Ruedas de molino – Luis Acebal

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El otro día, en un encuentro de gente seria, me quejaba yo del anuncio de privatización del Canal de Isabel II, empresa pública que tiene bien contentos a los madrileños. Madrid, ciudad seca si las hay, tiene agua de muy buena calidad, y encima el Canal tiene un resultado económico bien satisfactorio, a favor del pueblo de Madrid, que es su legítimo dueño. Una verdadera joya de propiedad social.

A mi queja respondían algunos provectos señores, en tono comprensivo para con mi idiotez. Casi paternalmente me explicaban que no se privatizaba el agua, sino solo su gestión, y que esa gestión podía ser perfectamente eficaz en manos privadas, citándome el caso de Barcelona, donde el agua de gestión privada funciona con la misma perfección que la de gestión pública en Madrid. Esos argumentos traen, tanto los he oído, un trasfondo de perdonar la vida a toda gestión pública (se le concede que pueda ser excepcionalmente eficaz) mientras se SABE que la gestión privada es LA MEJOR. Si uno fuera tan religioso como antes se solía, podría afirmar que el pecado original era un lastre de los humanos responsables públicos, incompetentes y ambiciosos, mientras que los privados podrían considerarse sin pecado concebidos, honrados angélicos a carta cabal.

Un par de anécdotas ahora, que me dan para pensar.

Pienso en los campesinos salvadoreños que salieron a protestar por la privatización del agua y fueron machacados por la PNC (Policía Nacional Civil) (¿o incivil?) que les produjo decenas de heridos e intoxicados por “golpes, armas de fuego, balas de goma, y lanzamiento de gases pimienta y lacrimógeno”. Cito literal.  Luego se llevaron a varias personas de las que habían programado el foro de debate al que acudían aquellos grupos. Eran la mayoría mujeres, y se les aplicaba la Ley Antiterrorista.

El tema del debate preparado era solamente el lanzamiento por el Sr. Saca, Presidente del país, “de su Política Nacional de Descentralización del Agua, la cual ha sido seriamente cuestionada por ser la que daría paso a la privatización del vital líquido con su consecuente encarecimiento y por tanto, más difícil de adquirir para las mayorías pobres”.  He citado literal de nuevo. Querer debatir sobre aquello se suponía que era una tremenda agresión contra el (des)orden establecido.

Pienso también en Uruguay, 2004, cuando con ocasión de las Elecciones Nacionales el pueblo respaldó (64,7 % de los votos emitidos) una reforma del art. 47 de la Constitución a favor de una iniciativa de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV). El nuevo texto definía el acceso al agua potable y al saneamiento como “derechos humanos fundamentales”. Y el artículo añadía que los criterios de gestión de los recursos hídricos deberán estar basados en la participación ciudadana y la sustentabilidad. “El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales” (art. 47, 3).

¿Quiénes eran las empresas no públicas ni uruguayas destinadas a abandonar la gestión del agua tras esta reforma? Por un lado Aguas de Bilbao. Por otro la francesa Suez y su subsidiaria Aguas de Barcelona. Más detalles en Santos, Carlos, “Uruguay: la democracia directa en la defensa del derecho al agua”, en Asociación Pro Derechos Humanos de España – ACSUR, Derechos Humanos y Desarrollo, Icaria, Barcelona 2007, pp. 179-88.

La gestora pública se mide por la calidad del servicio público antes que por la rentabilidad. Le basta una rentabilidad suficiente para asegurar las continuas necesidades de reinversión. Y si obtiene algún superávit suplementario será a beneficio de las arcas públicas, de propiedad ciudadana. Vender una buena gestora pública es empobrecer a la correspondiente sociedad.
En contraste, la gestora privada se mide inevitablemente por su beneficio y atiende a la reclamación de más altos dividendos para sus accionistas.

