Ruedas de molino – Luis Acebal

Retomo mis RUEDASDEMOLINO para transmitir este llamamiento que me remite el amigo Giorgios Mitralias desde Atenas.

Por el derecho de los pueblos a auditar la deuda pública

 

A los pueblos de Europa y del mundo,

A todos y todas las que rechazan las políticas de austeridad y no aceptan pagar una deuda pública que nos ahoga, que fue contraída sin nosotros y contra nosotros. 

Quienes firmamos este llamamiento nos situamos junto al pueblo griego que, tras su voto en las elecciones generales del 25 de enero de 2015, es el primer pueblo en Europa –y en el hemisferio Norte- que ha rechazado las políticas de austeridad aplicadas en nombre del pago de una deuda pública contraída por los de arriba, sin el pueblo y contra el pueblo. Al mismo tiempo, consideramos que la creación de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública, por iniciativa de la Presidenta del Parlamento griego, constituye un acontecimiento histórico de fundamental importancia, no sólo para el pueblo griego sino también para los pueblos de Europa y del mundo entero.

En efecto: esta Comisión, compuesta por ciudadanos y ciudadanas voluntarias llegadas de todo el orbe, sin duda estimulará iniciativas semejantes en otros países. En primer lugar, porque el problema de la deuda es una verdadera peste que se abate sobre casi toda Europa y otros lugares. Y también porque muchos millones de ciudadanas y ciudadanos plantean, con sobrada razón, preguntas a la vez elementales y fundamentales sobre la deuda:

-¿Qué ha pasado con el dinero de los préstamos, y en qué condiciones se solicitaron estos préstamos? ¿Qué intereses se han pagado ya, bajo qué tipos de interés, qué parte del principal ya se ha devuelto? ¿De qué manera la deuda ha crecido sin que ello beneficie al pueblo? ¿Qué caminos han tomado los capitales? ¿Para qué han servido? ¿Qué parte se ha sustraído, por quién y cómo? Y también:

-¿Quién ha pedido prestado, y en nombre de quién? ¿Quién prestó y cuál fue su papel? ¿De qué manera se ha visto implicado el Estado, quién y cómo tomó las decisiones? ¿Cómo las deudas privadas se convirtieron en “públicas”? ¿Quién ha impulsado proyectos inadecuados e inútiles, quién contrató, quién se ha beneficiado? ¿Se han cometido delitos –por no decir crímenes- con ese dinero? ¿Por qué no se sustancian responsabilidades civiles, penales y administrativas? 

Todas estas preguntas las va a analizar de forma rigurosa la Comisión especial creada por iniciativa de la Presidenta del Parlamento de Grecia, Comisión cuyo mandato oficial se formula así: “Recopilar todos los datos relacionados con el surgimiento y el aumento desmesurado de la deuda pública y someterlos a minucioso escrutinio científico con el objetivo de definir qué parte que se puede identificar como deuda ilegítima, ilegal, odiosa o no sostenible, y ello tanto durante el período de los Memorandos, entre mayo de 2010 y enero de 2015, como en años anteriores. La Comisión también debe publicar informaciones claras y accesibles para todos los ciudadanos, realizar declaraciones públicas, facilitar la toma de conciencia de la población griega, así como de la comunidad internacional y la opinión pública internacional, y finalmente redactar argumentaciones y demandas relativas la cancelación de la deuda.” 

Consideramos que constituye el más elemental de los derechos democráticos, para cualquier ciudadano o ciudadana, el plantear estas preguntas y obtener respuestas claras y precisas a las mismas. Entendemos que rechazar responderlas supone una denegación de democracia y un rechazo de transparencia por parte de los de arriba, que han inventado el “sistema-deuda” y lo utilizan para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Aún más grave: juzgamos que, al monopolizar el derecho a decidir sobre el curso de la sociedad, los de arriba privan a la inmensa mayoría de las ciudadanas y ciudadanos no sólo de su derecho a decidir, sino sobre todo del derecho a asumir sus propios destinos, así como tomar las riendas del destino de la humanidad.

Por eso, en esta situación de emergencia, dirigimos el urgente llamamiento siguiente a todos los ciudadanos y ciudadanas, a los movimientos sociales, a las redes y movimientos ecologistas y feministas, a los sindicatos de trabajadores y a las formaciones políticas que no se reconocen en esta Europa neoliberal, cada vez menos democrática y humanista: 

Manifestad vuestra solidaridad con esta Grecia resistente apoyando ahora, de forma activa, a la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública griega y su trabajo de identificación de la porción ilegítima, ilegal, odiosa o no sostenible de tal deuda.

Defended a la Comisión de los indignos ataques con que la acosan quienes, en Grecia y en todo el mundo, están interesados en mantener oculta la verdad sobre el “sistema-deuda”.

Participad activamente en los procesos de auditoría ciudadana de la deuda que se están desarrollando en muchos lugares, en Europa y fuera de ella.

Compartid en red vuestro apoyo y solidaridad, pues sólo semejantes apoyos y solidaridades pueden lograr frustrar el plan de los poderosos que quieren asfixiar a la Grecia que lucha contra nuestros enemigos comunes: las políticas de austeridad y la deuda que nos ahoga.

