Ruedas de molino – Luis Acebal

 Comentario para un debate abierto

Luis Acebal Monfort

Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) 

Me ha sorprendido favorablemente el escrito publicado por “Cristianos Socialistas”, grupo que actúa en y desde el PSOE1. Como se presenta expresamente “abierto al debate” interpela a quienes hemos pensado esta cuestión para que aportemos con la misma apertura nuestros comentarios constructivos.

Allá voy, pues. Me propongo primero resaltar los aspectos positivos que detecto en el proyecto, no sin señalar el camino para su recomendable relectura en el marco de los derechos humanos. En segundo lugar me fijaré en las dificultades prácticas para su realización, por otra parte necesaria, desde el punto de vista de la escasez de los suficientes elementos de cultura y tradición científica en la España actual. Luego habrá que echar un vistazo a ciertos aspectos jurídicos del asunto, que en principio no dificultan, pero sí complican la ejecución práctica de la propuesta en nuestro país. Seguirán por último algunas consideraciones finales.

1. Enseñanza del “hecho religioso” recomendable, y aun necesaria.

A. Un buen planteamiento: tratar del “hecho religioso” supone abordar las religiones como objeto de conocimiento, a diferencia de la educación religiosa que se orienta a presentar una religión desde el punto de vista del sujeto que comparte creencias colectivas y se supone implicado en ellas. Se trata solo de ver cómo son, actúan y se expresan las religiones, no en el mundo de la catequesis, sino en el de las ciencias aplicadas: historia, antropología, sociología, semiología… comparadas.

El texto afirma que “el hecho religioso debe ser compartido como alfabetización básica para saber interpretar la historia, la cultura, el espíritu social y el político”. Con esto es preciso estar de acuerdo, también cuando señala que se debe impartir esta educación “desde un punto de vista de contenidos, que inciten al aprendizaje de lo que suponen las religiones en la historia de la humanidad, cómo influyen en su desarrollo y crecimiento personal, en un medio de libertad de opciones”.

Propone integrar “en los planes de estudio el hecho religioso como asignatura obligatoria, con su programa curricular dentro de la normativa educativa como una materia más, con control evaluable, tanto a nivel del alumno como en calidad educativa y del profesorado. Una asignatura para todos de enseñanza cultural del hecho religioso, cuyo contenido lo determinen las autoridades educativas (contando con la colaboración de las autoridades religiosas respectivas)”.

Así entendida una educación sobre el hecho religioso parece imprescindible en las actuales crisis de pluralidad no bien digerida y de abundantes prejuicios pendientes de autocrítica; entretanto las fronteras económicas y políticas se desdibujan, y los fundamentalismos o integrismos de diversas estirpes se multiplican sin que los medios de comunicación hagan mucho por superarlos, o incluso contribuyan a reforzarlos, puesto que un prejuicio se vende mejor que un juicio crítico.

B. Proyecto razonable en una perspectiva de derechos humanos.

En primer lugar sintoniza con la Declaración Universal de 1948 (artículos 26.2 y, en algún aspecto, 18). Pero recurriendo a tratados vinculantes para España vale la pena apoyarse en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13.1, del que la Constitución Española copia casi literalmente la expresión referida al “pleno desarrollo de la personalidad humana”, que aparece en el artículo 27.2 CE, citado dos veces en el texto que comentamos. El PIDESC vincula a España desde su ratificación y publicación (BOE, 30/04/1977)2. El Pacto afirma que “la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos”, y promover las actividades de la ONU en pro del mantenimiento de la paz (el subrayado se añade ahora). La enseñanza religiosa no busca por sí misma tal comprensión, tolerancia e incluso “amistad” entre grupos religiosos. En cambio, comprensión y tolerancia sí serán favorecidas a partir de una educación objetiva y científica (liberadora de prejuicios subjetivos) sobre el hecho religioso3.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño4 refuerza la misma dirección de trabajo en su artículo 29.1, dedicado al “contenido de la educación”. Vale la pena citarlo textualmente con amplitud:

“Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural”

Los subrayados propios en los apartados c) y d) son de gran riqueza a efectos de este análisis. Podría creerse que esta Convención trae supuestos de desarrollo humano especialmente adaptado a una sociedad plural de corte moderno y actual, incluido un toque ecológico. Aparece la búsqueda consciente de la propia identidad, que sea compatible con el reconocimiento de la del “otro” en un marco social que excluye toda discriminación. La enseñanza del hecho religioso contribuye a este fin.

2. Escasez sociocultural y científica para abordarlo a corto plazo.

A. Difícil buena acogida general en la actual sociedad española, que no tiene fácil la superación de sus más acusados lastres o traumas históricos de los que uno principal es la religión, y en concreto la católica5. Habría, pues, que estudiar cómo pueden digerir este proyecto amplias capas de nuestra sociedad.

Ejemplos: a) grupos nacionalcatólicos que se abrigan en el “espíritu de la cruzada”; b) sectores más amplios todavía reducidos a la “fe del carbonero” unos porque no se les enseñó otra cosa, otros porque forman parte de algún sector influyente y organizado, donde esta práctica se utiliza de modo defensivo, para evitar la formulación de preguntas inquietantes, según el slogan “doctores tiene la Santa Iglesia, que te sabrán responder”. Toda esta gama de posiciones, adictas a la comodidad intelectual, se inquieta ante el albur de que se trate de nuestra fe en ópticas científicas comparadas, a las que denunciarían como relativismo universal; c) sectores que han superado toda inquietud religiosa y ven la ocupación sobre el hecho religioso como una pérdida de tiempo, dada la general sobrecarga de trabajos escolares; esta misma posición se comparte desde perspectivas heterogéneas y a veces coincidentes: algunos grupos de izquierdas por una parte, dogmáticos a veces a su modo, o, por otra, medios sociales de variada sensibilidad política, pero aquejadas de resentimiento personal frente a la religión6. Prácticamente todos los aludidos bajo a), b) y formas del c) coincidirían en mirar con prevención esta asignatura. Resumen: las “dos Españas”, en una nueva situación donde se les junta una tercera España indiferente.

La buena acogida quedaría reservada para una colectividad no menos importante, aunque minoritaria, de creyentes o increyentes que reconocen la importancia de las religiones, y abarca a cristianos que han profundizado su fe (incluidos los avances de la exégesis bíblica y la revisión teológica contemporánea, que a otros atemoriza7). En esta línea de apoyo amanece el naciente movimiento de diálogo interreligioso: reunidos creyentes de distintas religiones, unos explican sus creencias y experiencia, abiertos a responder preguntas de los otros. La revisión exegética y la reelaboración teológica es proceso compartido en las religiones, incluidos núcleos valiosos en el Islam, quizá poco conocidos en Occidente.

Tuvimos un problema parecido, pero mucho menos difícil, cuando se trataba de la nueva, hoy antigua, asignatura de la LOE titulada “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”. La batalla resultó tremenda. El rechazo recorrió tribunales y forzó al Supremo a emprender unificación de doctrina. Pero esto no pudo acallar el bronco debate “ciudadanía sí – ciudadanía no”, que todo lo ocultaba hasta el extremo de que la opinión pública no llegó siquiera a enterarse de que la bendita/maldita asignatura se refería también a los derechos humanos.

No existía consenso social sobre el concepto de ciudadanía. Era más sencillo embestir contra unas líneas del currículo. La comparación permite concebir posibles batallas sobre un trato “objetivo” del hecho religioso en España quebrantando su inseparable cuerpo de dogmas. Y se presentiría un nuevo horizonte de combativas y escandalizadas objeciones de conciencia.

Surge la cuestión de si la condición de posibilidad de un cese de hostilidades reside en el logro de una forzosa nueva transición. Rendija hoy estrecha, pero luminosa.

He pintado un cuadro que puede parecer sombrío sobre los posibles frenos, más que apoyos, que puede sufrir este proyecto. A partir de ciertas edades algunos experimentamos el deseo de equivocarnos a propósito de tal o cual asunto. Este sería para mí un caso muy especial. Llámenme pesimista. Quítenme la razón.

B. Escasez de activos para formar un profesorado a plazo corto/medio.

Sobre todo a partir de la Contrarreforma nuestra tradición religiosa quedó “marcada”. Está incluido en el anterior apartado A. Pero esto afecta además a la citada falta de suficiente artillería científica para conquistar un estudio más frío y objetivante de la religión, propia o ajena. No hay en la Universidad española ningún Centro institucionalizado o Facultad entera dedicada al estudio científico de las religiones. Otra vez pienso que sería buena cosa que esto pueda desmentirse8.

Lo que sí existe es un buen número de profesores que han abordado el objeto de la religión topada como en un encuentro obvio en el ejercicio de sus especialidades. Entre ellos destacaría inicialmente campos de Filología y Hermenéutica cuando tropiezan con textos religiosos o referidos a la religión, y tienen ocasión de avanzar en investigaciones referidas a puntos de exégesis bíblica, historia de las formas o de la redacción9. En otro orden de cosas aparece también un profesorado de lengua y cultura árabe que han llegado a enriquecer notablemente nuestro conocimiento del Islam. Suceden encuentros científicos parecidos en el campo de las lenguas orientales donde algunos han topado con el budismo, el hinduismo, etc. dentro del campo de sus investigaciones y docencia.

