Ruedas de molino – Luis Acebal

Dedicado a D. Luciano Varela, con todo respeto por cierto

Con frecuencia se hace notar lo alejado que está el Derecho Internacional de la mente de muchos jurisperitos y aun jueces españoles.

Se comprende que sea así tras 40 años de nacionalismo hispánico (nacionalsindicalismo, nacionalcatolicismo, nacionalespañolismo imperial, matícese como se quiera), sumados a 35 años de recomposición inacabada de problemas internos, absortos en la búsqueda de respetabilidad y acceso a la mágica Europa de los mercaderes y sus riquezas. Todo eso explica bien que nuestros juristas hayan atendido preferentemente a cosas distintas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

Pues bien, el DIDH aparece ya constituido como un bloque jurídico bien definido dentro del Derecho Internacional, fraguado a partir de la Declaración Universal y de la entrada en vigor desde 1976 de los dos Pactos Internacionales con su espectacular desarrollo en una sólida cadena de tratados internacionales. Son tratados referidos, por citar algunos más importantes, a la lucha contra la discriminación (racial o de la mujer), a la persecución del genocidio y de la tortura y malos tratos, a los derechos del niño, o de las personas con discapacidad, o de los trabajadores migratorios y sus familias, o a la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que cito el último para que quede más fresco en la memoria.

Si exceptuamos la factura pendiente sobre los trabajadores migratorios, que tarde o temprano tendremos que afrontar, España ha ratificado diligentemente todos esos tratados con pasión por agruparse con los respetables primeros de la clase.

Pero conseguido el diploma, ya no hace falta trabajar mucho más. Esta mentalidad celtibérica, que conocemos bien, parece reflejarse a veces en la notable inconsciencia con que se procede a ratificar esos tratados con espíritu aparentemente muy retórico, con mil ganas de quedar bien en discursos políticos y de emitir perezosos informes para las Naciones Unidas. Debe parecer que en la liza de los derechos humanos lo nuestro es el pelotón de cabeza, casi como Fernando Alonso, el Bulli, o Rafa Nadal.

Pero ratificar Tratados no es gratis. Hete aquí que el Derecho Internacional también es nuestro derecho interno, lo cual compromete mucho. Lo dice así la Constitución Española, art. 96.1:

“Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional”.

¡Cielo santo! Esto lo teníamos todos bien claro cuando se trata de nuestra homologación europeísta y otras grandes ventajas nacionales. Por eso en el verano de 1992 no se dudó en modificar la mismísima Constitución para adaptarla al Tratado de la Unión Europea de modo que los ciudadanos europeos residentes en España puedan ser elegidos en las municipales. Había que adaptar nuestra normativa nacional al primado de la internacional.

Ahora recogemos el hilo de las desapariciones. La reciente Convención Internacional sobre la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha sido ratificada por España el pasado 24 de septiembre de 2009. Es cierto que este Tratado aún no ha entrado en vigor, pues faltan uno o dos Estados por ratificarlo. Pero en buen Derecho Internacional no se puede presumir que existiera la menor mala fe de España al haberlo ratificado por su parte y, por lo tanto, ninguna voluntad de no traducir su contenido en la normativa interna que deberá ser por ello modificada o enriquecida (ejemplos: Ley de Amnistía o Código Penal). Bueno, como inciso, hablando de la presunción de mala fe, esta es la que parece que se aplica al Juez Garzón por quien se sube a la parra de querer verlo como prevaricador.

Pues bien, la citada Convención en su artículo 8.1 b) dice lo siguiente:

1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal:

2. Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito.

El delito tiene, pues, carácter permanente hasta que aparece el desaparecido vivo o se identifica su cadáver. Y solo entonces, según este tratado, un Estado podría iniciar un plazo proporcionado de prescripción.

¿De qué delito se puede hablar? Lo ha dicho más arriba la propia Convención, art 5:

“La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable”.

Cuando, según datos de diversas fuentes, hay entre 114.000 y 144.000 denuncias, activadas ante el Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional, de personas desaparecidas con nombres y apellidos, no parece que la práctica pueda haber dejado de ser generalizada o sistemática. Piénsese además que los casos que alguien llega a denunciar deben de ser una minoría dentro del número total.

Podríamos aceptar que no existe pleno consenso sobre si la Ley de Amnistía de 1977 fue fruto de un acuerdo general, lo que la haría diferente de las consabidas y nefastas “autoamnistías”, por ejemplo en algunos países latinoamericanos, casos que hemos visto y denunciado con aceptación de los tribunales españoles.