Frente a adversarios experimentados, unidos, bien coordinados, armados con poderes exorbitantes y sobre todo decididos a llevar hasta el final su ofensiva contra todos y todas los que constituimos la aplastante mayoría de nuestras sociedades, no podemos permitirnos el lujo de resistir por separado, cada cual aislado en su rincón.

Unamos nuestras fuerzas en un vasto movimiento de solidaridad con la Grecia resistente y apoyemos a la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública griega, y multipliquemos Comisiones semejantes allí donde sea posible. 

La lucha del pueblo griego es nuestra lucha, y su victoria será la nuestra, pues sólo la unión hace la fuerza.

Entre los y las firmantes:

  El economista comprometido Yorgos Mitralias me anuncia desde Atenas, el pasado 23 de abril, que van a apoyar de entrada este llamamiento personalidades como

Naomi Klein, Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Noam Chomsky, Ken Loach;

así como dirigentes sindicales, activistas de movimientos sociales, responsables políticos e intelectuales y artistas de renombre. Luego se hará público para recabar adhesiones de los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo.

Envíense las adhesiones a Yorgos Mitralias <giorgos.mitralias@gmail.com>


Curioso el mes de julio: la semana pasada los vecinos franceses han celebrado su fiesta nacional del 14 juillet. Ha sido el 222 aniversario de la toma de La Bastilla por el pueblo. Nicolás Sarkozy ha presidido el gran desfile y 9 cazarreactores trazaron sobre el cielo de París las franjas tricolores de la bandera.

Cuando sucedía aquella revolución no había justicia internacional. Ninguna instancia superior a un Estado podía juzgar crímenes cometidos allí. Fueron los propios ciudadanos quienes reivindicaron los ausentes derechos de la ciudadanía, y condenaron a los tiranos, no sin antes intentar entenderse. El Rey Luis XVI llegó a jurar la Constitución, juramento que el pueblo iba repitiendo frase a frase en el día del primer aniversario, 14 de julio de 1790, que inauguraba la fiesta nacional luego repetida hasta hoy.

Pero el Rey violó después su juramento, intentando huir y recabar apoyo extranjero para una guerra de reconquista que le devolviera el poder absoluto y matase la joven democracia. Le cazaron por el camino y, detenido con toda su comitiva, fue juzgado y ejecutado en enero de 1793.

La que condenó al tirano impune fue, pues, una justicia nacional, incubada durante siglos de absolutismo.

No había justicia internacional.

Damos un salto en el tiempo y llegamos al 18 de julio de 1936. Otro aniversario, aún festivo para algunos.

Guerra civil española (AP)

España había conquistado la democracia en 1931. Fue entonces, también un 14, pero de abril, cuando el Gobierno republicano había saludado desde el balcón de la Puerta del Sol. Aquel “Gobierno Provisional” era la concentración de un amplio abanico que reivindicaba los derechos del pueblo, desde la “derecha civilizada” (Miguel Maura lo ha contado) hasta la izquierda radical. El Rey en este caso había huido sin haber jurado nada; se había autoexilado no pudiendo asumir, desde la dictadura de Primo de Rivera, el panorama constitucional que se veía venir.

Y el 18 de julio viene la insurrección militar y falangista, confundida a fondo con  la religión. Tras la guerra más cruel, un largo recorrido de represión. El dictador totalmente impune desde el asesinato de Balmes, firma miles de penas de muerte en un terrible rosario que dura hasta las ejecuciones de septiembre, y también hasta octubre de 1975, cuando un vergonzoso tratado entrega a los

saharauis, que llevaban en el bolsillo el DNI de ciudadanos de España. Muchos miles de españoles sufren la represión durante esos largos 39 años, mientras otros muchos se dejan narcotizar en el crecimiento económico, olvidados de la libertad. Entonces se vivía bien: algo así dijo un día Jaime Mayor.

Tampoco había justicia internacional. Y la nacional estaba manipulada.

El 17 de julio, entre el 14 y el 18, hemos celebrado el DÍA DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL.

Ahora ya hay Justicia Internacional. Criatura recién parida.

Llega muy tarde, pero está llegando. 116 Estados ya han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional  (el “Estatuto de Roma”, adoptado el 17 de julio de 1998). El último: Túnez, a fines del pasado junio. La de Túnez es una novedad significativa, síntoma de un principio entre estados árabes y del Mediterráneo Sir, hasta ahora ausentes.

Otros 23 países han firmado el Estatuto, pero aún no se animaron a ratificarlo. El hecho es que crímenes contra la humanidad cometidos por gobernantes impunes comienzan a ser perseguidos, a pesar de la escasez de medios con que cuenta este Tribunal y a pesar del boicot a que lo han sometido los Estados Unidos de América, desde que el Sr. Bush (junior) anuló la firma que había estampado sobre el Estatuto el Presidente Clinton en los últimos días de su mandato.

Pero a pesar de los pocos medios y del boicot, la Corte Penal Internacional (CPI) ya va adelantando sus primeros pasos. Ya ha pasado por sus prisiones más de un criminal impune, el último: Mladic. Otros están procesados, dictadas ya las debidas órdenes de busca y captura internacional.