Casos notables de acercamiento al estudio de la religión aparecen en otro tipo de obras, como ciertas publicaciones de Filosofía, Derecho, y aun Neurociencia.

Pero brillan muy especialmente los trabajos de Historia, sea antigua, medieval o moderna y contemporánea, que también desentierran documentos y enmiendan hipótesis. Entre las investigaciones de la historia religiosa de España emergen de nuevo las visiones contrapuestas. Esto genera escasez de interpretaciones sintéticas, aportadoras de consensos críticos elaborados y aptos para que se pueda crear un bloque docente básico orientado a ESO y/o bachillerato.

El problema central reside en la Historia de España, junto con la de la Iglesia. La difícil misión de renovar el estudio de la religión en nuestro país, viéndola más desde fuera, como objeto de estudio, y consiguiendo un consenso elemental entre historiadores, es una empresa endiablada. Y si no se acepta como objeto científico la trayectoria del tema en España, malamente será útil el confrontarlo con otro tanto referido a otras religiones, relacionadas “por carambola”.

De momento permanece claramente irresuelto el problema que hallaría un futuro profesor de ”hecho religioso” para comenzar su enseñanza en un inmediato otoño, ante el que no podría recorrer una a una las entradas de la lista de docentes universitarios sobre materias relacionadas. Cualquier licenciado en antropología, sociología, historia, (política, social, del derecho, del arte…), o en psicología social, etc… podría interesarse, pero se vería en dificultades sin contar con más que sus libros de texto usados. El caso de la Antropología es particular desde el punto de vista metodológico, porque las técnicas de observación no participante (por ejemplo) exigen un rigor práctico imprescindible en este tipo de estudios científicos. En definitiva, la ciencia española no está institucionalizada de modo satisfactorio para abordar coherentemente el estudio científico de las religiones.

3. Aspectos jurídicos: Compatible con los Acuerdos de 1979, pero…

Los Acuerdos de España con la Santa Sede terminaron de ser negociados durante el 2o semestre de 1978, aunque el pueblo votó el referéndum de aprobación de la Constitución sin conocer su existencia ya redactada10. Sea lo que fuere, los Acuerdos firmados en el Vaticano el 3 de enero de 1979 y ratificados el 4 de diciembre del mismo año conservan hoy su plena validez jurídica y política.

En este sentido no parece viable la realización práctica del discurso que desarrollan los Cristianos Socialistas, presuponiendo que el nuevo programa sobre el hecho religioso sustituiría la enseñanza católica estipulada en el Acuerdo sobre enseñanza. Sus consideraciones sobre la posible reconversión laboral del actual profesorado de religión estimo que no tienen cabida jurídica en el marco actual, claramente orientado a la enseñanza de la religión católica, confiada a personas designadas por la Iglesia, al

margen de cualquier control académico sobre su preparación técnica, con total imprecisión sobre su previa acreditación profesional y científica. El estudio comparado de las religiones introduce una óptica incompatible con el objetivo del Acuerdo firmado sobre enseñanza. El perfil del profesor de religión exige que cumpla los requisitos de la moral católica (ofreciendo un testimonio activo que no siempre se da en las familias). No de otro modo se explica la decisión de despido si, por ejemplo, se divorcia y se vuelve a casar. Aquí se ve el control, y no en la preparación académica y docente11.

Es sabido que esta enseñanza religiosa no es obligatoria para todo el alumnado. La puerta queda abierta para el libre uso del tiempo por parte de quienes no quieran asistir. Esto dio lugar también a la llamada “alternativa”, actividad más o menos definida que el alumnado ausente de la religión realizaría en las mismas horas. Lo que no se pone en cuestión es la existencia de la asignatura de religión impartida por un profesorado designado por la Iglesia Católica.

Dicho esto, la creación de otra asignatura, esta obligatoria, sobre el “hecho religioso” en los términos que comentamos no se opone formalmente en nada a los Acuerdos en vigor una vez que las disposiciones de estos quedan intactas.

Sin embargo, la asignatura “hecho religioso” habría de crearse en una disposición aparte, y siendo compatible tendería a añadir un nuevo elemento de coste en horas docentes y creación de puestos de profesorado. El sistema ganaría unos puntos en materia de complejidad, aunque también en valor educativo. Todo producto creado de nuevo tiene un coste, esta vez en horas y dinero, tanto en el nivel de la realización de la enseñanza como en la formación universitaria del profesorado.

Mas lo cierto es que estos comentarios no cambian mi opinión sobre lo dicho antes: esta materia es específicamente necesaria en la situación actual de la sociedad española y de su trayectoria histórica y cultural, enriquecida hoy por la presencia de miles de personas nacidas en otros países y continentes que merecen conocer mejor cómo se puede engranar su religión (o no religión) con el casi aparatoso contexto religioso / antirreligioso que vehicula la historia de España. Se trata, pues, de una misión que debe ser cumplida. ¿Cuándo? Lo antes políticamente posible.

En cosas menos útiles y necesarias hemos gastado dinero los españoles.

Se dirá que lo pretendido es substituir la enseñanza religiosa por la del hecho religioso (de ahí la idea de reconversión laboral del actual profesorado). Lo único es que esto precisará la denunciación concreta del Acuerdo con la Santa Sede sobre enseñanza, lo que es competencia de una mayoría parlamentaria: es un proyecto político. Como “cristianos” es bueno hablar, mas solo como políticos se puede resolver.

4. Consideraciones finales.

Hay algunos pasajes en el documento de Cristianos Socialistas que transparentan la condición colectivamente creyente de sus autores. El tema es estrictamente político y se entendería más claramente si fuera presentado por un Partido.

En mi comentario sobre lo esencial he omitido elementos donde veo tal transparencia, y cito algunos:

1) mención de la “educación religiosa” y sus objetivos (que se apartan realmente de los del “hecho religioso”;

2) mención de la “competencia espiritual”, que es reivindicación propia de la enseñanza católica12;

3) situación de la religión, “en la centralidad de la liberación de los pobres y más oprimidos”, lo que representa una tendencia, la más positiva a mi juicio, pero que no aparece objetivamente presente en todo el cristianismo. En cambio tal supuesta supremacía universal del cristianismo parece ajena a una visión científica del hecho religioso en el mundo, por triste que parezca13.

Comprendo perfectamente la óptima intención de los creyentes que en realidad hacen las propuestas partiendo de su fe. Personalmente dejo aquí estos comentarios deseando a este colectivo el mayor éxito para que el más constructivo interés por el hecho religioso penetre más y más en el propio inconsciente colectivo de su Partido, donde el haber sido reconocido este grupo como una estructura interna ya es buen resultado de intentos anteriores no siempre exitosos.

La iniciativa es, pues, muy positiva y merece mucho más que este debate, en el que con gusto participo.

Notas a pie de página

1 Cristianos Socialistas PSOE, “El hecho religioso en la escuela”. Año 2017. Accesible en www.cristianospsoe.es . 

2 El carácter vinculante de este Pacto Internacional se relaciona con su inserción en el ordenamiento jurídico interno (art 96.1 CE) y con la exigencia de interpretar derechos y libertades constitucionales de conformidad con los derechos humanos según el art. 10.2 CE.

3 Conviene notar que el término “tolerancia” es de uso nada frecuente en el vocabulario de los derechos humanos, que suelen referirse más bien al “respeto” y a la promoción de estos derechos. Con novedoso realismo aparece aquí la tolerancia referida a los grupos religiosos. Las religiones han sido demasiadas veces intolerantes y conviene pedirles que dejen de serlo. Tan lejos avanza que habla de “amistad” (otro término poco frecuente) entre dichos grupos, lo que contendrá un diálogo inter-religioso, pues sin palabras no hay amistad. Para facilitarla será un cauce evidente el conocimiento mutuo comparado entre las religiones, basado en su estudio científico como hechos sociales y culturales.

4 Ratificada por España y vinculante desde su publicación (BOE, 31/12/1990).

5 Un ejercicio práctico para moverse en esta temática consiste de entrada en no usar el término “religión” refiriéndose de hecho al catolicismo y aun a la misma Iglesia Católica. Incluso al mencionar el “cristianismo” nuestra lógica herencia cultural impone el deber de adiestrarnos para no seguir pensando solo en católico, sea a favor o en contra.

6 Normalmente tal resentimiento se dirige en España a la religión (Iglesia) católica, con frecuente carácter anti-clerical.

7 Sin olvidar que entre los atemorizados por cierta exégesis y teología reciente se hallan algunos elementos jerárquicos, lo que ha costado suspensiones o aun condenas, no ya a Hans Küng o Edward Schillebeeckx, sino a teólogos españoles o latinoamericanos cuyas publicaciones circulan suscitando amplio interés religioso, para algunos inesperado.