Al Canal de Isabel II privatizado ya lo estamos viendo tomar concesiones de gestión del agua en países de baja renta. Servir a Madrid, y además extender el beneficio.  Para ello conviene buscar concesiones que se obtengan de sus Gobiernos, a menudo llamativos desgobiernos. En vez de prestarles valiosa asistencia técnica para que funden sus propias empresas públicas, propiedad de sus ciudadanos, se les firma un papel, una posiblemente barata patente de corso para gestionar de modo bien rentable el agua de la gente más pobre, con infalible subida de tarifas a favor del accionista y de los sueldos de directivos tan fieles como bien pagados. Lo que arrastra una infalible subida de precio, que complique el acceso de la gente al recurso hídrico esencial.
La tesis, no reconocida, pero ya suficientemente practicada, es que toda buena empresa pública debe ser vendida a empresarios bien vistos por el gobernante vendedor (vendedor de lo que no es suyo). Y la mala privada será nacionalizada, comprada con el dinero de los ciudadanos (que tampoco es dinero del gobernante). Así piensan algunos, sin que los ciudadanos les retiren el voto. ¿Quién es el auténtico idiota?

Ahora no nacionalizan la banca, pero sí están nacionalizando sus pérdidas y sus errores, para que los paguemos entre todos. Les regalan nuestro dinero. Si al menos los compraran con una OPA a nuestro favor…

La moda es convertir todo en empresa privada bien rentable, incluida la cooperación al desarrollo. “Empresarialicemos” todo, pues.

¿Así se demostró cuando en Valencia “empresarializaron” a fondo la gestión del viaje del Santo Padre?

Así se privatizaron transportes británicos desde los años 80 con los problemas que se han visto después, o los ferrocarriles argentinos desde hace mucho también, aunque solo lo investiguen ahora…

El agua es nuestra, y nuestra Comunidad ha de gestionarla.

¿No se publicita la Comunidad de Madrid como “la suma de todos”?

Pues no, no queremos que se abra el melón privatizador del Canal de Isabel II. No, no y no.

Información útil sobre la consulta social que se celebra este domingo 4 de marzo en Madrid

Consulta social 4 de Marzo sobre la privatización del Canal de Isabel II

Todos los vecinos dispusieron de una papeleta con el siguiente texto:

“¿Está de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga
siendo 100% público? SI/NO”

Mapa con la localización de las mesas

Imagen de previsualización de YouTube

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15.02.2012 · periodismohumano · Mª Ángeles Fernández · J. Marcos

El Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar (de Aguas de Barcelona) han firmado un convenio para promover un foro sobre ‘derecho de aguas’ dentro de la magistratura. 34 asociaciones, ONG y sindicatos lideran la oposición a un acuerdo que entienden que vulnera el principio de independencia del CGPJ y en el que Agbar tiene un conflicto de intereses para coordinar un debate alrededor del derecho al agua por sus réditos comerciales en el sector.

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(6) Comentarios

  1. Jorge

    No se puede discutir que la gestion publica, gracias a tantos sindicatos y personal funcionario, se dedica solo a pedir por sus derechos dejando de lado el trabajo real, yo he trabajado en la funcion publica como externo y veo como los unicos que se dedicaban a trabajar eramos el personal no funcionario, la privatizacion es necesaria gracias a los funcionarios, si se dedicaran a lo suyo y no pensaran que ya hicieron bastante con la oposicion no se verian obligados a esto.

  2. Tina Zalve

    ¿Como se les explica a los “ADMINISTRADORES PÚBLICOS”, que son eso, administradores, NO propietarios.

  3. Tina Zalve

    ¿Como se les ex`lica a los “Administradores Publicos”, que son eso ADMINISTRADORES y NO PROPIETARIOS?

  4. [...] antes de ser calentad@ a golpes por la Policía Nacional; que sufrí más hambre y sed que tras la anunciada privatización total del agua y demás bienes de primera necesidad; que me aburrí tanto como si me hubieran quitado de golpe y a [...]

  5. Nadie

    Las empresas públicas deberian de ser intocables. El Canal de Isabel II es una empresa pública, que pagamos y mantenemos los madrileños para abastecer a los madrileños. No se que licencia se toman estos simples gestores de nuestros tributos que son los políticos, para apropiarse y conceder a algun amiguito empresario su gestión.

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