La CPI solo actúa cuando los correspondientes Estados no quieren o no pueden actuar contra estos crímenes gravísimos, que por ofender al género humano en cuanto tal se denominan “crímenes internacionales”.

La Corte no está sola. Desde la misma primera etapa de negociación del Estatuto su lanzamiento vino y viene apoyado por una “Coalición de ONG por la Corte penal Internacional”. A esa activa Coalición pertenecemos bastantes millones de miembros de las ONG que la componen, desde la mayoría de los países. En Iberoamérica solo faltan por ratificar Guatemala, Nicaragua y El Salvador, una vez conseguida hace un par de años la adhesión de Chile. La Coalición se fija “países objetivo” de sus campañas para conseguir más respaldo internacional para la Corte, y los tres citados estados centroamericanos serán nuestro objetivo durante el próximo mes de septiembre. Respecto de los tres mencionados algunos estamos implicados en querellas de jurisdicción universal, desde la Audiencia Nacional española, sobre crímenes cometidos en Guatemala y El Salvador. En 2008 diversas ONG internacionales y países de toda América Latina firmaron una declaración en Guatemala presionando en la debida dirección.

La existencia de la CPI se armoniza y converge con el desarrollo de la Jurisdicción Universal sobre crímenes internacionales, ejercida desde tribunales nacionales. Lo que a mediados del siglo pasado comenzó en Núrenberg y Tokio, a finales del mismo siglo ha vivido un acelerón, iniciado con el caso Pinochet. Se trata de un instrumento concurrente con la CPI en una empresa de justicia donde todo esfuerzo es pequeño. Además, la jurisdicción de la CPI sólo se extiende sobre delitos cometidos a partir de julio de 2002, cuando el Estatuto de Roma entró en vigor.

Con la creación de las Naciones Unidas en 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y el resto de tratados internacionales que han constituido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el S. XX ha podido ser considerado como “el siglo de los derechos humanos”, en el que han surgido los primeros ímpetus para la globalización del género humano en la perspectiva no financiera sino sencillamente humana, libre y solidaria, en toda su profundidad.

Parece claro que, en medio de tantos seísmos y tsunamis de las finanzas, frente al totalitarismo de “los mercados”, el siglo XXI está llamado a merecer el título de “siglo de la justicia internacional”. Hay tela cortada.

Y situándonos en nuestro más reducido patio europeo, en cualquier mes de julio, quienes pensemos en aniversarios los días 14 y 18 deberíamos entre ambos, el 17, tener presente este nuevo hito, el más  abierto al futuro: el Día de la Justicia Universal. Un aspecto más de lo que podrá ser un día la democracia real para todos los seres humanos iguales y sin discriminación.


Está de moda la Ley anti-tabaco en lugares públicos. Crece la publicidad de métodos para dejar de fumar. Algunos amigos te dicen que quieren hacerlo y buscan ayudas varias para aprovechar la ocasión. Te preguntan cómo hiciste para llevar 21 años sin tocarlo, después de estar fumando dos paquetes diarios durante otros muchos años más.

Ocasión para recordar que el tabaco es una droga. Por eso me acaban de enseñar que no se debe decir “tabaco, alcohol y drogas”, sino “tabaco, alcohol y otras drogas”. Es un razonado consejo que encuentro en una interesante “guía de estilo periodístico para ampliar y mejorar la información en materia de drogas y otras adicciones”. La está presentando la Asociación Proyecto Hombre en diversas sedes suyas en toda España.

El Proyecto hombre se queja de que muchas veces en los medios de comunicación no tratamos el tema de las drogas de manera positiva. Por eso han pensado que necesitamos criterios para mejorar el lenguaje sobre las drogas y nos regalan este ejemplar. Ciertamente no es baladí el pensar que según qué palabras se emplean para designar a alguien o algo, en la sociedad se va condicionando la visión (y después la opinión) sobre ese alguien o algo. Un elemental respeto exige hablar con propiedad. Sobran expresiones despectivas, sobra hablar de “drogatas”, “yonkis”, “enganchados”, etc. La persona adicta a una o varias drogas merece para empezar todo ese respeto como tal persona que tiene capacidad y puede salir adelante.

Lo de la droga no es mera cuestión individual. Concierne a la sociedad. Y sin embargo en la sociedad cada vez nos ocupamos menos de ello. No nos damos tanta cuenta como antes: la cuestión de la droga está perdiendo visibilidad para la gente.

Las estadísticas del Observatorio sobre las drogas miden los porcentajes de gente que declara haber visto en su barrio determinados signos de la presencia del consumo de las drogas: jeringuillas por el suelo, personas inyectándose, vendedores, “drogodependientes tirados”, etc… Pues bien, en los últimos años, exceptuando que se sigue percibiendo a los vendedores, todos los indicadores han experimentado acusados descensos de percepción social, sin duda por el retroceso de la heroína, que siempre ha sido la más aparatosa en signos externos.

Estos datos permiten comprender esa caída del problema de la droga en el ranking de mayor preocupación para los españoles. Si en los primeros años 90 este era el problema número tres por orden de importancia, hoy anda en torno al puesto 16 o 17 según información facilitada por Francisco Recio, Director General de Proyecto Hombre.