8 El documento que estoy comentando cita La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Recomendación 1720 (2005) dirigida al Comité de Ministros. Entre otros propone que se considere “la creación de un Instituto Europeo de formación de docentes para el estudio comparado de las religiones” (punto 13.3). Allí vieron el problema, pero la muy amable respuesta del Comité de Ministros (2006) nada dice sobre esta concreta recomendación ni sobre la mayoría de las demás, salvo que el asunto está ya englobado como un subapartado dentro del gran tema de la “Educación Intercultural”, que ya es un programa importante en el Consejo. La respuesta tiene algo de “larga cambiada”, y coincide con la posición del “Libro Blanco sobre el diálogo intercultural del Consejo de Europa” (mayo, 2008). Se trata de un apartado dentro de un ámbito más amplio, ya solucionado. En todo caso, dicho de paso, esta clase de problemas se resuelve mejor con referencia al Sistema Internacional de derechos humanos. Queda reducido al limitarlo al Sistema Regional Europeo (cuyo Convenio es el menos fuerte respecto de los derechos sociales). El ámbito de las religiones de todo el mundo se sitúa mejor, en todo caso, con referencia al sistema universal de derechos humanos.

9 Esta clase de competencias muchas veces se solapa con polémicas de profesores de exégesis en facultades confesionales, pero no siempre es así. Crecen las convergencias entre especialistas católicos, protestantes o incluso hebreos, y otros de corte científico ajeno a toda perspectiva confesional. Descubrimientos recientes como los manuscritos del Mar Muerto o de Nag Hammadi (mediados del siglo XX) agitan esas aguas “territoriales” con ritmos acelerados.

10 Votada en referéndum la Constitución el 6 de diciembre de 1978, resultaba de todo punto imposible que los textos que totalizan casi 10.000 palabras fueran negociados íntegramente en el escaso número de días laborables que se interponían entre el referéndum de aprobación y la firma de los Acuerdos y sus Anexos el 3 de enero de 1979. La cuestión tiene importancia, pues sería demostrable que los Constituyentes ocultaron al pueblo español la existencia de un detallado Tratado Internacional con la Santa Sede, a guisa de paquete oculto en la “coletilla” del Artículo 16.3 CE. Pero el hecho es que el asunto estaba plenamente preparado con toda discreción. La época de tal negociación es particularísima. La muerte del Papa Juan Pablo l el 29 de septiembre de 1978 marca el inicio de la segunda Contrarreforma católica, encaminada a frenar el impacto del Concilio Vaticano II. Los Acuerdos constituyen una trascendental “nota al pie” de la Constitución y como tal Tratado Internacional vinculan a España mientras el Estado o la Iglesia no los denuncien. En el caso de España para la denuncia se precisará la previa autorización de las Cortes Generales (Arts. 96.2 y 94 CE).

11 No se duda que el actual sistema es un lastre del viejo Estado confesional. La designación del profesorado por la confianza de la Iglesia (simétrica de los dichos casos de divorcio de la persona titular) implica una intromisión en el poder civil introduciéndole un concepto de “pecado”, lo que termina mostrando que en muchos aspectos no se contempla un tratado entre dos Estados, sino la aceptación parcial de uno de ellos como Estado dentro del otro Estado. La lúcida inteligencia eclesiástica intuye que, en un país con mayoría de declarados católicos en que abunda el segmento de “creyentes no practicantes”, la educación religiosa se empobrece si solo es confiada a la vía normal del testimonio de creencias transmitidas en el medio familiar y en la práctica ritual. De ahí que la promesa de intentar una futura autofinanciación educativa de la Iglesia a costa espontánea de la comunidad creyente fuese una intención de cumplimiento utópico. En este sentido la voluntad de Cristianos Socialistas de que su proyecto terminara “favoreciendo el avance hacia la constitución de un Estado Laico” es bien justa. Presupone que tal Estado Laico no está del todo constituido, cosa sabida por unos, que piden laicismo, y negada por otros, que afirman su actual “laicidad”. Verba volant.

12 Reaparece un viejo reflejo que considera la fe cristiana como envoltorio de referencia de los demás principios. Véase la forma de “matrioska” donde la educación cristiana es la que contiene a todo el resto de elementos positivos de uno u otro origen (portada y explicación en texto): https://www.ecmadrid.org/plan-de-pastoral-fp/1583-competencia-espiritual?lang=es .

13 El Presidente G.W. Bush, con apoyos adláteres, ordenó en 2003 la invasión militar de Iraq, afirmando convicciones cristianas y morales contra “el eje del mal”. El fundamentalismo cristiano estadounidense formará parte del estudio del hecho religioso, no sin explicar su actual expansión en América Latina.

 


Retomo mis RUEDASDEMOLINO para transmitir este llamamiento que me remite el amigo Giorgios Mitralias desde Atenas.

Por el derecho de los pueblos a auditar la deuda pública

 

A los pueblos de Europa y del mundo,

A todos y todas las que rechazan las políticas de austeridad y no aceptan pagar una deuda pública que nos ahoga, que fue contraída sin nosotros y contra nosotros. 

Quienes firmamos este llamamiento nos situamos junto al pueblo griego que, tras su voto en las elecciones generales del 25 de enero de 2015, es el primer pueblo en Europa –y en el hemisferio Norte- que ha rechazado las políticas de austeridad aplicadas en nombre del pago de una deuda pública contraída por los de arriba, sin el pueblo y contra el pueblo. Al mismo tiempo, consideramos que la creación de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública, por iniciativa de la Presidenta del Parlamento griego, constituye un acontecimiento histórico de fundamental importancia, no sólo para el pueblo griego sino también para los pueblos de Europa y del mundo entero.

En efecto: esta Comisión, compuesta por ciudadanos y ciudadanas voluntarias llegadas de todo el orbe, sin duda estimulará iniciativas semejantes en otros países. En primer lugar, porque el problema de la deuda es una verdadera peste que se abate sobre casi toda Europa y otros lugares. Y también porque muchos millones de ciudadanas y ciudadanos plantean, con sobrada razón, preguntas a la vez elementales y fundamentales sobre la deuda:

-¿Qué ha pasado con el dinero de los préstamos, y en qué condiciones se solicitaron estos préstamos? ¿Qué intereses se han pagado ya, bajo qué tipos de interés, qué parte del principal ya se ha devuelto? ¿De qué manera la deuda ha crecido sin que ello beneficie al pueblo? ¿Qué caminos han tomado los capitales? ¿Para qué han servido? ¿Qué parte se ha sustraído, por quién y cómo? Y también:

-¿Quién ha pedido prestado, y en nombre de quién? ¿Quién prestó y cuál fue su papel? ¿De qué manera se ha visto implicado el Estado, quién y cómo tomó las decisiones? ¿Cómo las deudas privadas se convirtieron en “públicas”? ¿Quién ha impulsado proyectos inadecuados e inútiles, quién contrató, quién se ha beneficiado? ¿Se han cometido delitos –por no decir crímenes- con ese dinero? ¿Por qué no se sustancian responsabilidades civiles, penales y administrativas? 

Todas estas preguntas las va a analizar de forma rigurosa la Comisión especial creada por iniciativa de la Presidenta del Parlamento de Grecia, Comisión cuyo mandato oficial se formula así: “Recopilar todos los datos relacionados con el surgimiento y el aumento desmesurado de la deuda pública y someterlos a minucioso escrutinio científico con el objetivo de definir qué parte que se puede identificar como deuda ilegítima, ilegal, odiosa o no sostenible, y ello tanto durante el período de los Memorandos, entre mayo de 2010 y enero de 2015, como en años anteriores. La Comisión también debe publicar informaciones claras y accesibles para todos los ciudadanos, realizar declaraciones públicas, facilitar la toma de conciencia de la población griega, así como de la comunidad internacional y la opinión pública internacional, y finalmente redactar argumentaciones y demandas relativas la cancelación de la deuda.” 

Consideramos que constituye el más elemental de los derechos democráticos, para cualquier ciudadano o ciudadana, el plantear estas preguntas y obtener respuestas claras y precisas a las mismas. Entendemos que rechazar responderlas supone una denegación de democracia y un rechazo de transparencia por parte de los de arriba, que han inventado el “sistema-deuda” y lo utilizan para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Aún más grave: juzgamos que, al monopolizar el derecho a decidir sobre el curso de la sociedad, los de arriba privan a la inmensa mayoría de las ciudadanas y ciudadanos no sólo de su derecho a decidir, sino sobre todo del derecho a asumir sus propios destinos, así como tomar las riendas del destino de la humanidad.

Por eso, en esta situación de emergencia, dirigimos el urgente llamamiento siguiente a todos los ciudadanos y ciudadanas, a los movimientos sociales, a las redes y movimientos ecologistas y feministas, a los sindicatos de trabajadores y a las formaciones políticas que no se reconocen en esta Europa neoliberal, cada vez menos democrática y humanista: 

Manifestad vuestra solidaridad con esta Grecia resistente apoyando ahora, de forma activa, a la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública griega y su trabajo de identificación de la porción ilegítima, ilegal, odiosa o no sostenible de tal deuda.

Defended a la Comisión de los indignos ataques con que la acosan quienes, en Grecia y en todo el mundo, están interesados en mantener oculta la verdad sobre el “sistema-deuda”.

Participad activamente en los procesos de auditoría ciudadana de la deuda que se están desarrollando en muchos lugares, en Europa y fuera de ella.

