se estaba pensando, lo cual coincide con el lujo de matices de la Ley distinguiendo entre delitos cometidos después de diciembre de 1976, y junio de 1977, o con el hecho de que Alianza Popular estuviera en contra del proyecto, que procedía de la oposición al Gobierno de la UCD, aunque esta lo votó favorablemente. No debería estar tan claro que se amnistiaba con la misma energía a algunos políticos o militares o fuerzas del “orden” de la dictadura. Estos no lo necesitaban, porque con los que estaban vivos ¿quién se atrevía? Todavía en enero de 1979, con nuestra Constitución recién nacida, un grupo de militares zarandeaban al Vicepresidente del Gobierno, Gutiérrez Mellado, y arrebatando el féretro del Gobernador Militar de Madrid, asesinado la víspera por ETA, salían a la calle de Alcalá, donde esperaba una multitud que los acompañó a pie hasta el cementerio de la Almudena al grito de ¡Ejército al poder!

¿Quién se atrevía?

Sea como sea: lo importante, lo que parece ignorar algún sesudo magistrado del Tribunal Supremo, es que, más allá de si hay que derogar o no la Ley de Amnistía, en todo caso España, al ratificar en 2009 la citada Convención, ha contraído la obligación de aplicarla por encima de la tal Ley de Amnistía, que en todo caso, en consonancia con el Derecho Internacional, tiene que ser al menos modificada por las Cortes, con o sin hablar de Garzón.

Alguien ha observado que esta cuestión se hubiera evitado si España, antes de ratificar la Convención, hubiera formulado una reserva previa referida al mantenimiento intacto de la ley de 1977. El tratado no prevé la posibilidad de reservas, pero sí la propuesta de enmiendas aunque estas tienen que ser aceptada por dos tercios de los Estados-parte. Pero en todo caso las normas del Derecho de los Tratados no hubieran autorizado tal reserva, pues se juzgaría que es de aquellas que por su incompatibilidad con el objeto y fin del Tratado sería inaceptable, aparte de que infringiría la prescripción de la Convención de Viena de 1969: “Un [Estado] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (Art. 27).

Nos hemos detenido sobre esta decisión española de ratificar ¡hace nada! la Convención específica relativa a las Desapariciones Forzadas de personas. Con más lujo de detalles se hubiera podido mostrar que esta Convención es un desarrollo del Derecho Internacional, con referencia a Convenciones de Ginebra, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derecho a la verdad, sin olvidar el Derecho Internacional Consuetudinario. Se podría hablar también de alguna jurisprudencia española en sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional. Por último, entra también en liza el art. 10.2 de la Constitución Española, cuyo texto literal hemos reproducido en este mismo blog hace un par de semanas.

Para los amigos que no os hayáis desanimado antes de llegar leyendo hasta aquí vale el siguiente resumen:

Fallecidos todos los presuntos autores de los crímenes, queda en pie el derecho de satisfacción a las víctimas, y a sus familias, puesto que los delitos no han podido prescribir antes de que se localicen e identifiquen los restos de cada desaparecido. Y si esto no cabe en la Ley de Amnistía, el Estado está obligado a hacerlo caber.

El debate sobre la derogación o no de esa Ley es distinto, y no conviene mezclarlo aquí. Un debate no es una obligación. Pero acusar a alguien de obviar la Ley de Amnistía en lo que esta ha de someterse al Tratado Internacional es… dejémoslo en ignorancia grave.

Digo yo. ¿O es que se sabe que la causa no tendrá buen fin, pero entretanto se conseguirá suspender preventivamente la carrera de cierto juez que molesta a unos cuantos? Porque entonces no estamos hablando de derecho, sino de cacería. Por cierto que será caza mayor…

Y sobre las causas del generalizado analfabetismo funcional español en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional trataremos más extensamente otro día.


Pensando en D. Ángel Gabilondo y en Dª. Mª Dolores de Cospedal

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, dice la Constitución Española, apartado 2 del artículo 27, referido todo él a la Educación. Se diría que, para cumplir con su objeto la educación tendrá que hacer entender y aceptar esos principios, derechos y libertades que el educando ha de respetar. Pero ¿qué criterios seguir para contárselos?