Pues bien, mal que nos pese el consumo de droga crece entre nosotros, con la dicha excepción de la heroína. Hay, pues, más droga y los ciudadanos lo notamos menos. La adicción penetra el cuerpo social donde cada vez hay más personas que no la dejan ver fácilmente. “El perfil del consumidor ha cambiado. En la mayoría de los casos, ya no se trata de personas con perfiles desestructurados, sino de consumidores con perfiles socialmente integrados que compatibilizan su adicción con una vida social y laboral normalizada”.

Estos nuevos perfiles se manifiestan también en el crecimiento de algunas combinaciones que están siendo estudiadas: qué porcentaje de consumidores de una determinada droga consume también tales otras, medidas una por una. Así, por ejemplo se nos hace notar el crecimiento notable del emparejamiento entre cocaína y alcohol. Es un ejemplo.

El mundo de la adicción desborda también el del consumo de productos químicamente analizables. Se hacen notar las ludopatías, o las adicciones al sexo o también a las nuevas tecnologías, con la consiguiente necesidad de nuevos programas de tratamiento. Aparece asimismo la combinación del consumo de una droga interaccionando con patologías de tipo dual que añaden la necesidad de tratamientos más complejos en la medida en que revelan problemas más profundos de integración de la personalidad. La propia estadística interna de Proyecto Hombre ha atendido en 2009 a 1.454 de estos casos de trastorno dual, un 7,5 % del total de los usuarios incorporados en sus programas (casi 19.500).

Salir de la adicción a la droga es un deseo sentido por cualquier adicto. Pero el esfuerzo para conseguirlo sin otra herramienta que la propia voluntad es realmente muy arduo, porque toda adicción tiene cualidades de círculo vicioso, de ritual siempre insaciable, siempre reclamando repetición. Es cierto que nadie sale sin esfuerzo, y que este suele necesitar un apoyo, una ayuda del exterior. Organizaciones de tipo asociativo, alcohólicos anónimos o Proyecto Hombre, por citar a estas dos entre otras trabajan sobre dos teclados: prestan apoyo y a la vez estimulas el esfuerzo personal.

Un apoyo de importancia repetida es el que procede de la familia, como testigos personal, afectiva y efectivamente implicados. El que emprende el esfuerzo hercúleo de buscar salida necesita saber que alguien le está mirando, no para vigilarle, sino para acompañar, estimular y admirar su tarea, su constancia. La persona afectada trepa, pero sabe que alguien se interesa, le está mirando, le hace una permanente foto.

Hasta tal punto es importante el apoyo familiar, que junto a los que se acercan al tratamiento por iniciativa personal hay una alta proporción de usuarios de los servicios de una organización como Proyecto Hombre que llegan allí impulsados por la sugerencia de sus familias. (Otros llegan por prescripción judicial, aunque también puedan contar luego con sus familias).

Es más, ha sido necesario crear una línea de trabajo especializada que se dirige a las adicciones cuyos sujetos carecen de apoyo familiar. Son un porcentaje menor (5,3 %) en la estadística de Proyecto Hombre, pero se encuentran en una proporción mucho mayor en la sociedad en general.

Realmente el problema de la droga y las adicciones tiene carácter claramente social, ya de entrada en cuanto afecta a todas las personas que rodean al adicto, desde el caso en que la persona afectada es un hijo o hija hasta el extremo opuesto en que se trata quizá del mismo cabeza de familia. Es grave caer en la tentación de considerarlo como una cuestión puramente individual, y no digamos de cargarlo todo con distintas connotaciones morales que redundan en la consideración del adicto como un individuo sospechoso, o de segunda, o peligroso, y no como una persona afectada patológicamente y abocada, salvo curación suficiente, a importantes deterioros. La actual extensión del consumo de cocaína presenta la dificultad de que a primera vista se percibe menos ese deterioro de la persona, el cual termina apareciendo cuando ya la destrucción se hace muy grave una vez que el consumo se ha ido prolongando durante años.

No hay mafia buena. Mas la que obtiene inmensos beneficios a base de engañar a personas que, quizá ingenuamente para comenzar, sienten una atracción por las nuevas sensaciones y por el halo de la transgresión que otro les ofrece, esa mafia es la peor de todas y con frecuencia alimenta a las demás. Por lo demás es sabido que el “apostolado” proselitista de mano en mano suele venir ejercido por personas individuales que, víctimas ellos mismos de la adicción, encuentran en la distribución del producto el modo de cobrarse la “comisión” para financiar su propio consumo.

El deterioro de la persona es el primer problema humano es esta cuestión. La obsesiva necesidad de financiar su nada barato consumo arrastra además hacia el delito. En nuestras prisiones es incómodo contar cuántos han delinquido en el marco de su búsqueda de droga. Mucho más práctico y sencillo es contar el mucho más bajo porcentaje de los reclusos que llegaron al mundo penitenciario sin haber tenido nada que ver con esto.

Todas estas cosas son bastante sabidas, pero los estudios dicen que son poco a menudo recordadas por quienes las sabemos. Nos resulta más fácil despreciar a las víctimas y mirar para otro lado.