Compartid en red vuestro apoyo y solidaridad, pues sólo semejantes apoyos y solidaridades pueden lograr frustrar el plan de los poderosos que quieren asfixiar a la Grecia que lucha contra nuestros enemigos comunes: las políticas de austeridad y la deuda que nos ahoga.

Frente a adversarios experimentados, unidos, bien coordinados, armados con poderes exorbitantes y sobre todo decididos a llevar hasta el final su ofensiva contra todos y todas los que constituimos la aplastante mayoría de nuestras sociedades, no podemos permitirnos el lujo de resistir por separado, cada cual aislado en su rincón.

Unamos nuestras fuerzas en un vasto movimiento de solidaridad con la Grecia resistente y apoyemos a la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública griega, y multipliquemos Comisiones semejantes allí donde sea posible. 

La lucha del pueblo griego es nuestra lucha, y su victoria será la nuestra, pues sólo la unión hace la fuerza.

Entre los y las firmantes:

  El economista comprometido Yorgos Mitralias me anuncia desde Atenas, el pasado 23 de abril, que van a apoyar de entrada este llamamiento personalidades como

Naomi Klein, Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Noam Chomsky, Ken Loach;

así como dirigentes sindicales, activistas de movimientos sociales, responsables políticos e intelectuales y artistas de renombre. Luego se hará público para recabar adhesiones de los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo.

Envíense las adhesiones a Yorgos Mitralias <giorgos.mitralias@gmail.com>



1. Qué es la Jurisdicción Universal (divulgada como “Justicia Universal”)

Jurisdicción Universal (en adelante JU) es una jurisdicción penal solo sustentada en la naturaleza del delito, prescindiendo del lugar en que se haya cometido, de la nacionalidad del autor, de la nacionalidad de la víctima, o todo otro nexo con el Estado que ejerza la JU.

La JU puede ser ejercida por un órgano judicial competente y ordinario de un Estado a fin de enjuiciar a una persona debidamente acusada de comisión de delitos graves de derecho internacional. Estos son principalmente: 1) la piratería; 2) la esclavitud; 3) los crímenes de guerra; 4) los crímenes contra la paz; 5) los crímenes de lesa humanidad; 6) el genocidio; 7) la tortura. Son “crímenes internacionales” cuya comisión ofende a la humanidad en su conjunto. Si no son penalizados en el lugar de su comisión (porque allí exista una situación de impunidad, cosa por desgracia frecuente en ciertos regímenes), cualquier país comprometido con el castigo de tales delitos puede y debe enjuiciarlos, previa orden de detención del delincuente (normalmente vía Interpol).,

Quien otorga vigencia a la JU ejercida por de tribunales nacionales no es el derecho interno del país, sino el Derecho Internacional, que en Estados que han ratificado sus correspondientes tratados posee una primacía sobre el nacional. En todo caso, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un Estado “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

¿Dónde reside el problema?: en que cuando un Estado (ejs: USA, Israel, China) por su poder económico, o su talante político imperial o imperialista considera que el presunto criminal debe permanecer impune, tal Estado dominador amenaza con represalias de todo tipo al Estado donde se emprende la persecución del delincuente. Entonces este que podemos llamar inferior en poder, aunque sea superior en derecho (ejs: Bélgica, España), suele someterse al chantaje imperial del más fuerte y bloquea la acción de sus propios tribunales para que en un caso dado no ejerzan la JU.

2. ¿Cómo se va aplicando el freno de mano a la JU?

Primero: un aparato judicial nacionalista, que no le guste el Derecho Internacional (y menos el “de los derechos humanos”), rechace las órdenes de detención de criminales e imponga la inadmisión de los procesamiento. Pero el Tribunal Constitucional español en una histórica sentencia (STC 237/2005) puso en su sitio a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, dando la razón a la minoría de 7 magistrados del segundo en relación con el juicio a los responsables del genocidio de los indios mayas en Guatemala. Los principios de la Jurisdicción Universal absoluta quedaron allí enérgicamente afirmados.

Segundo: cambio legal nacional. Fracasada la resistencia del aparato judicial, aparece un nuevo camino hispánico para frenar la jurisdicción universal. Se trata de crearle problemas en la legislación nacional (diga lo que diga la Convención de Viena). Así comenzó el Gobierno PSOE pactando con el PP la Ley Orgánica 1/2009, donde colaron un cambio de artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reglamentaba el ejercicio de la JU. En adelante se exigiría que entre las víctimas hubiera españoles y que el caso no fuera objeto de un juicio en el lugar de la comisión del crimen. Se trataba del caso Gaza (14 asesinados en 2002) que Israel súbitamente decidía “enjuiciar”, aparte de haber estado amenazando a España con represalias económicas, por ejemplo en el uso de patentes farmacéuticas. Se trataba asimismo del caso Couso, que el Imperio yankee no podía tolerar, presionando a las autoridades españolas hasta extremos avergonzantes, que el Sr. Assange y su Wikileaks revelaron claramente.

Tercero: más condiciones, ya imposibles: El PP de la mayoría absoluta, inventa un procedimiento que le ahorra la sumisión a los dictámenes de los Consejos de Estado y General del Poder Judicial, vuelve con un nuevo giro de tuerca sobre el mismo artículo de la Ley del Poder Judicial. Esta vez se imponen tales condiciones para abrir un caso de JU, que se hace prácticamente imposible cualquier acción, La víctima tiene que ser española, pero el criminal, entre otras condiciones que ahora ahorramos, si es español tiene que residir en España, y si es extranjero, salvo un par de casos en que esté en España, tiene que residir aquí también. De esta manera la pretendida “reforma” facilita intereses de bandas y mafias internacionales (de trata de personas, tráfico de estupefacientes, de armas, etc.) renunciando a combatir a sus promotores y autores principales allá donde se encuentran, y atando las manos de la Justicia española al mero control policial y al procesamiento judicial de sus cómplices en España y de las personas o mercancías que el crimen organizado introduce ilegalmente en nuestro país.

Cuarto: eliminar las acusaciones populares. Eran casi siempre diversas ONG, preocupadas por la justicia internacional. Ejercían la llamada “acusación popular” amparada por el art. 125 de la Constitución. Este dicen ellos que no se aplicará en JU. Así que nada de perseguir a criminales internacionales impunes sin que la fiscalía asuma la acusación. Como la fiscalía depende del Gobierno, este no tiene el menor interés en malquistarse con cualquier pobre diablo opresor en el último rincón del mundo. Y si no es pobre diablo, sino gobernante totalitario, con disposición de buenas materias primas (ojo al petróleo), o capacidad de compra, o incluso si es gobernante democrático que ampara o comete corrupciones nefastas, entonces hay un particular interés en no molestarle. La batalla de fondo es del derecho contra los intereses. ¿Y a quién le interesa tanto derecho? ¡Hay que ser un poco pragmáticos, hombre!

Quinto: una esperanza. El PP tomando a otros por idiotas, cuando se oponen a esta ley de imposible aplicación, les dice: “¡Pero si hemos ampliado la Justicia Universal!”. Solo formalmente es verdad. La tradicional lista de crímenes se amplía. Baste recordar el último apartado sobre los delitos perseguibles: “Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos“.

Salvada la incorrección lingüística (signo de lo poco que importa al redactor esta teórica ampliación de lo inviable), la proposición regala esa cínica apoteosis final del vigor del Derecho Internacional, ese que propone aplicar solo en condiciones imposibles. Pues bien, como esta ley deberá caer en cuanto la actual mayoría absoluta pase a peor vida, quienes la cambien difícilmente se atreverán a excluir el cumplimiento de cualquier “Tratado vigente para España”. Y por poco que aflojen este casi hermético tapón de condiciones impuestas podrá darse el caso de que la JU reciba al menos una bocanada de oxígeno en el futuro de este atribulado país. Esa es la esperanza: lo último que se pierde.


Giorgios Mitrailas, prestigioso economista griego, “Yorgos” para los amigos, me envía este breve informe, que os recomiendo.

 

Atenas, polución invernal

¡Ciudades griegas transformadas en cámaras de gas!

Por Yorgos Mitrailas

¿Cuál sería la relación de la transición energética con la actual crisis de la deuda y con las políticas de austeridad draconiana que se derivan de ella en toda Europa? En otros términos: ¿cómo se presenta la transición energética en la práctica, no en teoría, en esta Europa barrida por la crisis?

No es solo por ser griego por lo que ilustraré esta problemática basado en la experiencia concreta de mi país. Si viene a cuento el ejemplo griego es sobre todo porque Grecia ha sido la elegida por los de arriba para convertirse en laboratorio de las políticas neoliberales, de sus consecuencias sociales y también ecológicas. Resumiendo: lo que pasa en Grecia es “emblemático” de lo que puede pasar pro todas partes.

Resulta que las medidas de austeridad impuestas por la Troika a los griegos se traducen, en el campo de la transición energética, en algo inédito, totalmente imprevisto: ¡en una transición hacia un pasado muy lejano! El pasado en que la gente se calentaba quemando todo lo que tenía a mano, no solo en sus chimeneas, sino en braseros improvisados. ¡Igual que lo hace la mayoría de griegos desde hace dos o tres años! Es porque carecen de acceso a los variados medios de calefacción de los tiempos modernos.