Pero podemos pensar, sobre todo quienes lo hemos vivido, aunque modestamente me reconozca beneficiario del denominado “tímido” indulto real de noviembre de 1975, podemos pensar, digo, que en el momento de 1977 se amnistiaba, de hecho y sobre todo, a la oposición a la dictadura, a todos los que a causa de actividades de orden político estábamos procesados o condenados por los juzgados y tribunales, comenzando por el siniestro Tribunal de Orden Público. En esta gente se estaba pensando, lo cual coincide con el lujo de matices de la Ley distinguiendo entre delitos cometidos después de diciembre de 1976, y junio de 1977, o con el hecho de que Alianza Popular estuviera en contra del proyecto, que procedía de la oposición al Gobierno de la UCD, aunque esta lo votó favorablemente. No debería estar tan claro que se amnistiaba con la misma energía a algunos políticos o militares o fuerzas del “orden” de la dictadura. Estos no lo necesitaban, porque con los que estaban vivos ¿quién se atrevía? Todavía en enero de 1979, con nuestra Constitución recién nacida, un grupo de militares zarandeaban al Vicepresidente del Gobierno, Gutiérrez Mellado, y arrebatando el féretro del Gobernador Militar de Madrid, asesinado la víspera por ETA, salían a la calle de Alcalá, donde esperaba una multitud que los acompañó a pie hasta el cementerio de la Almudena al grito de ¡Ejército al poder!

¿Quién se atrevía?

Sea como sea: lo importante, lo que parece ignorar algún sesudo magistrado del Tribunal Supremo, es que, más allá de si hay que derogar o no la Ley de Amnistía, en todo caso España, al ratificar en 2009 la citada Convención, ha contraído la obligación de aplicarla por encima de la tal Ley de Amnistía, que en todo caso, en consonancia con el Derecho Internacional, tiene que ser al menos modificada por las Cortes, con o sin hablar de Garzón.

Alguien ha observado que esta cuestión se hubiera evitado si España, antes de ratificar la Convención, hubiera formulado una reserva previa referida al mantenimiento intacto de la ley de 1977. El tratado no prevé la posibilidad de reservas, pero sí la propuesta de enmiendas aunque estas tienen que ser aceptada por dos tercios de los Estados-parte. Pero en todo caso las normas del Derecho de los Tratados no hubieran autorizado tal reserva, pues se juzgaría que es de aquellas que por su incompatibilidad con el objeto y fin del Tratado sería inaceptable, aparte de que infringiría la prescripción de la Convención de Viena de 1969: “Un [Estado] parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (Art. 27).

Nos hemos detenido sobre esta decisión española de ratificar ¡hace nada! la Convención específica relativa a las Desapariciones Forzadas de personas. Con más lujo de detalles se hubiera podido mostrar que esta Convención es un desarrollo del Derecho Internacional, con referencia a Convenciones de Ginebra, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derecho a la verdad, sin olvidar el Derecho Internacional Consuetudinario. Se podría hablar también de alguna jurisprudencia española en sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional. Por último, entra también en liza el art. 10.2 de la Constitución Española, cuyo texto literal hemos reproducido en este mismo blog hace un par de semanas.

Para los amigos que no os hayáis desanimado antes de llegar leyendo hasta aquí vale el siguiente resumen:

Fallecidos todos los presuntos autores de los crímenes, queda en pie el derecho de satisfacción a las víctimas, y a sus familias, puesto que los delitos no han podido prescribir antes de que se localicen e identifiquen los restos de cada desaparecido. Y si esto no cabe en la Ley de Amnistía, el Estado está obligado a hacerlo caber.

El debate sobre la derogación o no de esa Ley es distinto, y no conviene mezclarlo aquí. Un debate no es una obligación. Pero acusar a alguien de obviar la Ley de Amnistía en lo que esta ha de someterse al Tratado Internacional es… dejémoslo en ignorancia grave.

Digo yo. ¿O es que se sabe que la causa no tendrá buen fin, pero entretanto se conseguirá suspender preventivamente la carrera de cierto juez que molesta a unos cuantos? Porque entonces no estamos hablando de derecho, sino de cacería. Por cierto que será caza mayor…

Y sobre las causas del generalizado analfabetismo funcional español en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional trataremos más extensamente otro día.

(23) Comentarios

  1. Pepa de nascimento

    Si, está claro que se habla de “caza mayor” y no de justicia y menos de nada que tenga que ver con Derechos Humanos.