Sabía más que la ONCE de la ceguera que nos aqueja. Ahora queda el ir escarbando, no solo en los libros, sino en la multitud de partos breves del más anciano y moderno bloguero y patrón de blogueros.

Cada uno escoge lo que más le toca por dentro. Y modestamente me pronuncio por esta pareja de textos sabios y breves. ¿Qué mejor regalo para los amigos?:

La otra crisis

Por José Saramago

Crisis financiera, crisis económica, crisis política, crisis religiosa, crisis ambiental, crisis energética, si no las he enumerado todas, creo haber enunciado las principales. Falta una, principalísima según mi entender. Me refiero a la crisis moral que arrasa el mundo y de la que me permito dar algunos ejemplos. Crisis moral es la que está padeciendo el gobierno israelí, de otra manera no sería posible entender la crueldad de su actuación en Gaza, crisis moral es la que infecta las mentes de los gobernantes ucranianos y rusos condenando, sin remordimiento alguno, a morir de frío a medio continente, crisis moral es la de la Unión Europea, incapaz de elaborar y poner en marcha una política externa coherente y fiel a unos cuantos principios éticos básicos, crisis moral es la que sufren las personas que se aprovecharon de los beneficios corruptores de un capitalismo delincuente y ahora se quejan de un desastre que tenían que haber previsto. Son sólo algunos ejemplos. Sé muy bien que hablar de moral y moralidad en los tiempos que corren es provocar la hilaridad de los cínicos, de los oportunistas y de los simplemente listillos. Pero lo dicho, dicho está, y estas palabras algún fundamento tienen. Eche mano cada uno a su conciencia y diga lo que encuentra.

El cuaderno de Saramago, 16 de enero de 2009

A partir de los cincuenta se aprende muchísimo

Por José Saramago

Si uno conserva sus facultades mentales intactas y sigue estando atento e interesado por lo que pasa a su alrededor, a partir de los cincuenta se aprende muchísimo. Cada año te va enseñando a ser más bueno, más comprensivo, más compasivo. Por supuesto hay gente mayor nada recomendable; los años por sí solos no necesariamente conducen a la sabiduría.

Publicado en Instituto Camoês


Dos buenos amigos, juristas jóvenes y rigurosos, Lydia ella, Javier él, me acaban de regalar, a propósito de los argumentos esgrimidos en la causa contra Baltasar Garzón, este trabajo, cuyo mismo título ya es elocuente. Es puro derecho y alguno puede encontrarlo duro de leer, pero opto por publicarlo aquí, con la expresa licencia de los autores, para que se entere el personal que desee profundizar el tema. Quizá estudias derecho, quizá lo enseñas. En estos casos te interesará más.

Muchas gracias a los dos.

Luis Acebal

Todo por el Derecho, pero sin el Derecho internacional

Ya resultaban desconcertantes algunos extremos del Auto de 3 de febrero del Magistrado-Instructor Varela; aumentaba el grado de conmoción con el Auto de 25 de marzo, en el que la Sala Segunda del Tribunal Supremo afirmaba categóricamente que el primero “contiene una muy técnica y bien construida motivación que explica clara y razonablemente los fundamentos (…) jurídicos de la resolución”; culminándose nuestra perplejidad ante el contenido y tono del último Auto de 7 abril (nuevamente del Magistrado Varela) donde se insiste en que “resulta poco cuestionable la probabilidad de que el Magistrado querellado haya perpetrado los hechos objeto de este proceso”. En lo que al ordenamiento jurídico internacional compete, tales valoraciones no sólo causan asombro, sino que sencillamente son insostenibles.

Desde inicios del mes de febrero, y en representación de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), trabajamos en la elaboración de un Informe en Derecho que hicimos público el pasado 16 de febrero: “Causa Especial Nº. 20048/2009: Querella(s) interpuesta(s) contra el Magistrado-Juez D. Baltasar Garzón, por el supuesto delito de prevaricación. Examen de los argumentos del Auto de 3 de febrero de 2010 desde la perspectiva del Derecho internacional”; a cuyo contenido se han adherido más de un centenar de juristas e Instituciones, nacionales e internacionales. Su objetivo fundamental es demostrar que la mayoría de los asuntos de fondo abordados en el Auto citado forman parte del debate jurídico, desde hace muchos años y en la actualidad; existiendo sobre ellos diversas posiciones legítimamente defendibles. En consecuencia, la conclusión que alcanzamos es, en síntesis, bastante sencilla: A la luz de los argumentos del Magistrado-Instructor, no puede sostenerse jurídicamente que la posición defendida por el Magistrado querellado en sus Autos de octubre y noviembre de 2008, pueda constituir delito de prevaricación. De aquí que sigamos sin comprender afirmaciones tales como que para la Sala Segunda del Tribunal Supremo, “ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación”; sobre la base, ahora en palabras del Magistrado Varela, de que ésta no se constituye “por sostener una opinión jurídica diversa de la que se declara como correcta”.