¿Cuál es la razón de esta situación que, al caer de la noche, transforma las principales ciudades griegas en verdaderas cámaras de gas, que recuerdan el antiguo Londres del smog? Hay que buscarla en la subida vertiginosa del precio del fuel impuesto por la Troika (y por su fiel servidor el Gobierno Griego) a los usuarios cuyo poder de compra ya se había dividido el menos por dos. Como ya no pueden comprar fuel, la mayoría de los griegos se ha replegado a la calefacción por madera. Pero, atención, no cualquier madera, dado que la leña vendida en el mercado es también inabordable para la mayoría.

Por eso vemos a los habitantes de Atenas, y sobre todo de Salónica y otras ciudades griegas del norte, cómo queman en chimeneas o braseros… todo lo que puede arder: madera, periódicos, ramas de árbol, neumáticos, cajas y jaulas, puertas y ventanas arrancadas, muebles viejos, y hasta la basura de los contenedores. Pero esos materiales acostumbran a ser altamente tóxicos, embebidos de sustancias químicas, pintura, cola, etc.

Son dramáticas las consecuencias de esta clase de “transición energética” impuesta a todo un pueblo por las políticas neoliberales. Son decenas y decenas de griegos y griegas asfixiados por estos improvisados medios de calentamiento, o incluso quemados vivos en sus casas incendiadas. Pero sobre todo, según especialistas científicos, miles de miles de muertos en años futuros porque las finas partículas en suspensión que invaden el aire de las ciudades sobrepasan 3, 4, 5, incluso 6 veces los niveles de urgencia y dañan enormemente a la salud, insertas en los pulmones, pasando a la sangre y según la Organización Mundial de la Salud– actuando como altamente cancerígenas. Tampoco olvidemos los “daños colaterales”, como la deforestación acelerada del país por los especuladores, o simplemente por los pobres desesperados que se precipitan sobre todo lo que puede aportarles leña gratuita o barata.

Pero, atención: la situación habría sido bastante peor si las temperaturas invernales no hubieran sido este año en Grecia totalmente excepcionales, las más suaves desde hace 60 años. Esto permite también al Gobierno Samaras el ahorrarse una revuelta popular, cuando él se limita a lanzar llamamientos a los ciudadanos que tiritan ¡para que no enciendan su chimenea!

En conclusión: esta “transición energética” a la griega en tiempo de barbarie neoliberal debería hacer reflexionar sobre todo a quienes todavía persisten en su fe en la pretendida “ineluctabilidad del progreso”. Porque en adelante desgraciadamente todo es posible, y sobre todo lo peor. ¡A nosotros nos toca encontrarle a gran velocidad un freno, que tendrá que ser ecosocialista!

 

 


Pincha sobre la imagen para ir a la web 'Por el agua'

El otro día, en un encuentro de gente seria, me quejaba yo del anuncio de privatización del Canal de Isabel II, empresa pública que tiene bien contentos a los madrileños. Madrid, ciudad seca si las hay, tiene agua de muy buena calidad, y encima el Canal tiene un resultado económico bien satisfactorio, a favor del pueblo de Madrid, que es su legítimo dueño. Una verdadera joya de propiedad social.

A mi queja respondían algunos provectos señores, en tono comprensivo para con mi idiotez. Casi paternalmente me explicaban que no se privatizaba el agua, sino solo su gestión, y que esa gestión podía ser perfectamente eficaz en manos privadas, citándome el caso de Barcelona, donde el agua de gestión privada funciona con la misma perfección que la de gestión pública en Madrid. Esos argumentos traen, tanto los he oído, un trasfondo de perdonar la vida a toda gestión pública (se le concede que pueda ser excepcionalmente eficaz) mientras se SABE que la gestión privada es LA MEJOR. Si uno fuera tan religioso como antes se solía, podría afirmar que el pecado original era un lastre de los humanos responsables públicos, incompetentes y ambiciosos, mientras que los privados podrían considerarse sin pecado concebidos, honrados angélicos a carta cabal.

Un par de anécdotas ahora, que me dan para pensar.

Pienso en los campesinos salvadoreños que salieron a protestar por la privatización del agua y fueron machacados por la PNC (Policía Nacional Civil) (¿o incivil?) que les produjo decenas de heridos e intoxicados por “golpes, armas de fuego, balas de goma, y lanzamiento de gases pimienta y lacrimógeno”. Cito literal.  Luego se llevaron a varias personas de las que habían programado el foro de debate al que acudían aquellos grupos. Eran la mayoría mujeres, y se les aplicaba la Ley Antiterrorista.

El tema del debate preparado era solamente el lanzamiento por el Sr. Saca, Presidente del país, “de su Política Nacional de Descentralización del Agua, la cual ha sido seriamente cuestionada por ser la que daría paso a la privatización del vital líquido con su consecuente encarecimiento y por tanto, más difícil de adquirir para las mayorías pobres”.  He citado literal de nuevo. Querer debatir sobre aquello se suponía que era una tremenda agresión contra el (des)orden establecido.

Pienso también en Uruguay, 2004, cuando con ocasión de las Elecciones Nacionales el pueblo respaldó (64,7 % de los votos emitidos) una reforma del art. 47 de la Constitución a favor de una iniciativa de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV). El nuevo texto definía el acceso al agua potable y al saneamiento como “derechos humanos fundamentales”. Y el artículo añadía que los criterios de gestión de los recursos hídricos deberán estar basados en la participación ciudadana y la sustentabilidad. “El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales” (art. 47, 3).

¿Quiénes eran las empresas no públicas ni uruguayas destinadas a abandonar la gestión del agua tras esta reforma? Por un lado Aguas de Bilbao. Por otro la francesa Suez y su subsidiaria Aguas de Barcelona. Más detalles en Santos, Carlos, “Uruguay: la democracia directa en la defensa del derecho al agua”, en Asociación Pro Derechos Humanos de España – ACSUR, Derechos Humanos y Desarrollo, Icaria, Barcelona 2007, pp. 179-88.

La gestora pública se mide por la calidad del servicio público antes que por la rentabilidad. Le basta una rentabilidad suficiente para asegurar las continuas necesidades de reinversión. Y si obtiene algún superávit suplementario será a beneficio de las arcas públicas, de propiedad ciudadana. Vender una buena gestora pública es empobrecer a la correspondiente sociedad.
En contraste, la gestora privada se mide inevitablemente por su beneficio y atiende a la reclamación de más altos dividendos para sus accionistas.

Al Canal de Isabel II privatizado ya lo estamos viendo tomar concesiones de gestión del agua en países de baja renta. Servir a Madrid, y además extender el beneficio.  Para ello conviene buscar concesiones que se obtengan de sus Gobiernos, a menudo llamativos desgobiernos. En vez de prestarles valiosa asistencia técnica para que funden sus propias empresas públicas, propiedad de sus ciudadanos, se les firma un papel, una posiblemente barata patente de corso para gestionar de modo bien rentable el agua de la gente más pobre, con infalible subida de tarifas a favor del accionista y de los sueldos de directivos tan fieles como bien pagados. Lo que arrastra una infalible subida de precio, que complique el acceso de la gente al recurso hídrico esencial.
La tesis, no reconocida, pero ya suficientemente practicada, es que toda buena empresa pública debe ser vendida a empresarios bien vistos por el gobernante vendedor (vendedor de lo que no es suyo). Y la mala privada será nacionalizada, comprada con el dinero de los ciudadanos (que tampoco es dinero del gobernante). Así piensan algunos, sin que los ciudadanos les retiren el voto. ¿Quién es el auténtico idiota?

Ahora no nacionalizan la banca, pero sí están nacionalizando sus pérdidas y sus errores, para que los paguemos entre todos. Les regalan nuestro dinero. Si al menos los compraran con una OPA a nuestro favor…

La moda es convertir todo en empresa privada bien rentable, incluida la cooperación al desarrollo. “Empresarialicemos” todo, pues.

¿Así se demostró cuando en Valencia “empresarializaron” a fondo la gestión del viaje del Santo Padre?

Así se privatizaron transportes británicos desde los años 80 con los problemas que se han visto después, o los ferrocarriles argentinos desde hace mucho también, aunque solo lo investiguen ahora…

El agua es nuestra, y nuestra Comunidad ha de gestionarla.

¿No se publicita la Comunidad de Madrid como “la suma de todos”?

Pues no, no queremos que se abra el melón privatizador del Canal de Isabel II. No, no y no.

Información útil sobre la consulta social que se celebra este domingo 4 de marzo en Madrid

Consulta social 4 de Marzo sobre la privatización del Canal de Isabel II

Todos los vecinos dispusieron de una papeleta con el siguiente texto:

“¿Está de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga
siendo 100% público? SI/NO”

Mapa con la localización de las mesas

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Una multinacional formará a los jueces en el derecho humano al agua

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15.02.2012 · periodismohumano · Mª Ángeles Fernández · J. Marcos

El Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar (de Aguas de Barcelona) han firmado un convenio para promover un foro sobre ‘derecho de aguas’ dentro de la magistratura. 34 asociaciones, ONG y sindicatos lideran la oposición a un acuerdo que entienden que vulnera el principio de independencia del CGPJ y en el que Agbar tiene un conflicto de intereses para coordinar un debate alrededor del derecho al agua por sus réditos comerciales en el sector.