La misma Constitución Española, art. 10.2, había dado una respuesta. Decía, 17 números más atrás que: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Volvamos al 27.2 CE. Al establecerlo nuestros constituyentes de 1978 ya habían manejado los Derechos Humanos y se habían inspirado en ellos. El más idiota lo detecta viendo que el 27.2 de marras es una resonancia, por ejemplo, del art. 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;…”. Lo que viene en los puntos suspensivos es bastante fuerte, pero lo comentaremos otro día, que hay tela cortada para años.

Y, para rematar, veamos esto:

“Los Estados Partes en el presente Pacto… convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales…”. Art. 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto había sido ya ratificado por España en 1977. Firmaba el Ministro Marcelino Oreja Aguirre, de la UCD, para sorpresa de muchos, los que creen que los Derechos Humanos son patrimonio exclusivo de la izquierda política.

Es difícil encontrar una sintonía tan significativa entre textos de diferente ámbito y rango. ¿Y cómo no aplicar normas tan convergentes, que a los españoles nos afectan por todas partes?

Hoy propongo que, constatando esta masiva armonía y pleno acuerdo, busquemos:

  • alguna explicación para el hecho de que con estos principios constitucionales e internacionales ningún Gobierno español desde 1978 hasta 2006 haya propuesto por ley que los españoles tengan que recibir educación sobre tales derechos y libertades, interpretados según las Declaraciones y Tratados de Derechos Humanos como manda la Constitución.
  • alguna razón que explique por qué cuando en la actual ley de Educación aparece una asignatura titulada “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, el personal ignore la segunda parte del título. Y por qué, en una especie de Pacto implícito, los grandes partidos pelean solo sobre “Educación para la Ciudadanía”, y dejan en la penumbra la 2ª parte:  “y los derechos humanos”.
  • alguna razón para que, deseando sinceramente un pacto, el Ministro Gabilondo y la Sra. de Cospedal no detecten el problema y en un parto feliz acuerden matizar la famosa “Educación para la Ciudadanía” girando su currículo oficial hacia “los derechos humanos”. Esto sería muy nuevo, porque hoy el currículo apenas trata de ellos.

Se esperan estas sugerencias y comentarios explicativos . (Salvo que esto no lo entienda nadie, o no le interese, lo que confirmaría la inexistencia de educación en y para los Derechos Humanos).

Luego habrá que seguir adelante.


No sé por qué, en estos días me he estado acordando de aquel señor juez corrupto, condenado y encarcelado por sentencias de sus antiguos colegas.

O sí sé por qué, que estamos viviendo un espectáculo en la judicatura, ese queso del que se reparten porciones partidarias y partidistas. Y si no se consigue el reparto, convergen los repartidores para bloquear la Institución; del Constitucional para abajo, ninguno se sienta libre o exento de que le hinquen el freno de mano. Los repartidores concuerdan in extremis para ver quién aguanta más con este Tribunal, o con este Consejo, tal como está. La independencia judicial resplandece cuando no la consiguen manejar mientras no llegue un Gran Vencedor. La dependencia se cuela por las otras rendijas abiertas.

Viene alguien y dice que dimite, porque no quiere contaminarse del sistema con que se está repartiendo el citado queso. Y quien ayer presumía de cuántas prebendas había conseguido para los suyos, hoy se escandaliza diciendo que aquí solo vale el mérito de cada cual (si es de los míos o si fuimos compañeros en algún Gran Negociado del poder). Se nos está exhibiendo un miserable revoltijo de cinismos, partidismos, agrupacionismos… creados intereses en fin, más que derechos. ¡Y cómo vuelan al viento las facturas por los rencores más resecos!

Se me abren las costuras del alma cuando veo cómo la división de los poderes del Estado no ha entrado de veras en miles de mentes españolas, algunas tan influyentes. He apuntado declaraciones públicas, pronunciadas en directo por la voz interesada, tan alucinante como culpablemente ignorantes del ABC de la democracia. Las contaré otro día. No hay que abusar.

Ahora me acuerdo de Luis Pascual Estevill: este quería dinero, se lo llevaba crudo compinchado con el abogado, le cazaron, lo empapelaron y luego se fue al tercer grado como un señor. Confieso que llego a entender con alguna facilidad la historia del juez ladrón. Fue un asunto vergonzoso, pero felizmente cerrado. Creo que ya no es peligroso. Me pone en paz.