  2. Gracias por aclararnos un poco el temita de la amnistía (ese clavo ardiendo)
    Salu2

  3. María

    No entiendo porqué claman estas voces que tratan a Garzón cómo sí realmente se preocupara por los derechos y libertades…recordemos que Egunkaria fue cerrado por Garzón, cuando a todas luces está siendo considerado por los juristas cómo un atropello, sin embargo no importó dejar a trabajadores en la calle y cerrar un periódico ¡eso es libertad…((( !
    Garzón, no lo olvidemos pertenece a ése tribunal(audiencia nacional) heredero del tribunal de orden público.
    Y sobre todo, el Juez Garzón que sus sumarios y autos contra la izquierda Abertzale están repletos de suposiciones e intuiciones, pero no le importea condenar y mira para otro lado cuando los imputados son torturados, llegando a deducciones peregrinas cuando se trata de evitar oposición al pp y al psoe allá en Euskadi.
    veo al Garzón cómo a la telebasura, preocupado sólo por el estrellato, algún día tendría que estrellarse de verdad…

  4. Buen articulo. Gracias.

  5. Chapela

    Por ahí dicen: gracias por aclararnos un poco, otro dice: buen articulo. Y digo yo, pues serán esos los que se han enterado de lo que se dice en el articulo, porque pocos he leído tan enrevesados y si a cualquier persona de la calle que se lea este articulo, le preguntas que si lo entiende, Periodismo humano se llevaría un gran chasco. Cuando además habla del analfabetismo funcional de este país. Por favor escribir para todos y no solo para unos cuantos. Ser buenos informadores.

  6. [...] La amnistía de 1977 y el Derecho Internacional ruedasdemolino.periodismohumano.com/2010/04/07/la-amnistia-d…  por lostinspain hace 2 segundos [...]

  7. recordando la actuación de Garzón

    (…)
    Cabe recordar que un mes después de haber abierto el caso, Baltasar Garzón acabó inhibiéndose por no haber ya responsables directos vivos contra los que dirigir la acción penal y delegó en los jueces ordinarios la decisión de permitir abrir fosas. Pues según el Tribunal Supremo, incluso esa decisión está mal tomada, porque «la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento ya no le correspondía, y tampoco era jurídicamente procedente la inhibición en favor de otros juzgados».
    http://www.gara.net/paperezkoa/20100205/181245/es/El/TS/insiste/en/juzgar/a/Garzon/por/prevaricar/en/su/caso/contra/el/franquismo/

  8. Pedro

    Buen artículo, Luis. A María yo le diría que tiene gran parte de razón. La comprendo perfectamente, yo he firmado algún escrito de apoyo a Egunkaria y estuve en un acto de apoyo hace no mucho organizado por la gente del Patio Maravillas. Pero apoyar a Garzón ahora, a pesar de estos claroscuros, es fundamental, porque no se trata de Garzón, sino de que los franquistas consideran intocable el franquismo, y hay que terminar con esto ya. Se trata de defender el Estado de Derecho. España está dando un espectáculo lamentable al resto del mundo.

    Y a “Chapela” también me dirijo, cordialmente: no es fácil ser absolutamente claro para todo el mundo en estos temas. Yo soy activista de derechos humanos, no abogado, y me entero bastante del asunto; pero no es fácil explicarlo más sencillamente de lo que lo ha hecho Luis.

    Saludos
    Pedro

  9. Diego de Vitoria

    Cuando este Convenio entre en vigor, ¿quieres decir que se podrá procesar a Carrillo por Paracuellos? (si sigue vivo)
    Pues mira, me has alegrado el día.

  10. Cómo para apoyar a Garzón?

    (…)(Vale la pena leer el articulo completo, os dejo el enlace)

    De la misma forma que el posicionamiento contra la invasión de Iraq no conllevaba el apoyo a Saddam Hussein, la democrática necesidad de finiquitar el franquismo, todavía más vivo de lo que algunos pretenden, obliga no sólo a negar ese genérico aval a Garzón sino también a señalar que se trata de un juez, como han dejado escrito sus propios compañeros y amigos, “vanidoso y ególatra”, partícipe de una carrera judicial prebendalista, en absoluto comprometido con la lucha por una justicia democrática y preocupado únicamente por su fama y poder. Detalles que revelan esta personalidad abundan a lo largo de su carrera, como en el asunto de Pinochet cuando facilitó a los medios de comunicación su propio currículum, escrito en cuatro idiomas, que nadie había solicitado. (..)
    http://www.kaosenlared.net/noticia/apoyo-garzon-derechos-democraticos

  11. J.L.

    Los que tenemos parientes, víctimas del franquismo, entrrados en cunetas desconocidas, haremos responsable al Juez Luciano Varela de nuestro dolor y le odiaremos el resto de nuestros días.

  12. Augusto

    Excelente artículo. Y en cuanto a las críticas a Garzón de algún lector, es curioso que todas ellas se refieren a aspectos que podríamos llamar “psicológicos”: “vanidoso”, “ególatra”,”preocupado por su fama y poder”. Sean o no ciertas estas acusaciones, nada tienen que ver con los aportes de Garzón a la justicia universal y a la recuperación de nuestro pasado.