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El género humano es su víctima, y  algunos mucho más

Sinceramente me asombro de que las noticias digan que la tragedia perdura porque China y Rusia vetan toda solución, como un hecho frío y empírico; si dijeran que el suelo está mojado porque ayer ha llovido.

*   *   *

Cuando en 1945 el Tratado de San Francisco estableció la Carta de las Naciones Unidas todo el planeta se encontraba aterrorizado tras el holocausto, y la situación del  mundo ya no soportaba que unos países dominaran a otros. Se imponía la necesidad de garantizar en adelante la justicia y la igualdad.

Era urgente la puesta en marcha de los procesos de descolonización y a este particular se dedicaba una parte importante de la nueva Carta de la ONU.

En el mismo preámbulo de la Carta se afirmaba la decisión tomada por “nosotros los pueblos de la Tierra”. Resueltos se presentaban, entre otros,

- a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles,

- a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,

Del primero de estos dos elementos se derivaba la necesidad de crear un órgano de competencia universal encargado de garantizar la seguridad de los países: nacía el Consejo de Seguridad. No más “flagelo de la guerra”.

Del segundo se derivaban por un lado la afirmación de la dignidad de la persona y la igualdad de todos los nacidos (Declaración Universal de los Derechos Humanos), y por otro la descolonización, basada en la igualdad de las naciones, grandes y pequeñas (supresión del imperialismo).

La creación de las Naciones Unidas, después del fracaso de la Sociedad de Naciones en la entre-guerra, surgía como un sueño de felicidad.

Como parte de este sueño se materializaba el artículo 30 y último de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice así:

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

*   *   *

Llevo muchos años molesto con este artículo, entendiendo que las propias Naciones Unidas incurren en actividades contrarias a estos derechos y libertades, sustancialmente el de la igualdad.

¿Qué seguridad garantiza un Consejo donde se sientan Estados de primera y otros de segunda, pudiendo cualquiera de los de primera vetar cualquier acción en favor de la seguridad internacional cuando se oponga a algún interés suyo?

Muchos años sintiendo lo mismo, siempre calladamente, porque demasiado importante y urgente es recordar los 29 primeros artículos, todos los derechos tan poco respetados, todas las libertades, tan poco ejercidas.

Pero hay un momento en que uno no puede más: ¿qué tiene que ver la igualdad de las naciones con el veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad?

Y resulta que para revisar esta incoherencia no se planea el suprimir el veto, ¡sino que algunos otros países puedan adquirir la misma condición de miembros permanentes con veto!  ¡Vaya  reforma!

Como quiero que me pagues la millonada que me debes por las armas que te vendo necesito que sigas al frente de tu país, y si para eso tienes que asesinar a miles de tus ciudadanos, yo te protegeré. ¡Mientras tanto, vete usándolas, que el año que viene te vendo más!

De la contradicciones de la descolonización podremos tratar otro día.

Pero, de momento, ¿no merece la pena que, una vez más soñando utopías, los mortales de a pie levantemos la voz contra el escandaloso “derecho” de veto en el Consejo de Seguridad? ¡Y que lo hagamos por millones, en el mundo entero!

¿Alguien, después de 67 años de Naciones Unidas, puede citar un caso en que allí se haya emitido un veto sin que tenga detrás motivaciones vergonzosas, delictivas y gravemente enfrentadas con el espíritu inspirador de las mismas Naciones Unidas?

*   *   *

Cualquiera podría decir: “pues destruyamos la ONU”.

El problema, digo yo, es que no tenemos otra cosa para tratar de entendernos y convivir en este mundo traidor, en este planeta que hemos tornado tan frágil.

Cierto que es utópico el reformar el Consejo de Seguridad.

¿Y poner a todos de acuerdo para que hagan una especie de ONU nueva y sin vetos no sería utopía más difícil todavía?

De momento voto contra ese veto. Las víctimas ya son miles Y siguen saliendo a la calle, seguros de que cada día decenas o centenas de ellos morirán. Es la atrevida humanidad sin nada que perder, asesinada mientras unos delincuentes de la política y del dinero imponen a golpe de veto el silencio en una torre de Nueva York.


La bolsa de Wall Street, Nueva York (AP)

Vemos y sufrimos fundamentalismos en todos los campos. En boga está el de los adoradores sectarios del poder absoluto, imperial, de los mercados, impuestos como protagonistas absolutos de la supuesta salvación de todos.

Si esta y otras adoraciones en boga adoptan perfiles sociales próximos a lo religioso tradicional, he ahí una cuestión abierta a la discusión.Pero para entendernos puede resultar bastante útil escuchar el mensaje que el Congreso de Teología recientemente celebrado en España dirige a toda la sociedad.
Se fija principalmente en el fundamentalismo religioso, pero la conclusión que ofrece, tras varios días de trabajo y debate sobre el tema, merece nuestra escucha atenta, seamos religiosos o no. Véase el texto:

MENSAJE DEL XXXI CONGRESO DE TEOLOGÍA

Convocado por la “Asociación de teólogos y teólogas Juan XXIII”

Madrid

Del 8 al 11 de septiembre  hemos celebrado el XXXI Congreso de Teología con la participación de setecientas personas de diferentes continentes y múltiples identidades culturales, religiosas y étnicas para reflexionar sobre el fenómeno de los fundamentalismos, sus principales manifestaciones, causas y  consecuencias en los distintos escenarios geoculturales: Asia, África, América Latina y Europa.

1. Los fundamentalismos son la manifestación más elocuente de la incapacidad de los seres humanos para vivir en armonía en medio de la diversidad y convierten las discrepancias en barreras de incomunicación. Alimentan la intolerancia, son enemigos de la diversidad y pueden manifestarse bajo cualquier ideología.

2. El fenómeno fundamentalista, cada vez más extendido, se apropia de todas las parcelas de la existencia humana: personal y social, religiosa y cultural, política y económica. Esto puede comprobarse en el avance de los partidos xenófobos e islamófobos, en el fanatismo de líderes religiosos que queman libros sagrados y en los atentados terroristas cometidos en nombre de Dios. Coincidiendo con el X Aniversario del 11-S, queremos tener un recuerdo especial para los atentados de ese día en los Estados Unidos, sin olvidar los del 11 de marzo en Madrid, del 7 de julio en Londres, del 21 de julio en Oslo y otros, así como las invasiones violentas de países y las agresiones contra su población civil por parte de las potencias imperiales.

3. Hemos prestado atención especial a los fundamentalismos religiosos, cuyas características más importantes son: la absolutización de la tradición, la búsqueda de un fundamento inamovible en un mundo cambiante; la pretendida comprensión literalista  de los textos sagrados fuera del marco cultural e histórico en que fueron escritos; el olvido de la ineludible crítica; la pretensión de verdad absoluta en un mundo caracterizado por la complejidad y la incertidumbre; la dependencia de una autoridad indiscutible frente a la inseguridad creciente; la defensa de una moral inmutable en una sociedad en permanente transformación; la fe en un Dios conocido, que legitima las propias convicciones y opciones; la sacralización de lo profano; la dogmatización de lo opinable y la negativa al diálogo.

4. En la Iglesia católica el fundamentalismo suele canalizarse través de los movimientos neoconservadores, empeñados en llevar a cabo la restauración eclesiástica hasta el extremo, y de no pocas actuaciones intolerantes de la jerarquía que minimizan, e incluso niegan, aspectos fundamentales del concilio Vaticano II y condenan el trabajo de los teólogos, las teólogas  y los movimientos renovadores.

5. Algunas de estas actitudes hemos podido comprobarlas en la reciente Jornada Mundial de la Juventud, que ha ofrecido una imagen autoritaria y patriarcal de la Iglesia, ajena a los problemas reales de los jóvenes, y ha fomentado la exaltación del pontífice, hasta caer en la papolatría, una de las más nítidas expresiones del fundamentalismo. Y todo ello con el apoyo y la legitimación de las diferentes instituciones municipales, autonómicas, militares y empresariales.

6. Objeto de riguroso análisis crítico por parte de las teólogas feministas de las diferentes tradiciones religiosas ha sido el fundamentalismo patriarcal, que fomenta la desigualdad, mantiene los roles de género y se traduce en el control absoluto del orden social por los varones, que imponen la sumisión de las mujeres, recurren a la violencia  y llegan al extremo del feminicidio.

7. Los fundamentalismos se extienden por los diferentes sectores sociales e instalados en las cúpulas de la mayoría de las religiones, de la política, de la economía e incluso de los Estados, que toman sus decisiones autoritariamente sin la consulta a la ciudadanía y sin fomentar la democracia participativa. Nosotros mismos, por muy lejos que creamos estar de actitudes fundamentalistas, no estamos libres de incurrir en ellas. Por eso es necesario estar vigilantes y tener una actitud siempre autocrítica.