En el entendido de que lo que se está examinando debiera ser un asunto jurídico, apuntemos entonces algunas ideas clave acerca de parte de lo que parece estar en discusión. En cuanto a la “Ley de Memoria Histórica”, en ella se especifica que sus previsiones son plenamente compatibles con el ejercicio de acciones ante los tribunales de justicia, conforme a las normas internas y los Convenios Internacionales. Por ello, difícilmente puede admitirse la conclusión a la que llega en varias ocasiones el Magistrado-Instructor, cuando, refiriéndose a la decisión de abrir una investigación judicial, se afirma que “el Magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador”. Más bien al contrario, la “decisión del legislador” viene a responder de forma correcta a una amplia jurisprudencia internacional que determina que, en el caso de graves violaciones a los derechos humanos que constituyan una infracción penal, la naturaleza del recurso efectivo debe ser esencialmente judicial. Además, la interpretación de los requisitos de admisibilidad de las acciones en el sentido que más favorece el derecho de acceso a la jurisdicción —máxime cuando se han cometido “horrendos crímenes” (en palabras del Magistrado-Instructor)— no debe merecer reproche penal alguno, pues constituye una actuación respetuosa y conforme con el ordenamiento jurídico internacional.

En relación a la Ley de Amnistía de 1977, los argumentos clave del Magistrado Varela son discutibles, cuando no, claramente insostenibles desde la perspectiva del Derecho internacional. En cuanto al carácter “democrático” de la Ley de Amnistía, destacado en múltiples ocasiones, es indefendible pretender que una medida legislativa, por el hecho de ser aprobada por un Parlamento democrático, siempre habría de ser internacionalmente lícita, aunque su contenido incurriera en contradicción con las obligaciones internacionales del Estado. En realidad, tal conclusión niega la misma existencia del Derecho internacional y prescinde por completo las reglas básicas de funcionamiento de nuestro ordenamiento jurídico, nacional e internacional. Igualmente se sostiene que la concesión de amnistías está avalada por el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. Dicha conclusión se construye a partir de una valoración de su literal más que rebatible, y de hecho, directamente opuesta a la interpretación acreditada del mismo; por ejemplo, la del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha afirmado que las amnistías no pueden amparar crímenes de derecho internacional. El Magistrado-Instructor obvia aquí una amplia jurisprudencia internacional que respalda esta idea, subrayando que las amnistías son incompatibles con el deber de investigar de los Estados en virtud del Derecho internacional. Finalmente, si bien en el no se niega que, en lo que aquí interesa, la Ley de Amnistía de 1977 es difícilmente compatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –vinculante para España antes de la aprobación de la misma-, se defiende la imposibilidad de aplicar tal Pacto. Esta postura es discutible, y de hecho discutida tanto por los expertos como en el seno de los órganos del sistema internacional de protección de los derechos humanos; con lo que en modo alguno puede esgrimirse como prueba inequívoca de que aquél que no la comparta esté prevaricando.

En lo relativo a la consideración de crímenes contra la humanidad y la desaparición forzada, las conclusiones del Magistrado-Instructor, aunque parecen querer evitar la aplicación de estas figuras, tal y como se califican en el Derecho internacional, no se acompañan de razonamientos jurídicos de suficiente peso que justifiquen que un órgano jurisdiccional que sí lo hiciera estuviera prevaricando. De hecho, en muchos extremos, las posiciones de Magistrado Varela son tan genéricas y faltas de basamento identificable que no sólo hacen casi imposible la discusión racional, sino que en realidad ésta parece considerarse como inimaginable. Las cuestiones de fondo, ampliamente debatidas también en la actualidad —cuál es el momento a partir del cual los crímenes de lesa humanidad fueron así tipificados en el Derecho internacional, adquiriendo relevancia plena en el ámbito de la responsabilidad penal individual, así como, desde cuándo se dio el reconocimiento de su imprescriptibilidad— son inicialmente obviadas en el Auto de 3 de febrero, y luego sumariamente descalificadas en el último Auto como “teorizaciones y propuestas” que no entran dentro del ámbito propio “[d]el ejercicio de la potestad jurisdiccional”.

Así, al tiempo que se elude cualquier enfoque internacional, sus posiciones pretenden sostenerse básicamente en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Scilingo. Pero aun dentro de ese límite, no sólo se omiten algunas de las conclusiones adoptadas entonces, sino que en aquellos aspectos —como la prescripción— que no fueron resueltos por el Tribunal, se considera fuera de toda “interpretación razonable” la realizada por el Magistrado Garzón. Desde luego, cabe disentir de los argumentos empleados para llegar a la conclusión alcanzada por el Magistrado querellado, al afirmar la existencia de un “contexto de crímenes contra la humanidad y que son imprescriptibles”; pero valorarlos sencillamente como una prueba evidente de una actuación prevaricadora es a todas luces una afirmación desmedida. Máxime cuando el Magistrado Garzón construyó sus razonamientos en base a las posibilidades que habilitaba la propia sentencia del Tribunal Supremo.

En definitiva, a nuestro entender, con los argumentos que figuran en el Auto de 3 de febrero, aparentemente ratificados por los Autos de 25 de marzo y 7 de abril, y en los aspectos que hemos señalado, es insostenible concluir que la construcción jurídica que realizó el Magistrado Garzón es “manifiestamente contraria a Derecho” y que puede constituir delito de prevaricación. Por ello, y más aun tras el último Auto indicado, desconcierto es lo menos que podemos sentir.