  13. V.M

    ” Es cierto que este Tratado aún no ha entrado en vigor,…”. Bueno, supongo que si es así, todavía no tiene validez y supongo también que un juez del tribunal supremo tendrá que atenerse a lo que si la tiene. Por otra parte, me dirijo a Pedro,defender el Estado de Derecho es ceptar que todo el mundo incluidos (con más razón) los jueces, deben someterse al imperio de la ley.

  14. Isabel Guijarro

    Por fin alguien dice lo que casi todos pensamos pero no somos capaces de escribir. Como dice Augusto, excelente artículo, y también de acuerdo totalmente con las aportaciones de Garzón a la justicia universal y a la recuperación de nuestro pasado. Gracias a Luis y a todos los que se indignan ahora por haber votado la famosa ley de amnistía.

  15. santos

    NO HA ENTRADO EN VIGOR.NO TIENE FUERZA DE LEY. EL JUEZ GARZON HA PREVARICADO.
    (tan sencillo como eso).

  16. no es tan sencillo

    ¿alguién más se cree realmente que es tan sencillo como eso???
    la famosa sentencia “la justicia es lenta” es conocida por todos y sorprende que se vuelva tan rápida de repente cuando esta al caer un instrumento legal de valor superior al que el juez Varela esta usando contra el juez Garzón.
    Por otra parte, no hay mal que para bien no venga, y esta bien que aparezcan las organizaciones de ultra derechas y que las tengamos ubicadas, conocidas y vigiladas por los democratas, es decir todos (menos ellos). seamos vigilantes por favor

  17. [...] ser derogada hoy la Ley de Amnistía, como da a entender este artículo de Luis Acebal? No. El propio magistrado instructor Luciano Varela lo dice en su auto (énfasis [...]

  18. Moi c'est moi

    Muy interesante, pero ¿qué hay de la irretroactividad de la ley penal (nullum crimen, nulla poena sine previa lege)?

  19. Antón

    Una duda, es evidente que el derecho internacional prima sobre todas las leyes españolas salva la Constitución ¿Pero esto también se aplica con carácter retroactivo? Es que, y ojalá me equivocara, creo que todos estos tratados fueron firmados por España después de la ley de Amnistía, y por tanto se supone que una modificación legal no puede aplicarse retroactivamente para acusar a alguien ¿No?
    En todo caso si fuera como digo yo ¿Bastaría con que el poder legislativo derogara la ley de amnistía para poder juzgar retroactivamente a los criminales del Franquismo? Gracias de antemano.

  20. [...] La ley de amnistía de 1977 y el derecho internacional por Luis Acebal. [...]

  21. rafa

    Muy buen articulo, gracias!!

  22. manuel lopez fernandez

    Estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de delito de Estado, sean bajo gobiernos de derechas o de izquierdas. Considero abominables cualquier tipo de persecuciones políticas, rechazo los crimenes amparados bajo el manto del poder y considero igual de imperdonables los crimenes políticos cometidos tanto por la República como por el franquismo. Eso no es cuestión de tendencias políticas se trata de criminales y asesinos.
    Ahora, tras leer este artículo, saco varias conclusiones:
    1.- La Ley de Amnistía fué aprobada por las Cortes Generales que representan, recordemos, al pueblo español, en 1977. Por lo tanto la Ley presupone la voluntad del pueblo.
    2.- La reciente Convención Internacional sobre la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas que ha sido ratificada por España el pasado 24 de septiembre de 2009 aún no ha entrado en vigor, tan sencillo como eso. No hace falta ser un especialista en Derecho para entender lo que esto quiere decir.
    3.- Pero es que, en cualquier caso el articulo 9.3 de la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, por lo que , dificilmente se podría aplicar la normativa de dicha Convención a crímenes cometidos hace 40 años, su eficaci se ceñiría a hechos posteriores a su entrada en vigor.
    Por todo esto, me uno al dolor de los familiares de las victimas y lamento el hecho de que ciertos criminales puedan quedar impunes. Pero estamos en un Estado de Derecho y creo que no se debe permitir que una persona, en este caso un Juez, pretendiese tomar decisiones arbitrarias y contrarias a las normas emanadas por toda una nación. Por muy justas que pudieran parecer dichas decisiones, estas pierden toda su validez cuando son contrarias a Derecho.

  23. Fernando

    Mira lo que dice la Constitución Española:

    Artículo 9

    1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

    2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

    3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

    Artículo 95

    1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.

    2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

    Es decir, que un tratado internacional no puede contradecir la Constitución Española mientras ésta no se reforme. Por tanto, un tratado internacional no puede reactivar, con efectos retroactivos, una responsabilidad penal que ya estaba extinguida. El tratado se podrá a aplicar a hechos cometidos después de su entrada en vigor (si no hace falta un ulterior desarrollo legislativo).

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