8. Creemos que el mejor antídoto contra los fundamentalismos son: la renuncia a la posesión absoluta de la verdad y su búsqueda colectiva, el respeto al pluralismo, la convivencia frente a la coexistencia, el derecho a la diferencia, la interculturalidad y el diálogo interreligioso orientados al trabajo por la paz y la justicia, la solidaridad con los excluidos, la defensa de la naturaleza y la igualdad entre hombres y mujeres. Las religiones poseen en sus propias fuentes ejemplos luminosos y resortes para superar los fundamentalismos, cuales son: la dignidad de las personas, el tejido comunitario, la aceptación de los otros, el perdón, la misericordia, la opción por los pobres y marginados y la hospitalidad.


Curioso el mes de julio: la semana pasada los vecinos franceses han celebrado su fiesta nacional del 14 juillet. Ha sido el 222 aniversario de la toma de La Bastilla por el pueblo. Nicolás Sarkozy ha presidido el gran desfile y 9 cazarreactores trazaron sobre el cielo de París las franjas tricolores de la bandera.

Cuando sucedía aquella revolución no había justicia internacional. Ninguna instancia superior a un Estado podía juzgar crímenes cometidos allí. Fueron los propios ciudadanos quienes reivindicaron los ausentes derechos de la ciudadanía, y condenaron a los tiranos, no sin antes intentar entenderse. El Rey Luis XVI llegó a jurar la Constitución, juramento que el pueblo iba repitiendo frase a frase en el día del primer aniversario, 14 de julio de 1790, que inauguraba la fiesta nacional luego repetida hasta hoy.

Pero el Rey violó después su juramento, intentando huir y recabar apoyo extranjero para una guerra de reconquista que le devolviera el poder absoluto y matase la joven democracia. Le cazaron por el camino y, detenido con toda su comitiva, fue juzgado y ejecutado en enero de 1793.

La que condenó al tirano impune fue, pues, una justicia nacional, incubada durante siglos de absolutismo.

No había justicia internacional.

Damos un salto en el tiempo y llegamos al 18 de julio de 1936. Otro aniversario, aún festivo para algunos.

Guerra civil española (AP)

España había conquistado la democracia en 1931. Fue entonces, también un 14, pero de abril, cuando el Gobierno republicano había saludado desde el balcón de la Puerta del Sol. Aquel “Gobierno Provisional” era la concentración de un amplio abanico que reivindicaba los derechos del pueblo, desde la “derecha civilizada” (Miguel Maura lo ha contado) hasta la izquierda radical. El Rey en este caso había huido sin haber jurado nada; se había autoexilado no pudiendo asumir, desde la dictadura de Primo de Rivera, el panorama constitucional que se veía venir.

Y el 18 de julio viene la insurrección militar y falangista, confundida a fondo con  la religión. Tras la guerra más cruel, un largo recorrido de represión. El dictador totalmente impune desde el asesinato de Balmes, firma miles de penas de muerte en un terrible rosario que dura hasta las ejecuciones de septiembre, y también hasta octubre de 1975, cuando un vergonzoso tratado entrega a los

saharauis, que llevaban en el bolsillo el DNI de ciudadanos de España. Muchos miles de españoles sufren la represión durante esos largos 39 años, mientras otros muchos se dejan narcotizar en el crecimiento económico, olvidados de la libertad. Entonces se vivía bien: algo así dijo un día Jaime Mayor.

Tampoco había justicia internacional. Y la nacional estaba manipulada.

El 17 de julio, entre el 14 y el 18, hemos celebrado el DÍA DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL.

Ahora ya hay Justicia Internacional. Criatura recién parida.

Llega muy tarde, pero está llegando. 116 Estados ya han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional  (el “Estatuto de Roma”, adoptado el 17 de julio de 1998). El último: Túnez, a fines del pasado junio. La de Túnez es una novedad significativa, síntoma de un principio entre estados árabes y del Mediterráneo Sir, hasta ahora ausentes.

Otros 23 países han firmado el Estatuto, pero aún no se animaron a ratificarlo. El hecho es que crímenes contra la humanidad cometidos por gobernantes impunes comienzan a ser perseguidos, a pesar de la escasez de medios con que cuenta este Tribunal y a pesar del boicot a que lo han sometido los Estados Unidos de América, desde que el Sr. Bush (junior) anuló la firma que había estampado sobre el Estatuto el Presidente Clinton en los últimos días de su mandato.

Pero a pesar de los pocos medios y del boicot, la Corte Penal Internacional (CPI) ya va adelantando sus primeros pasos. Ya ha pasado por sus prisiones más de un criminal impune, el último: Mladic. Otros están procesados, dictadas ya las debidas órdenes de busca y captura internacional.

La CPI solo actúa cuando los correspondientes Estados no quieren o no pueden actuar contra estos crímenes gravísimos, que por ofender al género humano en cuanto tal se denominan “crímenes internacionales”.

La Corte no está sola. Desde la misma primera etapa de negociación del Estatuto su lanzamiento vino y viene apoyado por una “Coalición de ONG por la Corte penal Internacional”. A esa activa Coalición pertenecemos bastantes millones de miembros de las ONG que la componen, desde la mayoría de los países. En Iberoamérica solo faltan por ratificar Guatemala, Nicaragua y El Salvador, una vez conseguida hace un par de años la adhesión de Chile. La Coalición se fija “países objetivo” de sus campañas para conseguir más respaldo internacional para la Corte, y los tres citados estados centroamericanos serán nuestro objetivo durante el próximo mes de septiembre. Respecto de los tres mencionados algunos estamos implicados en querellas de jurisdicción universal, desde la Audiencia Nacional española, sobre crímenes cometidos en Guatemala y El Salvador. En 2008 diversas ONG internacionales y países de toda América Latina firmaron una declaración en Guatemala presionando en la debida dirección.

La existencia de la CPI se armoniza y converge con el desarrollo de la Jurisdicción Universal sobre crímenes internacionales, ejercida desde tribunales nacionales. Lo que a mediados del siglo pasado comenzó en Núrenberg y Tokio, a finales del mismo siglo ha vivido un acelerón, iniciado con el caso Pinochet. Se trata de un instrumento concurrente con la CPI en una empresa de justicia donde todo esfuerzo es pequeño. Además, la jurisdicción de la CPI sólo se extiende sobre delitos cometidos a partir de julio de 2002, cuando el Estatuto de Roma entró en vigor.

Con la creación de las Naciones Unidas en 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y el resto de tratados internacionales que han constituido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el S. XX ha podido ser considerado como “el siglo de los derechos humanos”, en el que han surgido los primeros ímpetus para la globalización del género humano en la perspectiva no financiera sino sencillamente humana, libre y solidaria, en toda su profundidad.

Parece claro que, en medio de tantos seísmos y tsunamis de las finanzas, frente al totalitarismo de “los mercados”, el siglo XXI está llamado a merecer el título de “siglo de la justicia internacional”. Hay tela cortada.

Y situándonos en nuestro más reducido patio europeo, en cualquier mes de julio, quienes pensemos en aniversarios los días 14 y 18 deberíamos entre ambos, el 17, tener presente este nuevo hito, el más  abierto al futuro: el Día de la Justicia Universal. Un aspecto más de lo que podrá ser un día la democracia real para todos los seres humanos iguales y sin discriminación.


Hablando de exportación de petróleo crudo o refinado:

Habitantes por barril/día exportado Intervención armada “por defender derechos”
Egipto                       535,5                                                 Innecesaria (2011)
Túnez                        138,3                                                 Innecesaria (2011)
Yemen                        72,0                                                 Innecesaria, de momento (2011)
Irak (2002)                 12,0                                                Muy necesaria (2003)
Libia                              4,6                                                 Muy necesaria (2011)
Bahrein                         3,1                                                 Bastante necesaria (2011)
Guinea Ecuatorial       1,7                                                 Innecesaria: no hay conflicto (2011)

Aparte de la relación con habitantes, el ranking de exportación, en números absolutos de barriles/día, (indico la última estadística disponible, excepto Irak donde elijo la anterior a la intervención armada) es:
1. Irak (2002)                                           2.000.000
2. Libia (2008)                                        1.326.000
3. Guinea Ecuatorial (2004)                     371.700
4. Yemen (2008)                                        320.000
5. Bahrein (2004)                                      235.000
6. Egipto (2008)                                         152.600
7. Túnez (2004)                                           75.060

Obsérvese que Guinea Ecuatorial y Bahrein, aunque realicen exportaciones no tan importantes, se corresponden con un volumen de población muy pequeño. Cada habitante toca a más, o tocaría si se repartiera. ¡Peligro! Habría razones para armar al poder constituido.

Dictaduras donde el interés ha llevado a tolerar quebranto de derechos: inicialmente

TODAS

Dictaduras donde al surgir conflicto  se interviene para “defender derechos”:     Irak (2003)
Libia / Bahrein (2011)

De los siete países citados, solo Guinea Ecuatorial permanece en la primera fase: parece haber interés en que subsista la dictadura mientras salga petróleo y no haya conflictos notables.

Preguntas al respetable:
¿Qué variable decide sobre la tolerancia de las graves violaciones de Derechos?:
- ¿Intereses geoeconómicos?    – ¿Resoluciones del Consejo de Seguridad?