Javier Chinchón Álvarez es Director Ejecutivo de la AEDIDH y Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.

Lydia Vicente Márquez es Miembro de la AEDIDH, abogada y Consultora Internacional de derechos humanos.


Con estas palabras nos envía mi amiga Mariola este enlace: “Dieciocho minutos de sentido común. Sobre el “tercer mundo”, la literatura, el poder de la palabra y el peligro de la historia única… entre otras muchas cosas. Todo ello narrado por una auténtica contadora de historias procedente de Nigeria. Encontrad un huequecillo y no os arrepentiréis.”

Se lo podemos dedicar a Helena Maleno (PANDORAS INVISIBLES) pensando en Ágatha la nigeriana que todavía quiere volver aquí, y a Olga Rodríguez (MINOTAURO SUELTO) en recuerdo del nigeriano detenido en Suiza y muerto, ahogado por las ataduras de quienes lo deportaban.

Nigeria inmensa, el país más poblado de África, mar de petróleo y pozo de miseria, como otra ex-colonia nuestra mucho más pequeña, la que tú y yo sabemos…

Y para que nadie adjudique a Nigeria una malvada “Historia Única”, ahí está escribiendo sus novelas Chimananda Ngozi Adichie, quien tuvo que salir afuera para entender mejor a su país por dentro. Es una voz distinta, que suena a nueva. Será que trae verdades sencillas…

Pues eso, quien tenga tiempo que se gaste esos minutos con África, “el pecado de Europa” como la bautizó otro Luis. Gracias a Mariola y a su amiga Isolina.

Puedes elegir la lengua de los subtítulos en la pestaña de la derecha del play.


Dedicado a D. Luciano Varela, con todo respeto por cierto

Con frecuencia se hace notar lo alejado que está el Derecho Internacional de la mente de muchos jurisperitos y aun jueces españoles.

Se comprende que sea así tras 40 años de nacionalismo hispánico (nacionalsindicalismo, nacionalcatolicismo, nacionalespañolismo imperial, matícese como se quiera), sumados a 35 años de recomposición inacabada de problemas internos, absortos en la búsqueda de respetabilidad y acceso a la mágica Europa de los mercaderes y sus riquezas. Todo eso explica bien que nuestros juristas hayan atendido preferentemente a cosas distintas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

Pues bien, el DIDH aparece ya constituido como un bloque jurídico bien definido dentro del Derecho Internacional, fraguado a partir de la Declaración Universal y de la entrada en vigor desde 1976 de los dos Pactos Internacionales con su espectacular desarrollo en una sólida cadena de tratados internacionales. Son tratados referidos, por citar algunos más importantes, a la lucha contra la discriminación (racial o de la mujer), a la persecución del genocidio y de la tortura y malos tratos, a los derechos del niño, o de las personas con discapacidad, o de los trabajadores migratorios y sus familias, o a la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que cito el último para que quede más fresco en la memoria.

Si exceptuamos la factura pendiente sobre los trabajadores migratorios, que tarde o temprano tendremos que afrontar, España ha ratificado diligentemente todos esos tratados con pasión por agruparse con los respetables primeros de la clase.

Pero conseguido el diploma, ya no hace falta trabajar mucho más. Esta mentalidad celtibérica, que conocemos bien, parece reflejarse a veces en la notable inconsciencia con que se procede a ratificar esos tratados con espíritu aparentemente muy retórico, con mil ganas de quedar bien en discursos políticos y de emitir perezosos informes para las Naciones Unidas. Debe parecer que en la liza de los derechos humanos lo nuestro es el pelotón de cabeza, casi como Fernando Alonso, el Bulli, o Rafa Nadal.

Pero ratificar Tratados no es gratis. Hete aquí que el Derecho Internacional también es nuestro derecho interno, lo cual compromete mucho. Lo dice así la Constitución Española, art. 96.1:

“Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional”.

¡Cielo santo! Esto lo teníamos todos bien claro cuando se trata de nuestra homologación europeísta y otras grandes ventajas nacionales. Por eso en el verano de 1992 no se dudó en modificar la mismísima Constitución para adaptarla al Tratado de la Unión Europea de modo que los ciudadanos europeos residentes en España puedan ser elegidos en las municipales. Había que adaptar nuestra normativa nacional al primado de la internacional.

Ahora recogemos el hilo de las desapariciones. La reciente Convención Internacional sobre la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha sido ratificada por España el pasado 24 de septiembre de 2009. Es cierto que este Tratado aún no ha entrado en vigor, pues faltan uno o dos Estados por ratificarlo. Pero en buen Derecho Internacional no se puede presumir que existiera la menor mala fe de España al haberlo ratificado por su parte y, por lo tanto, ninguna voluntad de no traducir su contenido en la normativa interna que deberá ser por ello modificada o enriquecida (ejemplos: Ley de Amnistía o Código Penal). Bueno, como inciso, hablando de la presunción de mala fe, esta es la que parece que se aplica al Juez Garzón por quien se sube a la parra de querer verlo como prevaricador.

Pues bien, la citada Convención en su artículo 8.1 b) dice lo siguiente:

1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal:

2. Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito.