¿Qué variable decide sobre la intervención armada en situaciones de graves violaciones de derechos?:
- ¿Intereses geoeconómicos?    – ¿Compromiso por defender los derechos?

¿Qué variable decide sobre la decisión de vender armas a las dictaduras?
- ¿Intereses geoeconómicos?    – ¿Certeza de que las usan para defender derechos?

¿Hace falta votar?:

- Sí                – No

Después de que no necesito votar, ahí va mi conclusión:
1. Si, según el marxismo, la única variable independiente y determinante de los procesos sociales está en la economía,  los Bush son marxistas, “los mercados” son marxistas, pero hacen como que no. La diferencia: el marxismo pensó que esto hay que explicárselo a todo el mundo, mientras que los Bush y los mercados están interesados en lo contrario. Hay que atontar a la gente para que no piense en ello. Basta con que se crean libres.
2. Los Bush y los mercados hacen como que de cara al ciudadano lo que importa NO es que SEPAMOS ANALIZAR la economía o la plusvalía (plusva…¿qué?), sino que  CREAMOS en lo que nos cuentan ellos sobre dinero, poder, lujo…, para que cada uno busque lo suyo, todos contra todos: la nueva religión, la competitividad.
3. Entretanto los ciudadanos parece que nos lo creemos todo. Creemos en los Reyes Magos, en el éxito deportivo, en las marcas de los coches, en la moda, en la caja tonta, en Christian Dior… en lo que nos den.
4. Como pardillos picamos, porque lo que nos dan es Miedo Subcutáneo.

Un concepto decisivo: el Miedo Subcutáneo. Podríamos abrir un concurso de definiciones…


Han sido largos años de tragadera francesa con la dictadura tunecina. Lo veían hasta los yankees, generalmente poco diestros para entender a otros pueblos.

Últimamente se han multiplicado y concretado las informaciones en el mismo sentido: Wikileaks permitió saber cómo era comidilla en los medios diplomáticos que el Embajador de Francia en Túnez parecía de hecho ser más bien el embajador de Ben Ali ante Sarkozy…

La Embajada Estadounidense informaba de posibles corrupciones individuales (por cierto no confirmadas) en esta sí evidente condescendencia cómplice de sus colegas franceses con la dictadura y la caza del 50% sobre lo que se mueve.
Más políticos e institucionales han sido ya hechos como que la casi recién nombrada Ministra francesa de Exteriores Michèlle Alliot-Marie (alias MAM) había ponderado cuánta ayuda podría Francia aportar a Túnez en materia de gestión de la seguridad interna, y todavía un poco más tarde, ya con gritos en las calles tunecinas, se les exportaba de urgencia una partida de material anti-disturbios.

Esto en paladino se llama meter “la pata hasta el corvejón”. Y como el Presidente de la República Francesa es un inmigrante rico y nada tonto, de pronto se huele la tostada y hace dos cosas. Una, cuando Ben Ali ya viene volando a refugiarse en su Francia amiga, le hace decir que aquí no te asomes (cerrado por reformas o algo así).

Y otra, como ya toda Francia está criticando cómo se ha comportado su Gobierno, el Presidente suelta el pretexto de que la potencia ex-colonial tuvo que ser muy discreta y respetuosa de la independencia tunecina, para que nadie pueda acusarla de injerencia en una ex-colonia. ¿Más injerencia que estar dejando que se machaque a toda la población, cooperando durante lustros con el dictador?

Eso, un enorme patinazo de la gran potencia de la Democracia y los Derechos Humanos. La potencia hoy tan mal vista por un pueblo que ha derrocado al opresor.

En fin, no vale la pena abundar más en esto; las críticas a la obtusa política exterior de Francia con países de su “área de influencia”, como es el caso de Túnez (y lo que venga) están en la mente de todos y no resultan novedosas.

Lo que, en cambio, resulta asombroso es que los españoles no nos apliquemos el cuento y a nadie se le ocurra traer a la mente el caso de nuestra querida Guinea Ecuatorial.

Están frescas las huellas de Moratinos y Fraga cogidos de la mano visitando a Teodoro Obiang. Era julio de 2009 (creo que no se quedaron hasta el 18) y tras algunos lógicos remolinos provocados por algunos asombrados se cruzaron los discursos. Tomo unas líneas del pasmado relato del diario PÚBLICO, 11-07-09, que nos pueden ambientar:

“Moratinos precisó en su discurso ante Obiang que la España de hoy <>, y subrayó su potencial económico y su papel de vanguardia en la defensa de los derechos humanos en el mundo”.
Podría entenderse que nuestro Ministro no consideraba entonces a Guinea Ecuatorial como parte de ese mundo donde España defiende los derechos humanos, porque lo que es allí….

Nuestros dos políticos exhibían entonces un raro consenso, tan difícil de conseguir en cualquier otra cuestión de política interna, y se convertían en una “ridícula y terrible pareja artística”, por citar la expresión de un destacado líder de la oposición guineana en el exilio.

Es cierto, se juntaba allí por una parte la creativa y singular “marca España” en materia de descolonización, desarrollada en el tercer cuarto del siglo XX, por el sencillo método del “ahí te quedas” llegado a su apogeo en el “tratado” de Madrid de 1975. Y por otra parte el coqueteo bonachón con “lo que haya”, desarrollado por los los gobiernos de la ex-Metrópoli a imitación de otras potencias tolerantes con los saqueos de la oligarquía local.

Uno se pasa la vida diciendo que no se puede estar poniendo los intereses (las “áreas de influencia” del uno, y la “ambición económica y totalitaria” del otro) por delante del carro de los derechos. Y te llaman de todo, desde buenista idiota hasta marciano estúpido, porque no comprendes bien la necesaria e inexcusable Realpolitik. Hace poco alguien me contaba que, a juicio de algún responsable diplomático, en Guinea era “inoportuno e inútil hablar de democracia”. No se daba condición alguna para ello. Habría que dejarlo ir y esperar.

La verdad es que Francia ha esperado bastante en Túnez, sin que le haya servido de mucho, y España en Guinea no se queda corta.

Puestos a medir esta clase de espera, hace muy poco ha caído casualmente en mi monitor un artículo (“Tribuna”, de El País, con la firma de Juan María Bandrés), del que cito un par de fragmentos:

“Los asuntos que atañen a esta pequeña república africana, sobre la que España acumula varias responsabilidades (histórica, cultural, política), parecen ser lamentablemente objeto de mucha menos atención que la que podría argumentarse [...]. Buena parte de la responsabilidad reside en la historia de actitudes vacilantes e inhibitorias que los sucesivos Gobiernos españoles han ido acumulando. Sin embargo, la oposición democrática de Guinea, al igual que la mayoría del pueblo, tiene precisamente como principal punto de referencia a la democracia española.”

“No parece exagerado pedir una actitud enérgica del Gobierno español frente al Gobierno guineano, dando a conocer públicamente la exigencia de las garantías democráticas, y una posición decidida y pública que busque la coordinación de las acciones de la comunidad internacional para intentar su cumplimiento y la realización de unas elecciones verdaderamente libres y democráticas. A la vez, debe considerarse un deber inexcusable la solidaridad moral y material con una oposición democrática que lucha en condiciones verdaderamente duras y difíciles y representa el futuro democrático de Guinea Ecuatorial.”

Esta “Tribuna” publicada el 31 de julio de ¡1993! además de la firma de Bandrés, personalidad importante y quizá desconocida por muchos lectores más jóvenes, venía suscrita por otras personas, varias de las cuales ocupan y/o han ocupado en España puestos de notable responsabilidad diplomática, políica, económica, social. Eran Javier Rupérez, Julio Segura, Josune Aguinaga, Carlos Alonso Andión, Adolfo Fernández Marugán, Miguel Mac Veigh, Jordi Jaumandreu, Fernando Oliván, Jaime Pastor y Marisa Urquijo, miembros todos ellos de la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial.

Ya ven ustedes: en 1993 este montaje totalitario ya estaba bien asentado cuando estos honestos ciudadanos denunciaban las vacilaciones e inhibiciones de “los sucesivos Gobiernos españoles”.

En efecto, ya hacía 14 años que en agosto de 1979, meses después de nuestra Constitución democrática, Teodoro Obiang había entrado en la historia como un toro que sale del toril, dando un golpe de estado y estrenando sus maneras con la ejecución mortal de su predecesor.

Ante esto Ben Ali, mayor que Obiang, resulta casi tímido. No da su golpe de estado hasta 1987 y a Bourguiba no lo mata: solo lo encierra hasta que fallece tres años después.

En fin, ninguna disculpa para ninguno de los dos. En cuanto a España, con 32 años de vacilaciones e inhibiciones… mucha Realpolitik parece. ¿Con qué resultados? ¿Qué estúpida cara pondrá España si un día, sin comerlo ni beberlo ella, el pueblo guineano se revuelve hacia la justicia y la democracia y depone al dictador?

Desde que leímos a Pedro Laín Entralgo sabemos que no es justo confundir sin más la espera con la esperanza. No, hay esperas que conducen a otros a la desesperación.