El delito tiene, pues, carácter permanente hasta que aparece el desaparecido vivo o se identifica su cadáver. Y solo entonces, según este tratado, un Estado podría iniciar un plazo proporcionado de prescripción.

¿De qué delito se puede hablar? Lo ha dicho más arriba la propia Convención, art 5:

“La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable”.

Cuando, según datos de diversas fuentes, hay entre 114.000 y 144.000 denuncias, activadas ante el Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional, de personas desaparecidas con nombres y apellidos, no parece que la práctica pueda haber dejado de ser generalizada o sistemática. Piénsese además que los casos que alguien llega a denunciar deben de ser una minoría dentro del número total.

Podríamos aceptar que no existe pleno consenso sobre si la Ley de Amnistía de 1977 fue fruto de un acuerdo general, lo que la haría diferente de las consabidas y nefastas “autoamnistías”, por ejemplo en algunos países latinoamericanos, casos que hemos visto y denunciado con aceptación de los tribunales españoles.

Pero podemos pensar, sobre todo quienes lo hemos vivido, aunque modestamente me reconozca beneficiario del denominado “tímido” indulto real de noviembre de 1975, podemos pensar, digo, que en el momento de 1977 se amnistiaba, de hecho y sobre todo, a la oposición a la dictadura, a todos los que a causa de actividades de orden político estábamos procesados o condenados por los juzgados y tribunales, comenzando por el siniestro Tribunal de Orden Público. En esta gente se estaba pensando, lo cual coincide con el lujo de matices de la Ley distinguiendo entre delitos cometidos después de diciembre de 1976, y junio de 1977, o con el hecho de que Alianza Popular estuviera en contra del proyecto, que procedía de la oposición al Gobierno de la UCD, aunque esta lo votó favorablemente. No debería estar tan claro que se amnistiaba con la misma energía a algunos políticos o militares o fuerzas del “orden” de la dictadura. Estos no lo necesitaban, porque con los que estaban vivos ¿quién se atrevía? Todavía en enero de 1979, con nuestra Constitución recién nacida, un grupo de militares zarandeaban al Vicepresidente del Gobierno, Gutiérrez Mellado, y arrebatando el féretro del Gobernador Militar de Madrid, asesinado la víspera por ETA, salían a la calle de Alcalá, donde esperaba una multitud que los acompañó a pie hasta el cementerio de la Almudena al grito de ¡Ejército al poder!

¿Quién se atrevía?

Sea como sea: lo importante, lo que parece ignorar algún sesudo magistrado del Tribunal Supremo, es que, más allá de si hay que derogar o no la Ley de Amnistía, en todo caso España, al ratificar en 2009 la citada Convención, ha contraído la obligación de aplicarla por encima de la tal Ley de Amnistía, que en todo caso, en consonancia con el Derecho Internacional, tiene que ser al menos modificada por las Cortes, con o sin hablar de Garzón.

Alguien ha observado que esta cuestión se hubiera evitado si España, antes de ratificar la Convención, hubiera formulado una reserva previa referida al mantenimiento intacto de la ley de 1977. El tratado no prevé la posibilidad de reservas, pero sí la propuesta de enmiendas aunque estas tienen que ser aceptada por dos tercios de los Estados-parte. Pero en todo caso las normas del Derecho de los Tratados no hubieran autorizado tal reserva, pues se juzgaría que es de aquellas que por su incompatibilidad con el objeto y fin del Tratado sería inaceptable, aparte de que infringiría la prescripción de la Convención de Viena de 1969: “Un [Estado] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (Art. 27).

Nos hemos detenido sobre esta decisión española de ratificar ¡hace nada! la Convención específica relativa a las Desapariciones Forzadas de personas. Con más lujo de detalles se hubiera podido mostrar que esta Convención es un desarrollo del Derecho Internacional, con referencia a Convenciones de Ginebra, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derecho a la verdad, sin olvidar el Derecho Internacional Consuetudinario. Se podría hablar también de alguna jurisprudencia española en sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional. Por último, entra también en liza el art. 10.2 de la Constitución Española, cuyo texto literal hemos reproducido en este mismo blog hace un par de semanas.

Para los amigos que no os hayáis desanimado antes de llegar leyendo hasta aquí vale el siguiente resumen:

Fallecidos todos los presuntos autores de los crímenes, queda en pie el derecho de satisfacción a las víctimas, y a sus familias, puesto que los delitos no han podido prescribir antes de que se localicen e identifiquen los restos de cada desaparecido. Y si esto no cabe en la Ley de Amnistía, el Estado está obligado a hacerlo caber.

El debate sobre la derogación o no de esa Ley es distinto, y no conviene mezclarlo aquí. Un debate no es una obligación. Pero acusar a alguien de obviar la Ley de Amnistía en lo que esta ha de someterse al Tratado Internacional es… dejémoslo en ignorancia grave.

Digo yo. ¿O es que se sabe que la causa no tendrá buen fin, pero entretanto se conseguirá suspender preventivamente la carrera de cierto juez que molesta a unos cuantos? Porque entonces no estamos hablando de derecho, sino de cacería. Por cierto que será caza mayor…

Y sobre las causas del generalizado analfabetismo funcional español en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional trataremos más extensamente otro día.